El Gobierno va a aparcar por ahora el debate sobre el modelo que adoptará para el cobro por el uso de las autovías hasta ahora gratuitas. La impopularidad de la medida y la falta de consenso político, no solo con la oposición, sino entre las filas de los socios parlamentarios del Ejecutivo (Unidas Podemos y nacionalistas vascos y catalanes) han motivado que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aplace la presentación del proyecto, que no vería la luz incluso hasta la próxima legislatura, según han informado fuentes de la Administración.
El calendario juega en contra de este aplazamiento porque según el documento remitido por el Ejecutivo a Bruselas (el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), el modelo debería estar diseñado antes del 30 de junio de 2022 —se prevé que se incluya en las conclusiones del comité de expertos creado por Hacienda para la reforma fiscal—, para que sea aprobado y publicado en el BOE antes del 31 de diciembre de 2023. La actual legislatura termina en noviembre de ese mismo año, con lo que no se descarta que el proyecto quede pendiente para el inicio de la siguiente. Se antoja difícil pensar que se apruebe una medida que genera tanta controversia en vísperas de la campaña electoral.
La amenaza de huelga de la patronal del transporte de mercancías por carretera para estas navidades, una de cuyas reivindicaciones era que se les eximiera de ese pago, también ha contribuido a que Transportes guarde en un cajón el plan, del que la ministra no ha dado ningún detalle, pese a ser uno de los proyectos estrella de su departamento. Los paros se desconvocaron al asumir el Ministerio esa demanda de los transportistas, lo que no significa que cuando se implante el modelo los camiones no deban pagar por circular, sino que ese importe se cargará a las empresas contratistas de la carga.
De hecho, uno de los motivos que se usan para justificar el pago por uso de la autovía es la discriminación que sufren los camioneros españoles que deben abonar peajes cuando viajan por muchos países de la UE mientras que sus colegas europeos circulan gratis por las autovías españolas y no contribuyen, por tanto, a su mantenimiento. El problema es que la UE prohíbe que se discrimine a cualquier ciudadano o empresa en función de la nacionalidad. Es decir, que si paga un camión alemán o francés debe cargarse ese mismo importe a uno español.
Pese a ese silencio oficial del Ministerio de Transportes, todo apunta a que, en contra de los planes iniciales, no se tratará de un pago por uso estrictamente, sino que se implantará la denominada viñeta, por la que el automovilista pagará una cantidad fija para poder circular por las autovías durante un tiempo (una semana, un mes o un año), independientemente de los kilómetros que recorra. Este modelo es tecnológicamente mucho más sencillo y menos costoso que el del pago mediante la instalación de pórticos de detección electrónica que leen la información del automóvil cada vez que los cruza, remitiendo automáticamente un cargo contra la cuenta corriente del propietario del vehículo.
Por el momento, Transportes se limita a señalar que está trabajando en un modelo de pago por uso que ayude a compensar el déficit del mantenimiento de la red de autovías y autopistas del Estado. Los argumentos para defender esa propuesta es que el porcentaje de pago de la red de alta capacidad en España (15%) es muy inferior al de la media europea. La otra justificación es la medioambiental, ya que, según el Ejecutivo, el transporte por carretera es responsable de alrededor de la tercera parte de la emisión de gases de efecto invernadero, por lo que se debe aplicar el criterio de que “quien contamina paga”. Por último, también se esgrime que el actual modelo crea desequilibrios territoriales, puesto que el peaje está más implantado en unas comunidades autónomas que en otras, una reivindicación que comparte el Gobierno nacionalista de la Generalitat de Cataluña.
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Fuentes del Ministerio de Transportes insisten en que tratan de buscar un “modelo justo, equilibrado y sostenible”, pero que “no hay ninguna propuesta concreta aún”.
Hay que recordar que el Gobierno, en cumplimiento del compromiso que adquirió a su llegada en junio de 2018, inició la liberación de los peajes en noviembre de ese año, con el tramo de la AP-1 Burgos-Armiñón, siguiendo en 2020 con la liberación de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz; hitos a los que se sumaron este año tramos de la AP-2 y la AP-7. En total, se han liberado 1.029 kilómetros de autopistas de peaje.
Viñeta: desde 50 a más de 100 euros al año
La denominada viñeta para el pago por uso de autopistas y autovías ya funciona en Austria, República Checa, Hungría, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia y Suiza y es habitual comprarlas en gasolineras o estancos u otros comercios. Su precio varía mucho según los países y va de desde los 49 euros de Bulgaria a los 130 euros en Hungría para la modalidad anual, que da acceso a todas las autovías estatales. En España, afectaría a los 25 millones de turismos, cinco millones de furgonetas y camiones y a 1,8 millones de motocicletas. Respecto al importe, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) estima una viñeta anual de 87 euros para turismos, 435 para vehículos pesados y 43,5 para motocicletas, pero el Gobierno es partidario de un peaje menor, casi simbólico, en su introducción, para luego ir equiparándolo progresivamente con los de otros países de nuestro entorno.
Mientras se decide ese proyecto, los automovilistas que circulen por las autopistas de peaje del Estado deberán pagar en torno a un 2% más a partir del 1 de enero en 2022. Este porcentaje se realiza mediante una fórmula de revisión automática anual que tiene en cuenta el IPC medio entre los meses de octubre de un año y del siguiente que, posteriormente, se pondera en función de la evolución de los tráficos. Según estos parámetros, el precio debería subir ese casi 2%. En 2021, los peajes experimentaron una ligera subida del 0,11%, tras los incrementos del 0,84% en 2020; 1,67%, en 2019 y el 1,91%, en 2018.
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