Patada hacia adelante. El Gobierno volverá a prorrogar la moratoria concursal, esta vez hasta el 31 de diciembre. La moratoria suspende la obligación que tienen las sociedades que han entrado en insolvencia de solicitar en dos meses el concurso de acreedores. El Ejecutivo tenía previsto aprobarlo este martes, pero probablemente se apruebe en el próximo Consejo de Ministros del viernes, según fuentes gubernamentales. La medida se había puesto en marcha hace un año con el primer estado de alarma y se amplió hasta el 14 de marzo con la idea de evitar la destrucción de empresas por falta de liquidez. Sin embargo, los expertos alertan del riesgo de prolongarlo durante tanto tiempo, creando una bola de deuda.
Cuando una empresa no puede pagar a sus acreedores, es insolvente y entonces tiene dos meses para pedir el proceso concursal. De lo contrario, puede declararse concurso culpable y el dueño debe responder con su patrimonio personal. Con el estallido de la pandemia y la imposición de restricciones, era evidente que muchas sociedades atravesarían graves dificultades para afrontar sus pagos. De ahí que el Gobierno respondiese suspendiendo la obligación de solicitar el proceso concursal. Así se podía ganar tiempo para que las empresas se recuperasen, evitando una avalancha de procedimientos y la destrucción de más tejido productivo. Sin embargo, la pandemia se está alargando y ya es evidente que con los ERTE y la liquidez avalada por el ICO no basta. De modo que el Gobierno se ha visto forzado a prorrogar otra vez la moratoria.
Según fuentes de la Administración, el Consejo de Ministros del viernes debería dar luz verde a esta nueva prórroga en el real decreto ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia. El objetivo es ganar más tiempo para que surtan efecto las ayudas que también van en el decreto por valor de 11.000 millones. Estas incluyen compensaciones directas por caídas de ingresos; reestructuraciones de los créditos ICO, y recapitalizaciones con Cofides. El paquete debía aprobarse este martes con la moratoria, pero las discusiones entre PSOE y Podemos por las ayudas a empresas han retrasado en principio todo al viernes.
Hasta el momento, los datos apuntan que la moratoria concursal y la mayor liquidez brindada con los ICO han logrado contener una explosión de procedimientos pese al golpe económico de la covid-19, el mayor desde la Guerra Civil. Paradójicamente, el número de actividades que se declaró en concurso de acreedores el año pasado fue inferior al de 2019: 6.718 procedimientos, un 13,6% menos, frente a los 7.772 del año anterior, según datos provisionales del INE. En el caso de las empresas, el descenso ha sido del 14,45%, con 4.097 concursos, mientras que las personas físicas que se han declarado insolventes han sido 2.621, un 12,1% menos.
Riesgo de bola de nieve
Sin embargo, a cierre de año ha habido un cambio de tendencia: las cifras del INE del último trimestre de 2020 revelan un repunte de los concursos del 5,8% respecto al año anterior. Sobre el tercer trimestre, el incremento de procedimientos presentados ha sido del 34,8% en el caso de las empresas y del 60,3% para las personas físicas.
Ante estos datos, que evidencian que la crisis económica está durando más de lo esperado, el Gobierno ha anunciado ayudas por valor de 11.000 millones. También está preparando la transposición de una directiva europea para lograr reestructuraciones tempranas y eficaces de deuda. En ella se incluiría la mejora de las exoneraciones de deuda en el periodo preconcursal y acelerar procedimientos para firmar acuerdos extrajudiciales de pago con quitas. Esta legislación debería recoger una fórmula especial para las pymes, algo que a estas alturas parece esencial pero que de momento sigue abierto.
“Hay que tener una cierta combinación de medidas: financieras por un lado y de apoyo directo por otro, porque toda la financiación se tiene que devolver”, señala Fedra Valencia, socia de Cuatrecasas. La abogada subraya que en su sector preocupa la extensión de la moratoria por sus efectos potencialmente perversos. Aunque su propósito es salvar del abismo a aquellos negocios que registran caídas coyunturales de ingresos, avisa de que extender aún más los plazos puede convertirse en una “trampa” que solo consiga retrasar el colapso de los juzgados. “Hay preocupación porque se mantienen compañías zombis, que no están generando actividad y que detraen recursos a otras sociedades que sí pueden salvarse: esto funciona por vasos comunicantes, y si una empresa no paga a sus proveedores se generan problemas que acaban afectando a toda la cadena”, afirma.
En otras palabras, alargar la supervivencia de negocios que ya no dan más de sí tiene el riesgo de generar una gran bola de nieve de deuda e impagos que arrastre al concurso a otras empresas. El Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas comparte esta advertencia: ya alertó de que el descenso en el número de concursos de 2020 era algo “artificial”, un reflejo de la moratoria y no de una mejora en las empresas. Consideran necesario que las pymes cuenten con un sistema de alertas tempranas para prevenir insolvencias, una herramienta en la que el Refor está trabajando; que se amplíe la figura de la segunda oportunidad y que se acelere la transposición de la directiva europea para disponer de nuevos mecanismos de refinanciación y reestructuración.
“La solución no es la moratoria, sino la directiva europea de forma que se puedan implementar las medidas necesarias que rescaten a las empresas y eviten que se vean abocadas a solicitar el concurso. Hay empresas que no pueden seguir ni un día más”, comenta Juan Carlos Robles, presidente del Refor. Y añade: “De hecho, ahora preocupa a quién se van a dar esos 11.000 millones de ayudas, porque si los reciben empresas zombis no van a servir de nada”.
Resistir a la espera de ayuda
Según el último barómetro del Consejo General de Gestores Administrativos, hay unas 130.000 pymes a punto de presentar concurso. “Están esperando una decisión que les permita sobrevivir y por eso aguantan más de lo que pueden”, señaló su presidente, Fernando Santiago.
“Pese a la moratoria, estamos recomendando a las empresas en dificultades que negocien con sus acreedores una refinanciación o presenten el concurso”, asegura la abogada Fedra Valencia. “Para cada empresario su actividad es lo más importante, pero diversos estudios sobre insolvencia indican que cuando una empresa no es viable hay que solucionarlo cuanto antes en lugar de alargar su muerte y detraer recursos al sistema”, sostiene.
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