“Durante la última parte de mi administración como presidente municipal [alcalde] de Huixquilucan, Estado de México, decidí explorar opciones que me permitieran emprender en alguna actividad empresarial no relacionada con mi actividad pública”, asegura Del Mazo en una nota remitida a este periódico. “En ese momento, exploré la posibilidad de participar en sociedad con una empresa que se dedica a la operación de estacionamientos públicos. Para llevarla a cabo, en su momento se decidió la apertura de la cuenta en el BPA. Reconozco que no fue la mejor decisión abrirla en este lugar”, admite el político, que no respondió a un cuestionario remitido por este diario diez días antes de la publicación de la exclusiva.
El gobernador del Estado de México y uno de los dirigentes con más peso en el PRI indica que “con el inicio de la nueva administración federal en México en 2012 [presidida por Enrique Peña Nieto, primo suyo], fui invitado a formar parte de la misma, razón por la cual, finalmente, decidió ya no participar en el proyecto empresarial”.
El acta interna del banco que menciona al gobernador advertía de que en 2012 Del Mazo era alcalde de Huixquilucan y que poseía el 10 % de las acciones de la compañía de aparcamientos Pumasa SA de CV. Según el documento, Del Mazo consiguió estas participaciones “por cesión” de uno de los accionistas, el contratista Daniel Madariaga, su “amigo y socio”. Sin embargo, en el registro de sociedades de México, ni Del Mazo ni Madariaga figuran como accionistas de Pumasa SA. Solo aparece uno de los hermanos de este último.
El gobernador del Estado de México, el más poblado del país con casi 17 millones de habitantes, defiende que ha “declarado todo aquello que conforma mi patrimonio”. En su declaración de bienes de enero de 2017, no figuró la relación de Del Mazo con este banco andorrano, la existencia de la sociedad instrumental holandesa, la cuenta millonaria asociada a la misma y una participación en una empresa mexicana de aparcamientos, Pumasa S A.
EL PAÍS ha tenido acceso a la documentación que firmó Del Mazo el 18 de mayo de 2012 para autorizar la apertura de su cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Se trata del documento conocido como know your customer (conozca a su cliente, en inglés), una suerte de tercer grado al que somete la institución financiera a sus clientes para determinar el origen de sus fondos y evitar que desembarquen en la entidad flujos de capital procedentes de actividades ilegales.
Motivos de la cuenta: “seguridad personal y familiar”
El mandatario se presentó en este formulario como un empresario mexicano que preveía colocar en el banco un capital derivado de su actividad empresarial. Esgrimió como motivos para elegir la BPA su interés por “diversificar el patrimonio y la seguridad personal y familiar”. Y se decantó por una cuenta de ahorro.
Del Mazo rellenó el documento que le permitió abrir la cuenta 1200552426 mientras era alcalde del municipio mexicano de Huixquilucan (242.167 habitantes). Para ello, facilitó al banco una dirección de esta ciudad, un teléfono mexicano y una cuenta de correo electrónico de Gmail.
Los 1,5 millones de euros depositados en la cuenta de la BPA representada por Del Mazo fueron congelados por las autoridades de Andorra en 2015. Y la Justicia de este país investigó al gobernador por un presunto delito de blanqueo de capitales. Las pesquisas han durado dos años. Y, según fuentes judiciales, se acaban de archivar. Los fondos embargados han sido liberados.
Del Mazo o un representante del político comunicó al banco que sus planes pasaban por transferir al pequeño principado europeo hasta 4,5 millones. De esta cantidad, 2,5 millones procederían de un dinero “depositado en Suiza”, otro país protegido en 2012 por el secreto bancario, según recoge un acta confidencial de la BPA fechada el 25 de mayo de 2012.
En el caso de Del Mazo, como otros dirigentes del PRI, la Justicia mexicana abrió en 2018 diligencias, emitió la denominada nota de no ejercicio de la acción penal (neap) y remitió este documento a la Justicia andorrana a través de un fiscal especial mexicano. Fuentes judiciales andorranas reconocen la escasa colaboración de las autoridades mexicanas en facilitar la información que les requieren para poder condenar por blanqueo de capitales.
La juez Canòlic Mingorance, que ha investigado la mayoría de estos casos, ha expresado en ocasiones sus quejas por el silencio de México a sus requerimientos de información o “el carpetazo” que se dan allí a las diligencias de investigación que se remiten a Andorra como casos ya juzgados y lograr liberar el dinero embargado a distintos dirigentes del PRI.
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