El liderazgo de Kristalina Georgieva al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI) está más en duda que nunca. El comité ejecutivo del Fondo, el órgano de dirección que lleva su día a día, abrirá esta semana una ronda de entrevistas con la propia Georgieva y con el bufete de abogados WilmerHale, al que el Banco Mundial encomendó la auditoría sobre irregularidades y presiones en la elaboración de uno de sus informes más icónicos cuando la economista búlgara estaba al frente del organismo. El objetivo de estos interrogatorios será recabar sus versiones en torno a un caso que ha cercenado la credibilidad de su directora gerente y que ahora amenaza con dañar la reputación del propio FMI.
“Ha comenzado un periodo de consultas con las partes para decidir si puede erosionar su capacidad de mando”, apunta una fuente del organismo consultada por EL PAÍS. A última hora de la noche hora española (primera hora de la tarde americana), el FMI confirmó la información en un comunicado y se comprometió a llevar a cabo “una revisión exhaustiva, objetiva y oportuna” del caso.
Los interrogatorios, adelantados por la agencia Reuters, se centrarán en recabar más información sobre la auditoría de WilmerHale, ampliando el foco sobre los posibles vínculos entre el supuesto trato de favor a China en el ranking Doing Business y el proceso de ampliación de capital de 13.000 millones de dólares del Banco Mundial en 2018, en el que el concurso de Pekín fue crucial. El gigante asiático fue uno de los principales beneficiados por las supuestas presiones “directas e indirectas” a empleados por parte de altos cargos del organismo —entre ellos, presumiblemente, también de la propia Georgieva— para que mejorasen la puntuación de este país en una clasificación que no le era nada favorable.
La hoy directora gerente del Fondo, donde aterrizó en la primavera de 2019, ha negado tajantemente las acusaciones, que ha calificado de “falsas y espurias” y de las que tuvo conocimiento muy poco antes de que los resultados de la auditoría fuesen de dominio público.
El caso entra en una nueva fase
Cuando la investigación salió a la luz, a mediados de septiembre, el Banco Mundial optó por cancelar la elaboración del Doing Business, un informe que ha estado envuelto en la polémica varias veces desde su creación hace casi dos décadas. Lo hizo alegando los “asuntos éticos, incluida la conducta del antiguo directorio así como personal actual y/o anterior del Banco”, que evidenciaba la investigación llevada a cabo por el despacho estadounidense. El nombre más relevante de ellos era, de largo, el de Kristalina Georgieva.
Desde entonces, el caso no ha dejado de escalar, aunque más en la esfera del FMI que en la del Banco Mundial. El prestigioso semanario británico The Economist, una de las publicaciones más influyentes en los círculos financieros, ha pedido en un contundente editorial la renuncia de Georgieva por considerar que, aunque “merece” su “simpatía” y ha sido una “estimable servidora en varias instituciones internacionales”, “este episodio no casa bien con su actual papel en el FMI”.
Sin embargo, no todo han sido críticas. En los últimos días, la jefa del Fondo ha recibido dos apoyos de peso procedentes del mundo académico: el del Nobel y ex economista jefe del Banco Mundial Joseph Stiglitz, y el del asesor especial del secretario general de la ONU Jeffrey Sachs. En un texto publicado la semana pasada en Project Syndicate y elocuente desde el titular (Un intento de golpe en el FMI), el primero observa “maniobras” para “reemplazar o al menos debilitar sustancialmente” a la economista búlgara. “Actuó de una manera enteramente profesional, haciendo exactamente lo que habría hecho yo”, apuntó el primero, poniendo la mano en el fuego de manera explícita por ella.
Sachs, por su parte, optó por una tribuna en otra de las biblias financieras, el Financial Times, para desmentir que el “acalorado ataque” contra la directora gerente del FMI tuviese que ver con el caso Doing Business o con su gestión al frente del Fondo, sino más bien con la escalada de tensión desde hace años entre las dos mayores potencias del globo: Estados Unidos y China. “Muchos en el Congreso estadounidense quieren a Georgieva fuera porque no es una enemiga jurada de Pekín”, sentenciaba. El martes, apenas 24 horas después de que la tribuna de Sachs viese la luz, los máximos responsables republicanos y demócratas en el comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense urgieron al presidente Joe Biden a “asegurar la plena rendición de cuentas” en torno al escándalo.
Los países aguardan para posicionarse
Los principales Estados miembro del FMI, es decir EE UU, China y los europeos, fundamentalmente, han eludido cualquier posicionamiento público de apoyo o de crítica a la gestión de Georgieva. Sin embargo, algunos gestos dicen mucho más que cualquier declaración: desde que estalló el caso, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha eludido responder las llamadas de la directora gerente del organismo, según ha informado Bloomberg. “Al final el resultado dependerá en gran medida de lo que decida Estados Unidos, que todavía no ha hecho pública su postura [sobre la continuidad de Georgieva]”, explica un funcionario del Fondo. Parece que Europa, hasta ahora gran valedora de Georgieva, se está poniendo de perfil. Y por supuesto China se resiste a su salida.
En los últimos tiempos, la dirección del FMI se ha convertido en uno de los cargos globales más calientes. La carrera de Rodrigo Rato (2004-2007) entró en barrena tras su abrupta salida del Fondo, cuando empezaron a emerger los cargos en torno a su persona. Su sucesor, el francés Dominique Strauss-Kahn (2007-2011), dimitió tras ser arrestado en un caso de agresión sexual a la empleada de un hotel en el que se hospedaba. La también francesa Christine Lagarde (2011-2019) fue imputada por “negligencia” en un caso de corrupción mientras estaba en lo más alto de la escala de poder del organismo, aunque salió airosa: hoy es la presidenta del BCE, uno de los cargos más relevantes de la política económica europea. De lo que ocurra en las próximas jornadas depende el futuro de quien tomó su testigo en Washington.
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