El Ministerio de Educación va a regular por primera vez la forma de aprender en la escuela del primer ciclo de Educación Infantil, que abarca a los niños de cero a tres años, dándole un enfoque claramente educativo. El borrador del nuevo decreto de currículo de la etapa, al que ha tenido acceso EL PAÍS, establecerá, además, la obligación de que los equipos docentes de ese ciclo y los del siguiente (el de tres a seis años) se coordinen para mejorar la transición del alumnado. El cambio refuerza la importancia de la primera escolarización, a la que durante mucho tiempo se le atribuyó una función básicamente de cuidados, pero a la que los expertos consideran ahora muy importante para la trayectoria posterior de los niños, sobre todo los que viven en entornos socioculturalmente menos favorecidos.
El decreto configura la Educación Infantil desde los cero a los seis años “como una etapa educativa única, con identidad propia, organizada en dos ciclos que responden ambos a una misma intencionalidad educativa”. En las regulaciones anteriores, el ministerio solo se refería al segundo ciclo de infantil, dejando la regulación de la primera etapa a las comunidades, en un reflejo de la escasa consideración que se le daba. El Gobierno remitió hace unos días la primera versión del decreto a las autonomías, que harán ahora alegaciones. En esta etapa hubo el último curso 1,6 millones de alumnos, de los que casi 400.000 eran menores de cuatro años.
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Álvaro Ferrer, coordinador de un amplio informe que Save the Children dedicó en 2019 a la situación de la etapa en España, señala que “uno de los problemas del primer ciclo de infantil es que, al no estar plenamente integrado en el sistema educativo, ha quedado históricamente en un limbo”.
El contenido del decreto debe aplicarse en todos los cursos, señala el texto, adaptándose a la edad de los niños. Además de educar en los terrenos de la “gestión emocional”, el movimiento, la comunicación, el lenguaje, “las pautas elementales de convivencia y relación social” y el “descubrimiento del entorno” y de los “seres vivos que en él conviven”, la etapa deberá contribuir a que adquieran “autonomía personal y elaboren una imagen de sí mismos positiva, equilibrada e igualitaria, libre de estereotipos sexistas o discriminatorios”.
La matriculación del primer ciclo de Educación Infantil ha crecido mucho en las últimas dos décadas —aunque el curso pasado sufrió un descalabro por la pandemia—. Pero Ferrer advierte de que, además de seguir expandiéndose, es urgente reforzar la calidad de la atención educativa que reciben los niños. La patronal mayoritaria del sector, Acade, denuncia por su parte la existencia de centros irregulares, que funcionan al margen de las normativas. El nuevo decreto subraya que los métodos de trabajo en la etapa deberán basarse en “experiencias de aprendizaje emocionalmente positivas” y en el juego, aplicados en un ambiente “de afecto y confianza para potenciar su autoestima e integración social y el establecimiento de un apego seguro”, asegurando “desde el primer contacto una transición positiva desde el entorno familiar al escolar”.
El nuevo decreto fijará las llamadas enseñanzas mínimas de infantil. Estas equivalen a la mitad del currículo (cómo se aprende y evalúa) de la etapa. El resto será completado por cada comunidad para su ámbito territorial, dejando una parte a las propias escuelas con el fin de que lo adapten “a las características de los niños y niñas y a su realidad socioeducativa”. Se trata del mismo reparto de competencias que se aplicará a todas las etapas. El nuevo currículo empezará a aplicarse en septiembre del año que viene, durante el curso 2022-2023.
Los contenidos de infantil se organizarán en tres áreas (el equivalente, salvando las distancias, a lo que en etapas educativas posteriores son las materias). Las áreas se llamarán: “Crecer en armonía”, “Descubrir, disfrutar y explorar el entorno” y “Comunicar y representar la realidad”.
Evaluación mediante la observación
Las autonomías deberán establecer sistemas para detectar de forma temprana los problemas de aprendizaje que presente el alumnado, y crear programas de “intervención precoz”, señala el borrador de decreto. La evaluación, que tendrá como principal técnica la observación directa y sistemática del alumno, se dirigirá “a identificar las condiciones iniciales individuales y el ritmo y características” en la “adquisición de las competencias”.
El decreto establece la obligación de que los equipos docentes de los dos ciclos de infantil se coordinen. Estos, con frecuencia, están separados entre las escuelas infantiles de cero a tres años (guarderías) y los colegios, con las clases de tres a seis años. Al finalizar la etapa, el tutor deberá redactar un informe “sobre el desarrollo y necesidades de cada alumno” para mejorar la transición a primaria.
Infantil ha sido en los últimos años una de las grandes apuestas educativas del Gobierno, junto a la Formación Profesional (FP). El ministerio prevé crear entre este año y 2023 un total de 65.000 nuevas plazas públicas. El decreto prevé que el Ejecutivo y las comunidades autónomas establezcan un plan que “tenderá a la progresiva extensión de la gratuidad al primer ciclo [de infantil], priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social”. La pandemia ha dibujado un escenario mucho más complejo en la etapa, al haber provocado una fuerte caída de la matriculación del primer ciclo de infantil (que ha perdido 80.000 alumnos este último curso), haber hundido la natalidad y reducido el empleo de los padres. Ello ha tenido consecuencias graves para las escuelas infantiles privadas, a las que pertenecen casi la mitad de las plazas cubiertas este curso.
Más autonomía para los colegios en primaria
El Ministerio de Educación apoya las metodologías activas en el nuevo borrador de decreto de currículo de primaria que ha remitido a las comunidades autónomas y al que también ha tenido acceso este diario. En los centros, señala el texto, “se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas”, con el objetivo de “fomentar la integración de las competencias”, así como de reforzar “la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad” de los alumnos.
Las autonomías deberán dejar que los colegios establezcan una parte del currículo. Y además “impulsarán que los centros establezcan medidas de flexibilización en la organización de las áreas, las enseñanzas, los espacios y los tiempos y promuevan alternativas metodológicas” con el objetivo de “personalizar” la enseñanza.
La apuesta por la autonomía de los centros educativos, una de las parcelas en las que España se encuentra rezagada, según recuerda regularmente la OCDE, queda patente en el artículo 17.6 del borrador de decreto. “Los centros podrán adoptar experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario lectivo”, así como mezclar asignaturas, en los términos en que lo establezcan sus comunidades. Dicha autonomía, continúa el texto, tendrá como límites el cumplimiento del resto de normativas (menciona expresamente la laboral) y no podrá suponer “discriminación de ningún tipo”, ni implicar “la imposición de aportaciones” económicas a las familias.
La Educación Primaria se dividirá en seis áreas: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, Educación Artística, Educación Física, Lengua (castellana y, donde la haya, cooficial), Lengua Extranjera y Matemáticas. En quinto o sexto se dará también Educación en Valores Cívicos y Éticos, y las autonomías podrán añadir otra lengua u otra “área transversal”. El currículo entrará en vigor en el curso 2022-2023.
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