La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este jueves en Madrid.Marta Fernández Jara (Europa Press)
La negociación sobre la reforma laboral encara su recta final. El Gobierno y los agentes sociales han mantenido este viernes un nuevo encuentro que el Ministerio de Trabajo valora positivamente. Fuentes sindicales han señalado que no ha habido “avances significativos”, aunque admiten que acaban la semana con más optimismo que al comenzarla. La discusión sigue centrada en la temporalidad y la regulación de los contratos eventuales, como admitió este jueves la vicepresidenta Yolanda Díaz. El Ejecutivo y los sindicatos quieren que los contratos indefinidos sean la norma común del mercado laboral y que solo se pueda recurrir a empleados temporales bajo circunstancias muy acotadas. Cuando quedan tres semanas justas para que expire el plazo que el Gobierno había comprometido con la Unión Europea, los participantes en la mesa han acordado reunirse a diario a partir del próximo lunes para acelerar la búsqueda de un consenso.
El pasado martes, cuando se celebró una reunión por videoconferencia al caer en medio del puente, el Gobierno perfiló el mecanismo que quiere usar para restringir la temporalidad. Contrariamente a una propuesta anterior que apostaba por poner topes de contratos eventuales en función del tamaño de las empresas, lo que no gustaba a los agentes sociales, abogó por fijar un límite de días al año en que las compañías pueden recurrir a este tipo de contrataciones. Pero los 90 días que planteaba son pocos para la patronal y demasiados para los sindicatos. Estos últimos, además, quieren que el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma que se reformará para modificar el modelo de mercado laboral, recoja un régimen de sanciones duro en el caso de que las empresas abusen de la temporalidad.
“Para UGT es primordial, al tiempo que se regula la contratación temporal para que dé respuesta a las necesidades objetivas de las empresas, que se regulen con la misma intensidad las sanciones asociadas al uso fraudulento de la contratación temporal”, indica una fuente de ese sindicato. Las consecuencias de ese fraude, abundan en los sindicatos, deben ser también jurídicas y piden que la nulidad de extinción de un contrato temporal implique readmitir al trabajador afectado como indefinido. Estas cuestiones, que no figuraban en el borrador que el Gobierno llevó a la negociación el martes ni en el documento que la CEOE presentó la semana pasada, ya han estado sobre la mesa de negociaciones en la última reunión y los sindicatos entienden que superarán los escollos de la negociación.
Pero el tiempo apremia y aún quedan muchos flecos. “La mesa de diálogo social ha continuado abordando materias como la temporalidad, la contratación de fijos discontinuos y aspectos de la negociación colectiva”, indica una portavoz del Ministerio de Trabajo, que añade que “se avanza de manera positiva en la redacción del texto”. El contrato fijo discontinuo es la figura a la que el Gobierno quiere que se recurra en sectores como el turístico, que frecuentemente emplea más fuerza laboral en determinados meses. Una de las discrepancias respecto a este asunto es, por ejemplo, cómo se calcula la antigüedad de esos trabajadores. La patronal rechaza la idea del Ejecutivo y de los sindicatos de que los periodos de inactividad computen igual que aquellos en que el empleado fijo discontinuo está trabajando. El último encuentro ha servido también para fijar posiciones sobre el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Modificarlo para que los convenios sectoriales tengan preeminencia sobre los de empresa es un caballo de batalla de las centrales sindicales desde hace años. De nuevo, no hay consenso todavía, pero la sensación es que no se trata de un obstáculo insalvable.
Para fijar la redacción definitiva —el Gobierno envía prácticamente a cada reunión una nueva versión del borrador con los cambios exigidos por sindicatos y representantes empresariales—, la mesa de diálogo social prevé reunirse a partir de ahora de manera diaria. Eso es lo que se ha hablado, aunque formalmente el único encuentro que hay convocado ahora mismo es el del próximo lunes por la mañana. Pero fuentes próximas a la negociación incluso vislumbran la posibilidad de cerrar el acuerdo en la próxima semana. En el Ejecutivo prefieren no poner una fecha concreta y se remiten a la promesa expresada de tener la reforma publicada en el Boletín Oficial del Estado antes del 1 de enero. Previamente a ese paso, el texto tendría que ir al Consejo de Ministros, ser revisado por los servicios jurídicos y cumplir con otros trámites ordinarios.
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Acerca de los plazos de la negociación, la Comisión Europea ha aclarado este viernes que el límite del 31 de diciembre no es una fecha rígida sin posibilidad de moverse y no solo para la reforma laboral, sino para todos los hitos recogidos en los planes de recuperación, informa Manuel V. Gómez. “Son fechas indicativas, lo importante es que todos los Estados miembros se esfuercen para asegurar la implementación oportuna de las reformas y las inversiones a que ellos se han comprometido”, señalan los portavoces oficiales del Ejecutivo comunitario. Otras fuentes concretan que esas “fechas indicativas” no suponen que un país pueda presentar el compromiso meses después, sino que tiene un margen de semanas: “Es mejor un buen acuerdo que una mala solución si se trata de unos días”.
En línea con esto, la respuesta oficial de la Comisión es que “los Estados miembros pueden decidir cuándo piden sus pagos, aunque solo pueden hacerlo dos veces al año”. “Nosotros instamos a que lo hagan solo cuando todos los compromisos y objetivos relevantes del desembolso requerido se hayan cumplido de acuerdo a las exigencias del Consejo Europeo”, concretan.
A comienzos de diciembre, Bruselas dio el visto bueno al primer pago del plan de recuperación español, 10.000 millones. Ahora es el Comité Económico y Financiero del Consejo Europeo quien está analizando la petición, y tiene cuatro semanas para pronunciarse. No obstante, varias fuentes de la Unión aseguran que el plácet definitivo, muy probablemente, llegará antes de acabar el 31 de diciembre, lo que convertirá a España en el primer Estado que recibe uno de los pagos oficiales del Fondo de Recuperación y Resiliencia.
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