Antonia Pérez, ingeniera agrónoma que dirige una explotación de bayas con 100 hectáreas en Isla Cristina (Huelva), se inquietó sobremanera la semana pasada cuando vio que su cliente Migros, cadena suiza de supermercados, estaba entre las 23 multinacionales que han pedido al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), que detenga su plan de aumentar el regadío en los alrededores de Doñana. “La posibilidad de que se corte toda la compra extranjera de fresas es real. Los auditores de los supermercados europeos vienen y nos preguntan: ‘¿Qué está pasando en Huelva?’ Sus consumidores quieren asegurarse de que compran bien y están preocupados por la sostenibilidad, por cómo se cultiva. Los políticos no han medido bien las consecuencias”, afirma.
El espacio protegido más emblemático de España ha perdido casi todos sus humedales por el expolio masivo al acuífero mediante pozos ilegales durante la última década. Y eso es lo que le preocupa al consumidor de Zúrich, que desconoce que la finca de Pérez está junto a Portugal, a casi 100 kilómetros de la reserva y sin daño a su acuífero sobreexplotado, pero que dejará de comprar fresas españolas si esta sabrosa fruta se asocia a un problema ambiental que perjudica la migración de las aves que viven en el país helvético.
La carta de los supermercados y comercializadoras, con más de 40.000 puntos de venta en el mundo, mantiene en vilo al sector, que el año pasado exportó al continente el 80% de sus 450.000 toneladas de bayas por casi 1.200 millones. Más de 80.000 personas participan en la campaña fresera de esta provincia andaluza. Si la sangre llegara al río y se cerraran las puertas de los establecimientos europeos a los frutos rojos, el daño para la economía onubense sería devastador. En 2021 Andalucía lideró las exportaciones al continente con 1.404 millones (81% del total), pero hay otras regiones pujantes como la Comunidad Valenciana (181 millones, 10% del total) o Cataluña (84 millones, 2,6%), según cifras oficiales.
“Los supermercados nos lo han dicho esta semana de manera radical: ‘Como tengas alguna finca en zonas ilegales cerca de Doñana, te dejo de comprar’. También nos exigen el certificado actualizado de disponibilidad de agua o la concesión propia. Eso sí, esperábamos su reacción”, confía Manuel Delgado, portavoz de la asociación Puerta de Doñana, que reúne a 350 agricultores con fincas legalizadas en Almonte y que han pedido al PP, Ciudadanos y Vox que retiren su proposición de ley para evitar males mayores.
La alerta de Migros, con 630 supermercados en Suiza, es clara: “Somos transparentes, queremos producir y vender alimentos, y respetar a la naturaleza, por lo que verificamos nuestro impacto en la sostenibilidad. El área alrededor de Doñana necesita protección para el medio ambiente y también mantener así sus numerosos empleos. De otro modo, las consecuencias para la zona serán drásticas”, advierte un portavoz de la cadena. Pérez vende casi el 100% de sus 2.500 toneladas de bayas anuales al país helvético, de ahí su inquietud.
Manuel Delgado, portavoz de la asociación Puerta de Doñana, el viernes en Almonte (Huelva).PACO PUENTES (EL PAÍS)
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A raíz del plan para ampliar el regadío trazado por la derecha andaluza, la tradicional unidad de los agricultores se ha roto. A las 11.700 hectáreas de cultivo actuales se sumarían 1.400 hectáreas más ―que la organización ecologista WWF eleva a 1.900―, y con la sequía extrema que sufre la cuenca del Guadalquivir, las restricciones de agua que ya afectan a cultivos de la marisma se extenderán a la parte occidental del parque los próximos años. “La proposición de ley acarreará que las aguas superficiales se las queden los nuevos [agricultores], y si el acuífero está sobreexplotado las reducciones de agua las tendremos encima”, se queja Francisco Marín, agricultor con 150 hectáreas en Almonte y que vende toda su producción al Reino Unido y Alemania, el principal consumidor de frutos rojos.
En este último país, el gigante Edeka, con 11.000 tiendas, también es tajante: “Con su propuesta de ley, el Gobierno andaluz está poniendo en peligro la supervivencia del Parque Nacional de Doñana, pero también el futuro de la agricultura local. La caída de los niveles de aguas subterráneas dificultará cada vez más a los agricultores mantener sus negocios. De este modo, nos tememos que sin un manejo sostenible del agua, el sur español y sus ecosistemas se secarán con el cambio climático. Además, Edeka perdería una muy importante región que provee frutas y verduras. Por todas esas razones apoyamos la petición a la Junta coordinada por WWF”, advierten fuentes de la firma. Edeka, al igual que la cadena escandinava Coop Trading (4.500 supermercados) y la suiza Coop (950 tiendas), ha recibido diversas quejas de sus consumidores después de informaciones en los medios de esos países sobre el dudoso futuro de la reserva natural española.
WWF trabaja en Doñana para verificar junto a estas cadenas las buenas prácticas medioambientales de los agricultores freseros que les suministran, y vehiculó la carta común dirigida al Ejecutivo autonómico. El presidente andaluz admitió que la misiva podía causar “un grave perjuicio a miles de familias de Huelva y Andalucía”, pero al día siguiente quiso rebajar el tono de la alarma generada negando la mayor: “No me ha llegado ninguna carta de cadenas de supermercados, sino de una organización ecologista”, dijo.
Los agricultores que promovieron la propuesta de ley, aglutinados en la Plataforma en defensa de los regadíos, han reclamado diálogo a las cadenas de supermercados, ya que consideran que han sido “engañadas”. “Solo se ha oído a los ecologistas, les está llegando desinformación y hemos solicitado un encuentro con los responsables de esas cadenas”, indicó en un comunicado su presidente, Romualdo Macías. En ese supuesto engaño a las multinacionales también incide Julio Díaz, el diputado de Ciudadanos impulsor del cambio legal: “Es mucha la desinformación sobre Doñana. Estoy convencido de que los supermercados no reaccionan todos a la vez sin ser intoxicados, por un lado por el Gobierno de España y por otro por WWF”. Este martes se inician las comparecencias de expertos en el Parlamento andaluz para la reforma legal. Entre las personas citadas estaba la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sin embargo no acudirá a la Cámara.
Caja con fresas en un invernadero de Isla Cristina. PACO PUENTES (EL PAÍS)
Alejandro Marín es controlador de calidad para una importadora británica de frutas y percibe que las exigencias en sostenibilidad para los supermercados europeos están al alza: “Cada vez es más importante para los supermercados tanto la explotación laboral como las iniciativas sociales, los fertilizantes, el desperdicio de alimentos y el agua. Doñana es una zona mediática para el Reino Unido, igual que el mar Menor, donde la mortandad de peces ha sido tremendamente visible. Los británicos son muy dados a la ornitología y les importa Doñana porque todos los pájaros de su país pasan por aquí”, ilustra.
La ONG británica Ethical Consumer (consumidor ético) recibe quejas sobre la producción de los frutos andaluces: “Es genial ver que los supermercados colaboran para presionar al Gobierno andaluz y protegen al medio ambiente en Huelva, pero también hemos recibido numerosas informaciones sobre abusos laborales a las temporeras y los supermercados no han reaccionado aún”, critica Jasmine Owens, redactora de la revista de esta ONG.
Un ejemplo de cierre de puertas a ciertas empresas lo protagonizó el año pasado el grupo danés Salling, que dejó de comprar género a un proveedor onubense después de publicarse una investigación periodística sobre malas condiciones laborales y de que el empresario se negara a recibir visitas sin previo aviso de la firma danesa para verificar dichas condiciones, confirma un portavoz del grupo, con 1.700 tiendas de marcas como Netto y Bilka en Dinamarca, Polonia y Alemania.
El aviso de los supermercados europeos a la Junta andaluza no ha tenido de momento eco en las cadenas en España, a excepción de las alemanas Aldi y Lidl, con un millar de establecimientos en el país. Las cadenas de alimentación españolas no contratan empresas externas de teledetección ni mandan personal propio para verificar que la extensión de las fincas no supera lo que indican los permisos oficiales de riego, a diferencia de las extranjeras. El Eurobarómetro refleja cómo la concienciación de los españoles es menor respecto a los problemas medioambientales que en centroeuropa, Reino Unido o Escandinavia. Tanto la Cámara de Comercio de Huelva como la asociación interprofesional Interfresa han rechazado opinar para este reportaje.
La presión de la industria agroalimentaria al presidente andaluz continuará las próximas semanas, y tras los supermercados, grandes compañías de la Plataforma para los zumos sostenibles -integrada por 46 firmas como Coca-cola y Pepsico- están firmando una carta para pedirle que rectifique. Como Javier Arizmendi, director de operaciones de la empresa valenciana Zerya, que censura: “No se puede anteponer la política a la ciencia. El daño puede ser irreversible y es pan para hoy y hambre para mañana. En cinco años se acabará el agua, aquello se quedará yermo, el parque estará destruido y no habrá negocio para nadie. Es un despropósito”.
Los supermercados europeos reclamaron a Moreno una respuesta después de informarle: “Confiamos en que desista de las modificaciones propuestas”. Ahora la cadena sueca Valora, con 2.700 puntos de venta, añade: “Deben adoptarse medidas apropiadas para asegurar a largo plazo la sostenibilidad del agua y el suelo en Doñana. Si eso no sucediera, la reputación y el desarrollo de Andalucía como región proveedora estará en riesgo”.
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