El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, impuso una moratoria sobre las ejecuciones federales mientras el Departamento de Justicia continúa su revisión de la pena de muerte, informó el departamento en un comunicado.
“El Departamento de Justicia debe garantizar que todos en el sistema de justicia penal federal no solo gocen de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, sino que también sean tratados de manera justa y humana”, dijo Garland en el comunicado. “Esa obligación tiene especial fuerza en los casos capitales”.
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El predecesor de Garland, William Barr, reanudó el uso de la pena capital el año pasado, después de una pausa de 17 años.
En los últimos meses de la administración del presidente Donald Trump, la Oficina de Prisiones (BOP) llevó a cabo 13 ejecuciones, mientras la pandemia de Covid-19 se extendía por todo el sistema penitenciario federal y enfermaba a algunos de los presos en el corredor de la muerte e incluso a algunos de sus abogados.
Las 13 ejecuciones durante el mandato de Trump, llevadas a cabo a partir de julio de 2020 y terminando pocos días antes de que Trump dejara el cargo el 20 de enero de 2021, superaron las ejecuciones realizadas por cualquier otro presidente de Estados Unidos desde el siglo XIX.
Según la directiva de Barr, la BOP pasó a usar pentobarbital como parte de un nuevo protocolo de fármaco único para administrar la inyección letal. Anteriormente, el gobierno había utilizado una combinación de tres medicamentos para llevar a cabo ejecuciones, pero ese protocolo fue abandonado debido a la escasez de uno de los medicamentos, un anestésico llamado tiopental sódico.
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Los abogados defensores y los críticos de la pena capital han expresado su preocupación por el uso de pentobarbital, que puede causar una sensación de ahogamiento ya que daña rápidamente los capilares de los pulmones, según las autopsias de los presos ejecutados.
Garland dijo el jueves que estaba encomendando a la fiscal general adjunta, Lisa Monaco, que dirigiera una revisión que evaluará, entre otras cosas, el protocolo de un solo fármaco de 2019 del Departamento de Justicia, así como “el riesgo de dolor y sufrimiento asociado con el uso de pentobarbital. “
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La revisión también analizará los cambios que el Departamento de Justicia realizó en sus regulaciones en noviembre de 2020 que expandieron los métodos que podría usar para llevar a cabo ejecuciones.
Actualmente hay 46 presos en el corredor de la muerte federal, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte. De ellos, 20 son blancos, 18 son negros, siete son latinos y uno es asiático. (Rts)
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