En su declaración de bienes de enero de 2017, Del Mazo omitió su relación con este banco andorrano, la existencia de la sociedad instrumental holandesa, la cuenta millonaria asociada a la misma y una supuesta participación en una empresa mexicana de aparcamientos.
Del Mazo o un representante del político comunicó al banco que sus planes pasaban por transferir al pequeño principado europeo hasta 4,5 millones. De esta cantidad, 2,5 millones procederían de un dinero “depositado en Suiza”, otro país protegido en 2012 por el secreto bancario, según recoge un acta confidencial de la BPA fechada el 25 de mayo de 2012.
El documento donde se recogen estas intenciones fue elaborado por el comité de prevención de blanqueo de capitales del banco, un órgano que vela para evitar que desembarquen en la entidad financiera fortunas de origen ilícito, y que se nutre de información facilitada por el cliente o personas autorizadas en el momento de abrir la cuenta. En la BPA, banco intervenido en 2015 por blanqueo de capitales, era costumbre abrir cuentas a políticos y altos funcionarios a nombre de sociedades instrumentales en paraísos fiscales que, en ocasiones, constituía la propia entidad.
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Los 1,5 millones de euros depositados en la cuenta de la BPA representada por Del Mazo fueron congelados por las autoridades de Andorra en 2015. Y la Justicia de este país investigó al gobernador por un presunto delito de blanqueo de capitales. Las pesquisas han durado dos años. Y, según fuentes judiciales, se acaban de archivar. Los fondos embargados han sido liberados.
El mandatario niega haber tenido una cuenta en el país europeo
El representante de Del Mazo niega en un WhatsApp remitido dos horas después de la aparición de la noticia que el mandatario haya tenido una cuenta en Andorra.
A la pregunta sobre el origen de los 2,5 millones de euros en Suiza que –según la Banca Privada d’Andorra (BPA)- los representantes de la cuenta donde figuraba el político preveían transferir al pequeño país europeo, el dirigente indica: “No se hizo ninguna transferencia”. Y niega, en contra de lo que recoge el banco en documentos confidenciales, que planearan depositar en Andorra 4,5 millones de euros. “No existieron esos fondos”.
El gobernador reconoce que le une con el contratista Daniel Madariaga, que también está vinculado a la citada cuenta, una “relación de amistad”. Y responde “no” a la cuestión de si durante su etapa como alcalde de Huixquilucan adjudicó a este empresario licencias o contratos municipales.
Para condenar por blanqueo de capitales en Andorra, la Justicia de ese país necesita que se demuestre el denominado delito precedente, el origen ilícito del dinero.
En el caso de Del Mazo, como otros dirigentes del PRI, la Justicia mexicana abrió en 2018 diligencias, emitió la denominada nota de no ejercicio de la acción penal (neap) y remitió este documento a la Justicia andorrana a través de un fiscal especial mexicano. “Mediante el neap se da el asunto por juzgado, se ata de pies y manos a la Justicia de Andorra, que reclama ayuda. Hay una nula colaboración de las autoridades mexicanas en la indagación de la procedencia del dinero”, afirma una fuente oficial mexicana que ha investigado estos casos en Europa y que pide el anonimato.
El acta interna del banco que menciona al gobernador advertía de que en 2012 Del Mazo era alcalde del municipio mexicano de Huixquilucan (242.167 habitantes). Y que poseía el 10 % de las acciones de la compañía de aparcamientos Pumasa SA de CV.
Según el documento, Del Mazo consiguió estas participaciones “por cesión” de uno de los accionistas, el contratista Daniel Madariaga, su “amigo y socio”. Sin embargo, en el registro de sociedades de México, ni Del Mazo ni Madariaga figuran como accionistas de Pumasa SA. Solo aparece uno de los hermanos de este último.
El banco de los otros hombres del PRI
La BPA fue el banco elegido por otros dirigentes del PRI para ocultar sus fondos. La nómina de mandatarios mexicanos incluye al fallecido exdiputado por Sinaloa Óscar Javier Lara Aréchiga, que manejó una cuenta en esta entidad con seis millones de dólares y movió a través de Panamá y las Antillas Holandesas un total de 16,8 millones.
También figura en la lista Francisco Arroyo Vieyra, que entre 2012 y 2013 presidió la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados y que fue embajador de México en Uruguay hasta el pasado noviembre. Arroyo Vieyra depositó en esta institución financiera 1,2 millones de dólares. EL PAÍS destapó su caso y el de Lara Aréchiga.
La cuenta representada por Del Mazo en la BPA está vinculada a Madariaga y al salvadoreño Vicente Eduardo Graniello Pérez. Y sus saldos fueron 503.582 euros y 1.190.957 dólares. Todos han sido investigados por blanqueo de capitales por la juez andorrana María Ángeles Moreno. La magistrada ha requerido desde 2018 información a la Fiscalía de México sobre este caso en el marco de las diligencias previas 9000045/2018. Y la respuesta mexicana ha sido que “no ha lugar a la acción penal”. Canòlic Mingorance, la juez que ha investigado la mayoría de estas cuentas, ha expresado sus quejas por las argucias de las autoridades mexicanas, en especial de la antigua PGR (Procuraduría General de la República) para no responder a las peticiones de auxilio judicial.
Saga política
Además de la sociedad Abeodan Corporation, se ha investigado también por su relación con la cuenta andorrana de Del Mazo a las siguientes mercantiles instrumentales: Brookside Foundation (panameña), Eldover Holding CV, Consultancy BV, Temple Corporation CV, Edicom SA. También se investiga la relación con las operaciones de Del Mazo, Madariaga y Graniello de Luis Pablo Laplana, que en 2012 ocupaba el cargo de director de la División Internacional de la BPA. Laplana fue procesado en septiembre con otras 27 personas por el caso PDVSA, que indaga un expolio en la petrolera venezolana a manos de exjerarcas chavistas.
Madariaga no ha respondido a las preguntas de este diario. EL PAÍS no ha logrado contactar con Vicente Graniello para recabar su versión.
El banco destaca en su informe confidencial que el gobernador del Estado de México, el más poblado del país con casi 17 millones de habitantes, y uno de los bastiones tradicionales del PRI, pertenece a una saga ligada al poder desde hace una década. Primo del expresidente Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza es hijo y nieto de los gobernadores de ese Estado Alfredo del Mazo González y Alfredo del Mazo Vélez. “Su familia se ha dedicado desde generaciones a la política”, indica la entidad en su acta 5/2012, donde también se refiere en un gráfico a los “intereses inmobiliarios” del mandatario.
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“Libera la plata del patrón o atente a las consecuencias”
“Libera la plata del patrón o atente a las consecuencias”. Cuando el presidente de la andorrana Agencia Estatal de Reestructuración de Entidades Bancarias (AREB), Albert Hinojosa, recibió el pasado mayo este WhatsApp desde un teléfono con prefijo mexicano, se encendieron las alarmas en este pequeño principado europeo de 77.000 habitantes.
Hinojosa no es un funcionario más. Junto a su puesto de responsable del fisco, pilota la AREB, el organismo que decide qué cuentas de la antigua Banca Privada d’Andorra (BPA) —intervenida en marzo de 2015 por blanqueo de capitales— desembocarán en Vall Banc, la firma que absorbe los activos buenos de la institución financiera de la familia Cierco.
La AREB mantiene bloqueados 1.000 millones de euros de la antigua BPA. Y más de 900 antiguos clientes —de los 29.200 que tenía el banco clausurado— han sido etiquetados como sospechosos de blanqueo de capitales. La consultora PwC escrutó durante un año sus perfiles, analizó 37.000 cuentas y 15 millones de transacciones registradas entre 2009 y 2016. Más de una decena de los casos bajo sospecha que han aterrizado en los tribunales de Andorra son mexicanos, según una fuente oficial próxima a las causas. Las pesquisas rastrean si antiguos clientes de la BPA utilizaron la entidad para blanquear fondos de carteles mexicanos del narcotráfico.
La Fiscalía de Andorra ha dado “verosimilitud” a las amenazas a Hinojosa. Y dirige su investigación a una organización de narcotraficantes supuestamente vinculada a un antiguo cliente de la BPA. Uno de los mensajes llegó a un móvil que solo conoce un reducido grupo de colaboradores del funcionario. El presidente de la AREB presentó en mayo su renuncia.
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