El kirchnerismo, en el poder 15 de los últimos 20 años, sostiene que en Argentina no existe el poder judicial, sino una “mafia judicial”. Los frecuentes ataques de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, contra fiscales y magistrados han subido de tono después de que el martes fuese condenada a seis años de cárcel por corrupción e inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos. La sentencia acentúa la guerra abierta que el gobernante Frente de Todos libra contra jueces y fiscales. Tras la batalla perdida en los tribunales, los kirchneristas preparan un contraataque en las calles: el lunes se movilizarán en el centro de Buenos Aires mientras la vicepresidenta participa en una reunión del Grupo de Puebla, el foro integrado por líderes de la izquierda latinoamericana.
El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se solidarizó con Kirchner y subrayó que en su país son conscientes del daño que puede causar el lawfare [el uso político de la justicia] a la democracia. El jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, casi no se habla con Kirchner, pero salió a defender su inocencia horas después del fallo. Tras considerarla “víctima de una persecución absolutamente injusta”, convocó a los argentinos a elegir bando: “Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado”.
Los gestos de apoyo a Kirchner y las críticas al poder judicial se han multiplicado entre ministros, legisladores, gobernadores y alcaldes peronistas. “Ahora toda la sociedad va a tener que hacerse cargo de este problema que tenemos: la mafia judicial que decide sobre nuestras vidas”, declaró la senadora Juliana di Tullio este miércoles en rueda de prensa. Di Tullio recordó que la condena judicial estuvo precedida por dos hechos de violencia contra Kirchner: en marzo su despacho en la Cámara Alta fue atacado a pedradas y en septiembre intentaron matarla a las puertas de su casa.
Kirchner, primero como presidenta, entre 2007 y 2015, y después como vicepresidenta, desde 2019, ha intentado sin éxito reformar el sistema judicial. Hace dos años, el último proyecto presentado por el Ejecutivo argentino buscaba diluir el poder de los 12 jueces federales de Comodoro Py, sobre los que recaen los juicios por presuntos delitos perpetrados por políticos. El texto presentado ante el Congreso proponía una gran reorganización y ampliación de la justicia federal penal, que implicaba el nombramiento de 23 nuevos magistrados.
La Corte Suprema, el gran enemigo
Además de los tribunales federales, por los que han pasado las cinco causas abiertas contra Kirchner, el otro gran enemigo declarado de la vicepresidenta es la Corte Suprema. El máximo tribunal argentino tendrá la última palabra sobre la causa Vialidad, en la que Kirchner y varios colaboradores fueron declarados culpables de defraudar cerca de 1.000 millones de dólares a través de adjudicaciones de obras públicas viales en la provincia patagónica de Santa Cruz.
Sin los votos suficientes para sacar adelante las propuestas de reforma, Kirchner arremete contra los jueces a través de las redes y de sus comparecencias públicas. En el discurso que dio tras la condena, la mayoría de dardos estuvieron dirigidos el grupo de magistrados que participó de un viaje a la Patagonia en octubre junto a directivos del Grupo Clarín, políticos opositores y exagentes de inteligencia. La filtración de un chat de Telegram obtenido a través del hackeo de uno de los celulares sacó a la luz los intentos de los participantes por ocultar que habían sido invitados a la estancia en Lago Escondido del millonario inglés Joe Lewis, cercano al expresidente Mauricio Macri. Entre los jueces que participaron del viaje estaba Julián Ercolini, a cargo de la instrucción de la causa Vialidad.
El viaje, dijo Kirchner, es “la confirmación de un sistema paraestatal donde se decide sobre la libertad de la vida de los argentinos”. “La familia judicial en su máximo esplendor. Este es el sistema que funciona bajo la pomposa figura de poder judicial”, añadió.
El Gobierno ha denunciado este miércoles a los participantes del viaje ante la justicia penal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas. La justicia deberá decidir en qué jurisdicción recae la investigación, ya que ya hay una causa abierta en la ciudad patagónica de Bariloche.
La fiscal a cargo de esta última imputó este miércoles a los ocupantes del avión privado que aterrizó en Bariloche el 13 de octubre: el juez Ercolini; sus colegas Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el empresario Tomás Reinke y el exfuncionario de los servicios de inteligencia Leonardo Bergroth.
La contracara de la ofensiva kirchnerista contra la justicia han sido los numerosos mensajes de apoyo lanzados desde las filas opositoras. Aplauden un “fallo histórico”, que por primera vez ha condenado a una vicepresidenta en ejercicio, y al que consideran un gran paso contra la impunidad.
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