Sospechosos de pertenecer al crimen organizado, lavar dinero o recibir beneficios económicos del CJNG, han podido desbloquear cuentas bancarias congeladas por la UIF.
Investigaciones ZETA
Lo que se anunció como un gran golpe a las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sus miembros, familias, testaferros, empresas fachada y beneficiarios, se va diluyendo ante las restricciones del marco legal mexicano, por lo que los resultados del llamado operativo “Agave Azul” de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), son cuestionables hasta el momento.
Ante la política que rechaza una guerra frontal contra la delincuencia organizada, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo del congelamiento de cuentas bancarias de presuntos criminales su principal estrategia, sin tomar en cuenta los “candados” que las leyes establecen al respecto.
A tres meses de publicitado el mayor embate contra las finanzas del CJNG, en el que se presumió el bloqueo de mil 939 cuentas bancarias, pertenecientes a mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos, su efectividad es dudosa, ya que los afectados con esas acciones ha conseguido suspensiones provisionales o definitivas dentro de juicios de amparo.
De esa forma, personas señaladas como narcotraficantes, compañías tequileras, abogados, ex policías, empresas dedicadas a la publicidad o impresiones y hasta varios ayuntamientos que sufrieron del congelamiento de recursos económicos en instituciones bancarias, lograron que jueces de distrito ordenaran el desbloqueo de sus cuentas de cheques, ahorros, tarjetas de crédito o débito para que pudiesen realizar operaciones financieras y dispongan de sus recursos.
La principal dificultad para las autoridades hacendarias estriba en la Ley de Instituciones de Crédito que establece que el bloqueo -en este tipo de investigaciones- procede cuando se emita en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano.
Aunque se sabe que detrás del operativo especial se encuentran autoridades estadounidenses interesadas en el combate y reducción del narcotráfico, en la mayoría de los casos no se cuenta con la petición expresa de ese gobierno extranjero, puesto que la lista de personas y negocios sospechosos fue engrosada en forma abundante por parte de la UIF al establecer redes de vínculos entre miembros del CJNG y “Los Cuinis”.
DESCONGELAMIENTO
Fue el 2 de junio cuando la UIF reveló que en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, identificaron activos y el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias que presuntamente pertenecen a los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y diversos servidores públicos involucrados con el CJNG.
Aunque el bloqueo de mil 939 cuentas bancarias se anunció como un hecho consumado por realizarse ese tipo de acciones desde finales del sexenio anterior e inicios del actual, la realidad es que muchas de las cuentas solo se tenían identificadas, y a partir del anuncio se inició su congelamiento. De esa forma, días más tarde se conoció de la inhabilitación bancaria para algunos ayuntamientos en el país, y de forma más reciente a mujeres que pertenecen a la familia González Valencia, de “Los Cuinis”, cuñadas de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG.
Así se procedió en contra de farmacéuticas, empresas distribuidoras de autos, de servicios inmobiliarios, constructoras, de préstamo o financiamiento y las tequileras. Sin embargo, más tardó la UIF en gestionar los aseguramientos de cuentas a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y en girarse las órdenes a los bancos para ejecutar la medida, que los abogados de los afectados en promover juicios de amparo y obtener las suspensiones de actos.
La orden de bloqueo tiene como consecuencia que al sospechoso de utilizar el sistema financiero para blanquear ganancias ilícitas, se le incluya en la lista de personas bloqueadas, emitida por la UIF, que por su parte tendría que denunciar dicha conducta ante la Fiscalía General de la República (FGR) y girar oficios al presidente de la CNBV para que ordene a los bancos el congelamiento de cuentas bancarias y se niegue la apertura de nuevas cuentas.
Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone que la aplicación del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para bloquear o inmovilizar los recursos financieros es inconstitucional, y solo procede a petición expresa de una autoridad extranjera basada en el Tratado de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de América sobre asistencia jurídica mutua.
También se establece que la petición debe dirigirse a la FGR, por ser la autoridad coordinada, y una vez que califica la solicitud, la canalizará a la autoridad competente. De lo que resulta que la UIF no puede recibir directamente la solicitud de aseguramiento o bloqueo de bienes. Por ello, primero por no contar con tal petición, y por no ser la FGR la autoridad que acciona, a la mayoría de los afectados con los congelamientos de dinero, se les restituye en sus derechos fundamentales aún antes de la sentencia del amparo.
LA FAMILIA “CUINI”
Las acciones del gobierno mexicano en contra de las organizaciones criminales, en forma más enfática, contra el CJNG iniciaron a raíz de la designación de sus integrantes en las listas de cabecillas del narcotráfico que durante los últimos años formula la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EU.
Entre las personas bloqueadas recientemente se encuentran Erika y Berenisse González Valencia, cuñadas de “El Mencho”, por ser hermanas de Rosalinda, la esposa del líder del CJNG. También son fraternas de Abigael “El Cuini”, Arnulfo y Ulises Jovani de los mismos apellidos, presos en diferentes prisiones de México; y de Gerardo “El Lalo” y José “La Chepa” González Valencia, encarcelados en Uruguay y Brasil, respectivamente, sitios hasta donde llegaba su presunta actividad criminal.
Erika compareció a través de sus abogados ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Civil, Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco, y a través de un juicio de amparo reclamó los actos del titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CNBV, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en la Constitución.
La mujer también señaló: “Solicito que se me conceda la suspensión provisional para el efecto de que de manera irrestricta y sin limitación se levante el impedimento de que esta parte quejosa pueda manejar los recursos contenidos en la cuenta bancaria ya señalada, con la finalidad de que no se vea afectada mi subsistencia, sobre todo en este tiempo en que impera la pandemia por el virus COVID-19”.
El 20 de agosto, el juez le concedió a González Valencia la suspensión provisional para el efecto de que “las autoridades competentes destraben el bloqueo ordenado, respecto a la cuenta bancaria (BBVA Bancomer) y que fue objeto de bloqueo e inmovilización”, precisándose que sí se acredita que dicho bloqueo se emitió en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero la suspensión no tendrá efectos.
Por su parte, Berenisse González Valencia, señalada como una de las principales operadoras financieras del cártel, también promovió juicio de amparo ante el Juez Séptimo de Distrito de la especialidad, reclamando “la orden congelamiento, bloqueo, inmovilización y aseguramiento de la cuenta bancaria 0160054437 del Banco BBVA Bancomer, Institución Financiera de Banca Múltiple”.
El juez de Amparo también le obsequió con la suspensión provisional invocando lo señalado en el escrito de demanda: “La parte quejosa acredita que con la ejecución de los actos reclamados se le pueden causar daños y perjuicios de imposible reparación, pues sin estar acreditado que es el titular de una deuda tributaria liquida y exigible que amerite la observancia de una medida de aseguramiento o embargo de bienes, sufriría la restricción temporal del libre ejercicio de su patrimonio, lo que no se le resarciría ni mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, por haberse ya consumado irremediablemente los efectos temporales del acto de autoridad”.
Otras personas cercanas al círculo de la familia política de Nemesio Oseguera también han acudido a solicitar protección de la justicia federal, entre ellas Ana Paulina Barajas Sahd, esposa de Ulises Jovani González Valencia, preso en la Comisaría de Prisión Preventiva de Puente Grande, Jalisco; y Jorge Alberto Amaral Arévalo, hermano de Wendy Dalaithi, esposa de Gerardo González Valencia.
AUTORIDADES Y FAMILIAS
Entre las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas figuran desde instituciones de gobierno, empresas, ex policías y familias completas sospechosas de asistir a la delincuencia organizada al utilizar para movimientos de dinero el sistema financiero nacional. Por ello se congelaron cuentas bancarias en junio y julio a los ayuntamientos de Autlán de Navarro, El Grullo, Villa Purificación, Casimiro Castillo e Ixtlahuacán de los Membrillos.
También se incluyeron intervenciones en cuentas de banco a los presidentes municipales, y en algunos casos a padres y hermanos, como sucedió en los casos de Autlán e Ixtlahuacán. Sin embargo, corrieron la misma suerte que las González Valencia al interponer juicios de garantías y pudieron acceder a los recursos, aunque la UIF demoraba el cumplimiento de las suspensiones para que la burla no fuese tan inmediata.
Familias enteras de particulares también han vivido el acto de molestia de la autoridad hacendaria y de las bancarias. Hasta siete o más integrantes de un mismo clan han sido bloqueados, como ocurrió en la empresa Farmacéutica Collins, o los hermanos de Eduardo Cervantes Aguilar, alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos; Imelda, Patricia, Alberto, Estela y Marco Antonio. O una familia de Guadalajara de apellidos Gómez Urbano.
También figuran los ex agentes federales de apellido Cedano Filippini, encabezados por Carlos Alberto, quien ha ostentado importantes cargos en la FGR y el gobierno de Michoacán; Hugo Antonio y Genaro, a quienes hoy se señala que participar activamente en el denominado Cártel del Tabaco, dedicado al tráfico de cigarrillos ilegales en Ciudad de México.
Los ex policías del Estado de Jalisco, Rogelio Andrade Sánchez, ex director de la Policía Rural y encargado del Centro Integral de Comunicaciones (911); Amado Ortiz Bernal, ex comandante de la Fuerza Única y su hermano Luis Ortiz Bernal. Otro ex policía al que se le congelaron sus cuentas bancarias es el ex federal Juan Daniel Calva Tapia, cuyo nombre salió a relucir en 2016 tras el secuestro de los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en Puerto Vallarta.
En tanto una serie de empresas tequileras que le dan sentido al nombre del operativo “Agave Azul”, se encuentran enlistadas y con bloqueos aligerados por juicios de amparo. Se trata de Tequila Supremo, Agaves Finos Los Altos, Tequilera Dinastía Arandina, Casa Casco Viejo y Agavera Alteña, entre otras. Compañías agropecuarias y de financiamiento como Agroval del Sur, Agua y Campo, Grupo Alimenticio de Arandas, AFIX Servicios Financieros, FINPO SOFOM y Prestomátic.