El Gobierno sigue digiriendo el varapalo judicial que el Tribunal Constitucional le propinó al anular parcialmente el decreto del estado de alarma, la medida estrella aplicada para combatir en los primeros y peores momentos el drama de la pandemia de la covid-19. El Ejecutivo avanzó el miércoles que quería estudiar al detalle la resolución de esa sentencia, que tumbó tres apartados clave del artículo que restringía la movilidad de personas y vehículos durante el confinamiento de 2020, pero una de sus ministras de Estado, la titular de Defensa, Margarita Robles, no se limitó este miércoles a reflejar que no compartía esa posición sino que lanzó algo más que un dardo a los seis magistrados del tribunal que apoyaron la declaración de inconstitucionalidad.
”No me atrevo a hacer valoraciones en ese sentido, cada uno sabrá su propia responsabilidad”, afirmó Robles. “Lo que sí que digo es que cuando uno está en un órgano como el Tribunal Constitucional tiene que tener un sentido de Estado, tiene que saber cuál es la realidad, y el propio Tribunal Constitucional dijo [en un auto en abril de 2020] que el confinamiento era la única medida adecuada”, añadió la ministra y continuó así la polvareda política que ha levantado la sentencia del Constitucional que tumbó el miércoles por seis votos a favor y cinco en contra el artículo 7 del confinamiento domiciliario en España bajo el paraguas del estado de alarma.
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En el argumentario del Gobierno se subraya que el decreto de alarma no solo fue necesario, sino que sirvió para salvar en el punto álgido de la pandemia miles de vidas. Y lo que hizo este miércoles la ministra y juez Margarita Robles fue tildar las posiciones de los magistrados que apoyaron la inconstitucionalidad del decreto como “elucubraciones doctrinales que están muy bien, pero no deberían plasmarse en sentencias”.
La titular de Defensa añadió, durante una entrevista en la SER, su percepción de que este tipo de pronunciamientos no tienen el mismo sentido alejados de los hechos: “Cuando ha pasado ya tanto tiempo, cuando ese estado de alarma ha terminado, sembrar estas dudas, estos debates doctrinales que creo que son más propios del ámbito de la cátedra que de otro, bueno, pues yo lo respeto pero obviamente no lo comparto”.
Más allá fue su compañera de Gobierno Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que este jueves ha afirmado en TVE que el fallo del Constitucional revela que hay un “problema” con la Justicia y que los jueces “hacen oposición al Gobierno”. La ministra, secretaria general de Podemos, el socio minoritario del Ejecutivo, ha añadido que respeta la sentencia aunque no la comparte, y ha incidido en uno de los argumentos que el Gobierno lleva usando desde el miércoles, esto es, que el estado de alarma logró salvar miles de vidas gracias a la rapidez con la que se usó para contener la primera ola de la pandemia. Belarra ha calificado de “incomprensible” el fallo y ha afirmado que es “una urgencia” renovar el Consejo General del Poder Judicial —el órgano de gobierno de los jueces, que está en funciones desde hace dos años y medio porque su renovación está bloqueada— para que los órganos judiciales actúen como “poderes independientes que tienen que ser”.
En La Moncloa se continúa analizando la resolución del largo debate mantenido por los magistrados del Constitucional y se está a la espera de escudriñar la sentencia para sopesar futuros pasos. Por el momento no se ha comenzado ni siquiera a sondear posibles medidas o actuaciones ni con los socios parlamentarios ni con los partidos de la oposición, que este miércoles se mostraron dispuestos a negociar alternativas, pese a sus duras declaraciones de ataque al presidente y al Gobierno.
Pablo Casado, a la salida precisamente del homenaje de estado a las víctimas del coronavirus, lamentó como “muy preocupante” que el Ejecutivo pusiera en duda la sentencia del Constitucional como hizo en su día con la posición contraria del Supremo sobre los indultos a los líderes independentistas catalanes. Y acusó al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de usar la pandemia para ampliar su poder. El presidente del PP volvió a reiterar su oferta de mano tendida, pero para negociar la propuesta que lleva defendiendo sin éxito desde el último año: “España necesita urgentemente un marco legal para contener los contagios de esta pandemia. Llevamos más de un año pidiéndolo, lo hemos registrado dos veces en el Congreso, lo hemos elaborado con los mejores juristas, hemos seguido las recomendaciones de la UE y los tribunales y la sentencia ratifica nuestra posición”, dijo.
Fuentes de la dirección del PP precisaron, sin embargo, que más que una ley general de pandemias “lo que se debería afrontar ahora de manera rápida, urgente y con varios partidos sería una reforma de la ley 3/1986 de Medidas Especiales de Salud Pública y en la misma introducir una buena definición clara de lo que es una pandemia, como marca la Organización Mundial de la Salud, y las actuaciones y limitaciones que podría ejecutar el Gobierno”.
Los intentos en ese sentido hasta ahora han sido frustrados. Ciudadanos y otras formaciones como Vox, pero también partidos nacionalistas, han expresado repetidas veces en el Congreso sus reparos a conceder más poder unilateral al Ejecutivo con una norma de ese tipo, como sí tienen países europeos vecinos.
Dirigentes del PP y Ciudadanos han mostrado en conversaciones bilaterales sus discrepancias en ese sentido, incluso hasta ayer mismo durante el homenaje a las víctimas y tras conocer la sentencia del Constitucional. En el PP entienden que ante crisis sanitarias de este calado la autoridad sanitaria central debería disponer de más capacidad de actuación y autonomía. Cs recela.
El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, sostiene que una regulación de esa importancia y con una suspensión o limitación de derechos tan básicos no se puede anclar en una ley ordinaria de salud pública como pretende el PP. Bal recuerda sus negociaciones con la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, tanto en las prórrogas del estado de alarma como para los Presupuestos, en las que estudiaron el derecho comparado europeo y constataron que en países como Alemania existen estadios intermedios entre el estado de alarma y el de excepción, que es el que ahora propugna la sentencia del Constitucional. En Alemania esa posibilidad se considera “estado de emergencia interno”. En Ciudadanos preferirían abordar la reforma consensuada de la ley 4/1981 sobre el estado de alarma para apostillar mejor su artículo 11 sobre las medidas a adoptar en esos casos y con qué condiciones.
Las palabras de Casado no encontraron la respuesta de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que no quiso contestar a las críticas del líder de la oposición al estar ambos en el día en el que el Estado homenajeaba a las víctimas de la covid. “Creo que desde la política hay que estar a la altura del país, y para estar a la altura del país, hoy hay que estar al lado de las víctimas”, afirmó la portavoz.
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