El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calcula que algo más de 400 migrantes no han podido acceder al sistema nacional de acogida por la negativa de Andalucía a realizarles una prueba PCR. La región, que desconoce el origen de la cifra, asegura que seguirá haciendo test sólo a quienes presenten síntomas y sus contactos estrechos. Las asociaciones critican la descoordinación institucional y el Defensor del Pueblo solicita que haya un acuerdo entre administraciones.
La secretaria de Estado para las Migraciones, Hana Jalloul, ha solicitado a la Junta de Andalucía que “reconsidere su posición” y realice PCR “porque no puede quedarse nadie fuera del sistema de acogida”. En declaraciones a la Ser, Jalloul ha asegurado que la región andaluza es la única que no hace estas pruebas a migrantes que llegan en patera, mientras que el resto de las comunidades -Murcia, Canarias, Islas Baleares y Valencia- sí las están realizando. Y que la ausencia de estos test -y, por tanto, un documento que acredite el negativo en el PCR- ha impedido a más de 400 personas acceder a centros de acogida que gestionan organizaciones como Cruz Roja.
El enfrentamiento entre las administraciones nació el pasado 25 de julio, cuando la Secretaría de Estado de Migraciones publicó un protocolo en el que se exigía la realización de pruebas PCR a todas las personas migrantes que llegaran de manera irregular a sus costas. Descargaba esa tarea en las comunidades autónomas por ser una competencia sanitaria, pero Andalucía se negó. “Nos movemos entre la evidencia científica y el criterio epidemiológico, no con el criterio del Ministerio de Inmigración”, ha explicado la viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, que ha respondido que continuarán haciendo test rápidos masivos pero PCR solo a personas que lleguen con síntomas y a quienes viajen en la misma patera.
García también ha puesto en duda que haya 400 personas fuera del sistema de acogida por no tener la prueba. Así, ha preguntado a la secretaria de Estado de Migraciones dónde están y, también, que está dispuesta a incluirlos un centro de la administración autonómica. “Y hoy mismo están bajo techo”, ha subrayado. No es precisamente la respuesta que recibió la semana pasada un grupo de 12 migrantes que durmió en un parque de Almería por no poder acceder a un recurso de acogida. Estas personas han ido buscando sus propias soluciones o han seguido su viaje hacia el norte, pero dos han seguido en Almería. Según la asociación Barbecho, que denunció el caso la semana pasada, ambos han sido sometidos ya a un PCR y tendrán los resultados en las próximas horas, por lo que ya podrán pasar a un recurso de acogida o a un centro en el que cumplir la cuarentena en caso de positivo.
Andalucía Acoge solicitó por carta al Ministerio y la Junta de Andalucía que asuman sus competencias y pongan solución a la situación que “coloca a las personas migrantes en una situación de absoluta vulnerabilidad, poniendo en riesgo la salud y contribuyendo a la estigmatización de este colectivo”, como ha dicho la Unión Progresista de Fiscales en un comunicado. El Defensor del Pueblo ha criticado la “ausencia de coordinación eficaz” y ha pedido a Gobierno y comunidades que asuman sus competencias.
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