Rishi Sunak ha atado su mandato, a base de promesas cada vez más ambiciosas, a la resolución de la crisis de los inmigrantes. Y no descarta ninguna estrategia. Primero fue la idea de enviar a Ruanda a todos los que alcanzaran las costas británicas de manera irregular, un proyecto que sigue adelante. Ahora, el Ministerio del Interior se dispone a instalar a los recién llegados a una enorme embarcación, el Bibby Stockholm, para evitar que pongan pie en suelo inglés. “No podemos seguir manteniendo una situación en la que se gastan seis millones de libras esterlinas diarias [6,8 millones de euros] en hoteles para inmigrantes ilegales. Prometí que haría todo lo necesario para acabar con esto y para reducir la presión sobre las comunidades que deben convivir con esos hoteles. Por eso, estamos buscando alternativas como la embarcación que hemos anunciado hoy”, defendió Sunak el proyecto el jueves.
En la actualidad, hay más de 51.000 inmigrantes a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo, en casi 400 hoteles a lo largo del Reino Unido.
El Bibby Stochkolm no es una nave convencional. No tiene el aspecto de un navío de crucero o de un buque militar. Es más bien un inmenso edificio flotante —una prisión flotante, según sus críticos—, de forma rectangular, con 222 habitaciones, bar y gimnasio. Permanecerá anclado en el puerto de Portland, en la ciudad costera de Weymouth, al sur de Inglaterra. El Gobierno británico confía en poder alojar allí a hasta 500 varones adultos, al menos durante un año y medio.
La embarcación es propiedad de la compañía Bibby Marine, radicada en la ciudad de Liverpool, pero opera bajo bandera de Barbados. “Ya ha alojado de manera muy confortable, en anteriores ocasiones, a trabajadores de la industria de la construcción o a personal militar”, ha defendido la compañía. A principios de la década de los 2000, el Gobierno holandés contrató esa misma residencia flotante para alojar a los solicitantes de asilo, y acabó desmantelando la infraestructura después de recibir numerosas críticas por el ambiente opresivo que acabó desarrollándose en la nave.
Los municipios de la zona, las organizaciones de ayuda a los refugiados, y algún que otro diputado conservador —no muchos, la verdad— han criticado el nuevo plan. “Una residencia flotante no es capaz de facilitar el apoyo, la dignidad o el respeto que merecen estas personas”, ha dicho Enver Solomon, director ejecutivo de Refugee Council. “Este tipo de alojamientos no sirve para ofrecer la ayuda que necesitan todas esas personas que han sufrido el trauma de tener que abandonar sus hogares”, ha dicho Christina Marriott, directora ejecutiva de Estrategia y Comunicación de la Cruz Roja británica.
Las objeciones humanitarias se suman a las relativas al coste económico o de tensión social que puede tener el nuevo experimento, que son la principal preocupación de los políticos locales del condado de Dorset, donde está la ciudad de Weymouth. “Estamos contemplando todo tipo de respuestas, incluidas las de acudir a los tribunales. Queremos que este proyecto se arroje a la basura antes siquiera de que se firme ningún compromiso”, ha dicho el diputado conservador Richard Drax, que defiende los intereses de la circunscripción afectada. “Weymouth es un lugar de veraneo que depende casi en exclusiva de los turistas. No creo que sea inteligente llevar allí a 500 o más inmigrantes. Ya sabemos que en otros sitios se han desvanecido de los hoteles, y en algunos casos se han transformado en bandas de delincuentes”, ha sugerido Drax, con el propósito de incendiar el debate entre sus compañeros conservadores.
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Las autoridades portuarias, sin embargo, han defendido un proyecto que puede ingresar capital diario en su negocio. “Animo a todos los miembros de nuestra comunidad a mirar este asunto con la mente abierta”, ha pedido Bill Reeves, director ejecutivo del puerto de Portland, que ha prometido a su vez una implicación directa y estrecha de vecinos y voluntarios en las decisiones que se adopten.
Sunak, a la desesperada
En lo que va de año, casi 4.000 personas llegaron en patera a las costas británicas a través del canal de la Mancha. Son cifras casi insignificantes, en comparación con el desafío al que hacen frente los países del sur de Europa, pero la inmigración es un asunto altamente tóxico en la política británica, como ya se comprobó durante la campaña del referéndum del Brexit. Los sociólogos calculan que prácticamente la mitad del electorado, conservador o laborista, sitúa este asunto en la lista de sus prioridades a la hora de votar. Si en 2018 fueron apenas 300 los que atravesaron el canal, el año pasado superaron los 40.000. En lo que va de 2023, son ya más de 4.000 los inmigrantes llegados a través del mar.
Sunak ha ido incrementando, casi a la desesperada, las medidas para hacer frente a este incremento de cifras. Acaba de presentar una nueva ley, criticada por todas las organizaciones humanitarias, que impide automáticamente que las personas que llegan al país de modo irregular puedan solicitar asilo. En la terminología del Gobierno conservador, contraria a las recomendaciones de la ONU, son “ilegales” que no merecen el acceso al trámite administrativo de otros refugiados. Salvo excepciones como los menores, o los que huyen de una grave persecución, los recién llegados serán expulsados de inmediato, según dispone la nueva ley.
Downing Street mantiene además los planes para comenzar a deportar a muchos de los inmigrantes irregulares al país africano de Ruanda, con cuyo Gobierno firmó el año pasado el entonces primer ministro, Boris Johnson, un acuerdo de colaboración. El Alto Tribunal del Reino Unido ha defendido la legalidad de las deportaciones, en contra de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en junio, de frenar el despegue hacia aquel país del primer avión con inmigrantes.
Pero a pesar de que Sunak ha logrado recomponer las relaciones con sus socios europeos, sigue sin lograr que el Gobierno de Francia admita la devolución de los inmigrantes que llegan al Reino Unido desde sus costas. El Ejecutivo de Emmanuel Macron ha dejado ya claro al británico que el asunto solo puede ser decidido por aquella institución a la que compete: la Unión Europea. A cambio, Macron se comprometió con Sunak a incrementar la cooperación y los recursos destinados a vigilar conjuntamente las playas francesas de las que parten la mayoría de las pateras.
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