“El caso de Peñasquito nos enfrenta con la pregunta, central a nuestra futura Ley General de Aguas: ¿Quiénes deben decidir cuánta agua hay, y cómo se debe aprovechar?”, escriben Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns.
Por Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns
La mina Peñasquito de la empresa Goldcorp es un cráter de dimensiones inimaginables en el semidesierto zacatecano. Cada día, megamáquinas automatizadas pulverizan 130 mil toneladas de roca para extraer oro, así generan 1.4 mil millones de dólares anuales para la empresa. Los gigantescos tubos que surten la mina con agua que hubiera podido abastecer a un millón y medio de personas, son un símbolo del poder histórico de los “intereses” sobre la Comisión Nacional del Agua. Las comunidades aledañas que reclaman el resultante desecamiento de sus manantiales y pozos representan una primera línea de la defensa del agua de la Nación.
Para los 8 de cada 10 mexicanos habitantes de ciudades en el país, estas batallas por el agua pudieran parecer lejos y poco significativos. Pero el masivo concesionamiento de nuestros minerales, gas y petróleo en años recientes ponen en riesgo directo nuestro acceso al agua de calidad. El caso de Peñasquito nos enfrenta con la pregunta, central a nuestra futura Ley General de Aguas: ¿Quiénes deben decidir cuánta agua hay, y cómo se debe aprovechar?
Para la actual Ley de Aguas Nacionales la respuesta a esta pregunta fue sencilla: estableció la Comisión Nacional del Agua como autoridad única en cuestión de la disponibilidad, la calidad y la asignación de nuestras aguas nacionales, sin contrapesos, ni medidas de exigibilidad, ni garantías del presupuesto requerido. Dejó nuestras aguas nacionales en manos de una institución terriblemente vulnerable a las presiones de los “intereses”.
Así es que cuando la empresa Goldcorp descubrió nuevas vedas de oro en Peñasquito en 2007, la Conagua le permitió realizar un estudio “demostrando” que había una recarga en el Acuífero Cedros más de cinco veces mayor (54.5 vs 10.1 millones m3/año) de lo que se había originalmente determinado. La Conagua publicó el estudio en el DOF en 2009 y otorgó concesiones para los 40.3 millones m3/año adicionales.
De igual manera, la empresa Aguas de Barcelona “comprobó” que había 31 millones m3/año adicionales en el Acuífero Saltillo Sur, siendo el volumen exacto que requería para su proyecto de trasvase a una nueva ciudad industrial, y el Grupo Aeroportuario “descubrió” cuantiosos volúmenes inesperados de recarga en el sobreexplotado Acuífero Texcoco.
Bajo las mismas presiones, en años recientes, la Conagua ha estado levantando las vedas decretadas para proteger las aguas subterráneas en el 60% del país y las cuencas en el 80% de nuestro territorio. Además, la Ley de Geotermia y los Lineamientos de la Conagua autorizando aguas nacionales para la fracturación hidráulica, se fundamentan en el cuestionable concepto emergente de “acuíferos hidráulicamente independientes,” a ser “descubiertos,” reportados y aprovechados por empresas interesadas bajo esquemas de autorregulación.
Nuestra Carta Magna nos indica cómo salir de este predicamento. Las reformas a los Artículos 1, 2 y 4 exigen no dejar solo a la autoridad federal, sino lograr una dinámica de coadyuvancia entre los tres niveles de gobierno, la ciudadanía y los pueblos para lograr el acceso equitativo y sustentable. En preparación para esta nueva etapa de buen gobierno del agua, ya han surgido procesos replicables en donde las universidades, los pueblos, la ciudadanía y gobiernos locales monitorean la disponibilidad real del agua, y en donde se consensan planes para garantizar los derechos humanos y colectivos al agua, a la alimentación y a un medio ambiente sano, en armonía con actividades productivas.
Deseamos que la crisis en Peñasquito, en donde los pobladores tuvieron que frenar las actividades de la mina por más de un mes para exigir su acceso al agua, sirva como lección para que podamos lograr una Ley General de Aguas a prueba de semejantes desafíos.