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Alberto Fernández sufrió un nuevo revés. La Corte Suprema de Argentina decidió que el gobierno nacional no podía ordenar el cierre de las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pese a la emergencia sanitaria, porque ello suponía vulnerar derechos constitucionales. Se esperaba un fallo en ese sentido. Menos previsible fue la furiosa reacción del presidente y de su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quienes acusaron a la Corte de golpismo y “decrepitud”. La guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial alcanzó un punto crítico.
La expresidenta y actual vicepresidenta se desató a través de su cuenta de Twitter. “Está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño”, dijo, comparando el fallo de la Corte Suprema con pasados golpes militares. “La Corte Suprema acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias”, añadió. Luego ironizó con que para gobernar el país, más que ganar unas elecciones, lo mejor era “presentarse a concursar por un cargo de juez”.
El presidente Alberto Fernández tampoco se contuvo. “Yo soy un hombre de derecho, respeto las sentencias judiciales, pero no saben lo que me apena la decrepitud del derecho convertida en sentencia; es el tiempo que me ha tocado y también tenemos que luchar contra eso”. Y aseguró que iba a seguir “cuidando la salud de los argentinos y las argentinas por más que escriban muchas hojas de sentencias”.
Al oficialismo le dolió profundamente su derrota judicial frente al jefe de gobierno de Buenos Aires, el macrista Horacio Rodríguez Larreta, quien optó por mantener abiertas las escuelas de su circunscripción después de que la Casa Rosada emitiera, el pasado 14 de abril, un Decreto Nacional de Urgencia en el que se establecía un toque de queda a partir de las 20 horas y se ordenaba el cierre de los establecimientos educativos. Alberto Fernández quería frenar el vertiginoso aumento de los contagios en el área metropolitana bonaerense. Larreta argumentó que no se había demostrado que las escuelas fueran un foco pandémico y que, en último término, la decisión le correspondía a él, por la autonomía que la reforma constitucional de 1994 había conferido a la capital del país.
Cuatro de los cinco miembros de la Corte Suprema (hubo una abstención) coincidieron en que la ciudad de Buenos Aires disfrutaba de derechos federales similares a los de las provincias (el asunto viene discutiéndose desde 1994) y que el fallo debía establecer jurisprudencia para el futuro. Criticaron la redacción del Decreto Nacional de Urgencia, ya decaído y sustituido por otro, y no consideraron válido el argumento gubernamental de que la ciudad y la provincia de Buenos Aires debían marchar al mismo paso porque el territorio que comparten, la llamada Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), era el principal foco de contagios del país. Según la Corte Suprema, el AMBA es una entidad administrativa sin entidad institucional, por lo que prevalecen los derechos capitalinos.
La provincia de Buenos Aires es el gran bastión del peronismo kirchnerista y su gobernador, Axel Kicillof, muy cercano a la vicepresidenta, fue quien más presionó a Alberto Fernández para que cerrara las escuelas de todo el país. Necesitaba atajar la oleada pandémica y prefería que fuera la Casa Rosada quien asumiera los costes políticos. En realidad, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof se han convertido en un poder fáctico capaz de imponer decisiones al presidente, o anulárselas, como se demostró hace unos días cuando Alberto Fernández ordenó la destitución del subsecretario de Energía y el dúo Cristina-Axel, por el contrario, ordenó al subsecretario que permaneciera en su puesto. El subsecretario, Federico Basualdo, sigue en su despacho.
El fallo de la Corte Suprema y la posterior reacción del presidente y la vicepresidenta elevaron la intensidad del conflicto que enfrenta al poder ejecutivo con el poder judicial. Las múltiples causas abiertas contra Cristina Fernández de Kirchner por diversos presuntos delitos, entre ellos los de corrupción y enriquecimiento ilícito, están en el origen de una crisis que erosiona la estructura institucional del país. Fue significativo que, pese a la gravísima situación económica de Argentina, la de la justicia fuera la primera gran reforma que acometió la administración peronista.
El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ya se había anotado el éxito político de enarbolar la bandera de la educación al desobedecer el decreto de Fernández. El fallo de la Corte Suprema le fortalece como primera figura de la oposición y como probable candidato para las elecciones presidenciales de 2023.
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