A un día de que concluya su mandato, el grupo de expertos que la CIDH ha comisionado a México para investigar el caso Ayotzinapa (GIEI) ha comparecido ante la prensa para dar cuenta de los acontecimientos del último mes y medio. Han pasado muchas cosas en poco tiempo. Las novedades son constantes y un aura de confusión se ha instalado alrededor de las pesquisas y sus protagonistas. Aunque ha tratado una gran variedad de temas, el GIEI ha dedicado buena parte de su análisis a uno de los aspectos más polémicos de las pesquisas, un puñado de mensajes que forman parte del informe que presentó en agosto la comisión presidencial que investiga el caso, en paralelo a la Fiscalía.
El GIEI se ha referido de manera crítica a esta parte del informe, supuestas capturas de pantalla de mensajes que intercambiaron integrantes de la red criminal de Iguala en la época del ataque. Primero, porque su veracidad no está contrastada y así, las conclusiones que pueden sacarse de su lectura, quedan lejos de ser una certeza. Los mensajes contienen información del supuesto destino de los 43 normalistas desaparecidos. Entre los emisores y receptores de esas comunicaciones no solo habría miembros de Guerreros Unidos, operadores de la desaparición de los estudiantes normalistas, sino también de autoridades, caso del ahora exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, o del comandante entonces de una de las dos guarniciones del Ejército del municipio, el general José Rodríguez. Los dos están presos actualmente.
El grupo ha denunciado también “injerencias” en la investigación que ha llevado a cabo estos años la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA). Desde mediados de agosto, personal de Asuntos Internos y de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, SEIDO, ha dicho hoy el GIEI, han ocupado la UEILCA, acelerando partes del proceso, obligando a presentar casos ante el juez antes de hora. Una de las partes del proceso que la Fiscalía pidió acelerar es la consignación del caso contra Murillo Karam ante el juez. El GIEI ha desvelado además que Asuntos Internos ha iniciado una auditoría a la unidad, en un contexto de choque entre su ya extitular, Omar Gómez, y el fiscal general, Alejandro Gertz.
El GIEI ha revelado además mensajes recopilados por la oficina de la DEA en Chicago, que en la época investigó el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, organizado por Guerrero Unidos y su red. Los chats dibujan un contexto de impunidad que Guerreros Unidos construyó gracias al apoyo de autoridades de todos los niveles de Gobierno. Según las comunicaciones, los criminales habían obtenido ayuda no solo de militares, sino también de marinos, policías estatales, la central de comunicaciones local, C-4, así como de varios alcaldes y policías municipales.
Los integrantes del GIEI: Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, en camino a una conferencia de prensa, este jueves.EDGARD GARRIDO (REUTERS)
Sobre el informe de la comisión presidencial, el GIEI, integrado por Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Carlos Beristain, ha dicho: “Incluir nuevos elementos que no han sido conocidos previamente ni suficientemente contrastados, ha llevado a una enorme confusión sobre las conclusiones del informe y sus revelaciones, así como a la relación de dicho informe con los procesos de judicialización que ya estaban en curso desde tiempo antes”. El grupo ha explicado que en estas últimas semanas ha iniciado un proceso de verificación de los mensajes, que aún no concluye.
En cualquier caso, los expertos han señalado que han podido adelantar un poco en el proceso estas semanas. El GIEI recibió una copia del informe sin tachar el 18 de agosto y las imágenes en formato digital que contienen las capturas de pantalla el 23 de septiembre. De lo que han visto, dicen que los aspectos menos claros son que “muchos de los mensajes salen con la fecha ‘hoy’ sin que se sepa qué fecha es, otros aparecen en línea, otros aparecen con fecha concreta, de día o mes”. El grupo añade: “Figuran nombres donde solo aparecen teléfonos, lo que debe ser contrastado para poder deducir a quién pertenecen. En el caso del informe de la comisión, si se hicieron análisis y verificaciones, deben incluirse como explicación del informe, puesto que lo demás deja dudas del procedimiento que se utilizó”.
Buitrago ha añadido: “El contraste inicial entre los diferentes tipos de interceptaciones telefónicas llevadas en un caso a través de teléfonos Blackberry, caso de las interceptaciones de Chicago, y las fotografías de captura de pantalla presentadas en el informe de la comisión, muestra dos modos muy distintos de uso de terminología, claves y ortografía”. La experta ha añadido que “los mensajes incluidos en los documentos de Secretaría de la Defensa y estos chats muestran mayor concordancia formal en esos aspectos. Estas circunstancias deberán ser parte de las cuestiones a esclarecer”.
El caso de los mensajes del informe protagoniza una de las grandes polémicas del caso Ayotzinapa en las últimas semanas, por varios motivos. Por un lado, la comisión y su encargado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, integraron centenares de comunicaciones al informe sin un aparente proceso de verificación: si de verdad los emisores y receptores eran los que se dice que fueron, el momento en que se enviaron esos mensajes, etcétera. Así, una de las principales conclusiones del informe, la presunta participación del general Rodríguez en el asesinato de seis normalistas como autor intelectual, queda envuelta en dudas.
Por otro lado, el informe, presentado al público con partes tachadas, se filtró a la prensa hace unos días ya sin tachar. Así, todo el mundo pudo ver detalles de lo que Guerreros Unidos y su red hicieron con los jóvenes, detalles de sus posibles asesinatos y ocultamiento de sus restos. Sobre la filtración, el GIEI dice: “Lamentablemente, se han dado a conocer muchas de esas comunicaciones antes de que se pudiera verificar la información y, por lo tanto, se ha hecho del conocimiento no solo de los medios, sino del público en general, y obviamente de los presuntos perpetradores, lo que pone en riesgo la judicialización y la prueba para un proceso”.
Alejandro Encinas, subscretario de Derechos Humanos, quién presentó el informe de la comisión presidencial, durante la conferencia de prensa del GIEI, este 29 de septiembre.EDGARD GARRIDO (REUTERS)Información del Ejército
Parte importante de la comparecencia del GIEI apunta igualmente a la información que el Ejército ha aportado -o no- a la investigación estos años. En octubre de 2021, la comisión presidencial que investiga el caso Ayotzinapa divulgó dos comunicaciones interceotadas que la Secretaría de la Defensa realizó a la red criminal de Iguala, en la época del ataque y días posteriores, entre finales de septiembre y principios de octubre de 2014.
Los mensajes revelaban que el Ejército conocía en tiempo real el movimiento de Guerreros Unidos y sus socios en los días inmediatamente posteriores al ataque. A partir de la información recopilada, su actuar podría haber cambiado la historia, permitiendo una búsqueda más ordenada de los normalistas desaparecidos. La existencia de esos mensajes señalan además dos cosas, ha explicado el GIEI. Por un lado, la existencia de un Centro Regional de Inteligencia, con sede en el 27 Batallón del Ejército, en Iguala, que la Secretaría de la Defensa siempre ha negado, a pesar de las evidencias, caso de estos dos mensajes.
Por otro lado, implican la existencia, dice el GIEI, de más mensajes. El grupo de expertos ha indicado que encontraron un documento, denominado “Panorama general delictivo en el Estado de Guerrero”, creado en noviembre de 2021, en el que se citan las dos intervenciones de comunicaciones citadas arriba, y se añaden otras realizadas los días 5 y 6 de octubre de 2014. “Se necesita aclarar de dónde provienen esas interceptaciones y contar con el texto completo de las mismas, donde se habla de un supuesto traslado de los jóvenes a una cueva y de la existencia de fosas donde habrían sido dejados sus cuerpos”, ha dicho el GIEI.
El grupo añade: “Estos datos son fundamentales para nuevos procesos de búsqueda y aclarar responsabilidades. Posteriormente, hay que determinar si esas interceptaciones, cuyo texto parcialmente se encuentra en documentos de la Secretaría de la Defensa, tienen algo que ver o no con los textos de chat presentados en el informe de la comisión presidencial”. Sobre el centro de inteligencia, Buitrago ha dicho: “Hemos insistido en encontrar los documentos del centro. Es fundamental, porque incluso por escrito nos han negado la existencia de ese centro en 2014, lo cual no es cierto”.
El mes fatídico para la UEILCA
El choque al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Ayotzinapa ha ocupado también estas semanas al grupo de expertos. Como explicó el fin de semana, el fiscal general, Alejandro Gertz, desplazó al titular de la unidad y sus integrantes a mediados de agosto, para dar paso a personal de Asuntos Internos. Ellos se encargaron del proceso contra Murillo Karam, detenido el 19 de agosto, y de cancelar 21 de las 83 órdenes de detención que la UEILCA pidió ese mismo día. Sobre la cancelación de las órdenes, Carlos Beristain ha señalado su sorpresa, sobre todo si se comparan los militares cuyas órdenes se cancelaron con las que se ejecutaron. Algunos de los detenidos compartieron ruta en la noche de Iguala con militares cuya orden de detención se canceló.
Francisco Cox ha explicado que ya en agosto se dieron cuenta de que “algunos procesos de judicialización en marcha se estaban haciendo por fuera de la UEILCA. Se ha llegado al extremo de que se encargó de ello, por parte del Fiscal General, a miembros de la antigua SEIDO y de la entonces Visitaduría de la PGR (actual Fiscalía de Asuntos Internos), que en su momento no llevaron a cabo una investigación independiente de las responsabilidades de algunos presuntos responsables de distintos hechos”. Cox también ha señalado que las 83 órdenes de detención son “impecables”.
Francisco Cox durante la conferencia de prensa en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, este jueves.EDGARD GARRIDO (REUTERS)
El experto ha insistido además en separar el trabajo de la comisión del que ha hecho la UEILCA, de las conclusiones del informe de la agencia gubernamental y las órdenes de detención que pidió el GIEI: “Las judicializaciones presentadas por la UEILCA no responden de ninguna forma a los chats presentados dentro del informe de la COVAJ. La información proporcionada por el informe COVAJ sobre supuestos mensajes entre responsables durante los hechos o en fechas inmediatamente posteriores a los mismos, necesita todavía ser corroborada. En ninguna de las carpetas o averiguaciones con las que se llevó a cabo la judicialización y órdenes de captura de 83 personas por parte de la UEILCA antes del 19 de agosto, obran las capturas de pantalla que reposan en el informe de 18 de agosto de la COVAJ, las cuales deben ser verificadas científicamente y a través de peritajes de evidencia digital para determinar aspectos fundamentales de la prueba”.
Por último, Cox se ha referido a la auditoría que Asuntos Internos ha abierto a la UEILCA. “Si bien es cierto que está dentro de las facultades de la Fiscalía General, a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, llevar a cabo auditorías ordinarias y así se presentó esta, llama la atención que en tres años de funcionamiento nunca se había llevado a cabo una en la Unidad”. El experto ha añadido: “La auditoría se está llevando a cabo por ocho visitadores. En un comienzo el mandato temporal era entre el 5 y el 8 de septiembre, luego se prorrogó hasta el 14 de septiembre, posteriormente al 21 del mismo mes y luego al 30″.
El GIEI ha dicho además que la auditoría se centró al principio en la parte de la investigación que se refería a las 83 órdenes de detención, pero eso luego cambió. “Solamente después del intento del GIEI de conocer sobre esa auditoría se dirigieron a otras carpetas de investigación. Las personas a cargo señalaron al GIEI que se trataba de una medida “habitual y aleatoria”. Sin embargo, cuando el GIEI preguntó a la encargada de la visitaduría el motivo de la misma, las fechas de inicio o finalización, o los detalles puramente técnicos, la responsable de la misma se negó a ofrecer ninguna respuesta alegando a cada pregunta que se trataba de información confidencial, lo cual no solo es absurdo, sino que muestra opacidad por parte de dichos responsables”.
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