La discusión sobre el aborto legal en Argentina ha vuelto a la parrilla de salida. La irrupción de la pandemia de covid-19 a principios de marzo dejó en suspenso el envío al Congreso del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo anunciado por el presidente, Alberto Fernández. Ocho meses después y ante el descontento creciente de los movimientos feministas, el Gobierno ha vuelto a ponerle fecha: lo enviará este noviembre y comenzará a debatirse a partir de diciembre.
“El presidente va a enviar durante este mes el proyecto de legalización del aborto al Congreso nacional y va a ser incorporado al temario de sesiones extraordinarias, o sea que vamos a impulsar su tratamiento en el curso de este año”, ha confirmado la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, a la cadena IP Noticias.
Las sesiones ordinarias del Parlamento argentino finalizan el 30 de noviembre y no retoman su actividad hasta marzo de 2021, pero este año se convocarán sesiones extraordinarias hasta febrero, según han anticipado fuentes legislativas.
Argentina cuenta con una ley de interrupción del embarazo que data de 1921. Abortar es un delito penado con hasta cuatro años de cárcel excepto en caso de violación o riesgo para la vida o la salud de la madre. Pese a la legislación, decenas de miles de mujeres abortan cada año en la clandestinidad y cerca de 40.000 requieren hospitalización por complicaciones derivadas de abortos. En 2018, 39 mujeres murieron por esa causa evitable, según estadísticas oficiales.
Organizaciones feministas y de derechos humanos encabezan la “Marea verde” que ha salido masivamente a las calles en los últimos años para exigir una nueva ley. En las últimas semanas, volvieron a organizar marchas y campañas para exigir al presidente que enviase el proyecto este año, sin esperar a un 2021 en el que hay elecciones legislativas y cambiará la correlación de fuerzas en las dos Cámaras.
“Nos reunimos este jueves con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para manifestarle que es urgente el tratamiento y la aprobación de la legalización del embarazo”, señaló la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en un comunicado. “Reiteramos que la criminalización del aborto agrava el acceso a la salud y que las complicaciones por abortos inseguros suman más demandas al sistema sanitario”, agrega el documento difundido la semana pasada.
En 2018, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, pero la iniciativa fue rechazada al mes siguiente por el Senado, más conservador. El entonces presidente, Mauricio Macri, autorizó el debate de un proyecto ajeno y se comprometió a no vetar la ley si llegaba a ser aprobada. Esta vez, el proyecto lo impulsa el mismo Gobierno. Esa diferencia podría favorecer su aprobación, aunque no hay certezas y se anticipa de nuevo un áspero debate dentro y fuera del Congreso.
A la espera de conocer el texto del proyecto oficial, Ibarra ha anticipado que está basado en los consensos del debate legislativo de 2018. El proyecto permitía abortar sin causa hasta la semana 14 y extendía los plazos en los casos de violación o riesgo para la madre. Uno de los puntos que generó mayor controversia era la prohibición la objeción de conciencia institucional en centros públicos y privados. También fue muy resistido desde las bancas más conservadoras que la ley amparase de forma especial a las niñas y adolescentes menores de 15 años por considerar que sus embarazos representaban riesgo para su salud física y mental.
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