Bolivia se aproxima a las elecciones con los nervios de punta. La atmósfera política en los días previos a los comicios del 18 de octubre se ha cargado de volatilidad por las decenas de incidentes violentos entre militantes, protestas contra el Tribunal Electoral, amenazas del Gobierno al Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales, la promesa de los dos principales partidos de que defenderán sus eventuales victorias en las calles y una acusación judicial “de último momento” contra Luis Arce, el candidato del MAS y favorito en las encuestas.
El Gobierno interino de Jeanine Áñez y el MAS se acusan mutuamente de conspirar en contra de la realización pacífica de las elecciones. “Si los violentos nos provocan habrá consecuencias”, dijo la presidenta interina. “Así que mejor respeten la democracia, respétennos a los bolivianos que queremos vivir en paz, porque no se lo vamos a permitir”, amenazó.
Previamente, un dirigente del MAS había declarado que “al primer intento de la derecha de hacer fraude, el pueblo boliviano en las calles recuperará el poder”. Expresaba así su suspicacia por el viaje del ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, a Estados Unidos, donde se reunió con representantes del Gobierno de Donald Trump y con Luis Almagro, el secretario General de la Organización de Estados Americanos. Esta institución cumplió un papel clave en la denuncia fraude durante las elecciones del año pasado, que concluyó en el derrocamiento de Morales y su salida al exilio. De vuelta en el país, Murillo volvió defender su tesis de que el MAS no reconocerá su derrota electoral y que “está gestando una convulsión”. El ministro advirtió de que la Policía está siendo armada y que “a la democracia se la va a respetar al precio que tenga que ser”. Como respuesta, el candidato Arce envió una carta a cuatro organismos internacionales para llamar su atención sobre los riesgos que corre la democracia boliviana. Denunció que el ministro de Gobierno de Bolivia pretende “descarrilar el proceso electoral” con “provocaciones”.
El expresidente Carlos Mesa, que va segundo en las encuestas, también cree que existe el riesgo de que el MAS convulsione al país en caso de que Arce no gane las elecciones. “Si esto se produce daremos una respuesta enérgica y vigorosa, pacífica y democrática. Esperamos que prime la cordura y que Arce y Evo Morales entiendan que ya no están dominando el país, que esto ya no es una finca masista y que la respuesta de los ciudadanos será muy clara y contundente”, declaró.
El presidente del Tribunal Electoral de Santa Cruz, Saúl Paniagua, denunció que él y su familia están siendo acosados por personas que no identificó. Grupos de manifestantes han estado “en vigilia” frente a la oficina de Paniagua para exigir que las autoridades electorales inhabiliten al MAS e impidan que participe en las elecciones. Las diversas demandas judiciales que se plantearon con este objetivo fueron rechazadas por los tribunales o no se tramitarán antes de estos comicios por razones procesales. De modo que el MAS seguirá en carrera, pero podría haber alegaciones posteriores.
El grupo parapolicial Resistencia Juvenil Cochala, que fue un importante protagonista de las protestas que antecedieron a la caída de Morales, acompaña la campaña electoral con ruidosas manifestaciones en Sucre, sede del Poder Judicial boliviano, exigiendo la renuncia del fiscal general, a quien acusan de proteger a los militantes del MAS en centenares de juicios. Evo Morales es acusado en más de una decena de ellos, por una gama de delitos que van del fraude y el terrorismo hasta el estupro.
El candidato Luis Arce también se halla involucrado en varios procesos judiciales y ahora deberá atender uno más. La Unidad de Investigaciones Financieras del Gobierno acaba de revelar todos los movimientos de sus cuentas bancarias desde 2006 hasta la actualidad y cree que existen suficientes irregularidades para sustentar una demanda por enriquecimiento ilícito. Voceros del MAS calificaron la acusación de “maniobra electoral” y recomendaron a las autoridades que se ocupen de atender la grave crisis que atraviesa el país en lugar de “malgastar el dinero público” en seguir tratando de perjudicar la candidatura de Arce.
El enfrentamiento entre bandos políticos no solo es retórico y judicial, sino también físico. Observadores internacionales contaron casi 30 enfrentamientos violentos entre militantes de los partidos durante los últimos días. En algunos hubo heridos y daños materiales. La violencia ha preocupado a la llamada “troika” de mediadores en la crisis boliviana, compuesta por la Unión Europea, Naciones Unidas y la Iglesia Católica. “La capacidad de diálogo y concertación debe ser el instrumento primordial para que, en un ambiente de unidad y respeto, se puedan resolver los temas de conflictividad y superar la polarización política”, dice una comunicación pública de estas instituciones.
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