A un mes y un día de la toma de posesión del presidente Gabriel Boric, su Gobierno ha enfrentado este martes una jornada compleja en el Congreso. Justo antes de que una comisión de Diputados comenzara a votar un nuevo retiro del 10% de los ahorros para las pensiones, a los que el Ejecutivo se negaba por su impacto negativo en la economía, La Moneda ingresó al Parlamento un proyecto alternativo que permite sacar estos fondos, pero con condiciones. Es un gesto de realismo político, aunque, al mismo tiempo, una muestra de las dificultades que tiene para ordenar a sus propias fuerzas políticas, que en los días previos no se cuadraron con las directrices de La Moneda y estaban –en buena parte– por aprobar el proyecto.
La intención de Boric y sus ministros apunta a que se le ponga bordes a este nuevo retiro y, a diferencia de lo que ha ocurrido en los tres anteriores –ya se han sacado unos 43.000 millones de dólares del sistema jubilatorio privado desde julio de 2020–, se destine para fines específicos como el pago de deudas de pensiones alimenticias, instituciones de salud, hipotecarias, de servicios básicos, financieras o para avanzar en la compra de una primera vivienda por el sistema estatal. No podrá ser inferior a unos 1.380 dólares ni superior a unos 5.900 dólares.
El ministro de Hacienda, el socialista Mario Marcel, símbolo de la responsabilidad fiscal, explicó que la propuesta del Gobierno que se estudia en el Parlamento representa no más de un 20% de lo que habría requerido un retiro masivo e incondicional. El economista dijo que como son recursos que no se usarían en consumo, como en las ocasiones anteriores, Chile no tendría “presión de demanda o efectos sobre tasas de interés”, que se encuentran en su mayor nivel desde 2009, un 7%.
Es un momento difícil para un Gobierno que, desde que llegó al poder, se había ordenado en torno a la posición de Marcel que, desde la época de presidente del Banco Central –un cargo que tuvo hasta enero pasado– alertó sobre las consecuencias negativas de estos retiros para la economía. Pero era un discurso que, políticamente, era complejo de sostener. En el Gobierno de Sebastián Piñera, cuando la izquierda estaba en la oposición, el actual oficialismo empujó los retiros de los ahorros previsionales en tres ocasiones, al igual que la derecha. Lo hizo el presidente Boric como diputado, al igual que dos de los principales ministros políticos de La Moneda, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, pese a que se han dedicado a explicar que las condiciones no son las mismas a los peores momentos de la pandemia.
Para los diputados de prácticamente todos los sectores, incluidos los de las fuerzas de Boric, resultaba casi imposible rechazar una iniciativa popular respaldada por un 66,5% de la ciudadanía, de acuerdo a la encuesta de Pulso Ciudadano de hace una semana.
La estrategia del Gobierno de Boric apunta no solo a evitar un descalabro en la economía, que dificultaría en mayor medida la agenda transformadora del presidente, sino a no provocar una herida política a Marcel y a otro de sus ministros de mayor relevancia, Jackson, que tiene en sus manos la relación con el Parlamento. De aprobarse el proyecto del nuevo retiro de los fondos de pensiones sin límite, sería un fuerte revés para ambos y para el propio Gobierno, a solo un mes de asumir el poder el pasado 11 de marzo. Este escenario, sin embargo, no parece probable, dado que el oficialismo se ha cuadrado en torno a la iniciativa oficialista dada a conocer este martes.
“A la hora de votar pensemos en qué es lo que le hace bien al país en el largo plazo”, aseguró el presidente, en un llamamiento a los diputados que ya estudian la iniciativa. La diputada comunista Karol Cariola, en tanto, informó que los diputados de su partido aprobarán la propuesta del Gobierno “porque está orientado a quienes más los necesitan”. Lo mismo se repetiría en el resto del oficialismo, aunque en el Congreso chileno nada se da por sentado.
Lo que ha sucedido en Chile muestra lo complejo que resultará para Boric ordenar a sus propias fuerzas en el Congreso, donde no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Es un mandatario arropado por dos coaliciones –una conformada por el Partido Comunista y el Frente Amplio y otra por el Partido Socialista y otras de las fuerzas que conformaron la Concertación de centroizquierda–, pero donde los partidos políticos finalmente no tienen el poder de antaño respecto de sus dirigentes.
La jugada de Boric ha levantado críticas desde diferentes sectores. Mientras la oposición habló de un proyecto “mentiroso y focalizado”, analistas políticos, como Max Colodro, han resaltado las incongruencias: “Un Gobierno progresista permite que los sectores de más altos ingresos retiren fondos de pensiones para saldar deudas comerciales sin pagar impuestos. De antología”, escribió en referencia a que la gente más necesitada ya no tiene ahorros previsionales. Pero los dardos han llegado de la propia izquierda. Para el alcalde comunista Daniel Jadue, que no ha escondido este mes sus diferencias con La Moneda, “el proyecto de retiro con fines específicos más parece un salvataje al sector financiero que a las necesidades ciudadanas. Las alzas en los precios no son necesariamente consecuencia de los retiros, sino pura especulación. ¡Hay que escuchar a la gente!”, escribió este martes.
El rechazo ha sido también técnico. Para el economista David Bravo, que lideró una comisión sobre las pensiones en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet –similar a la que el propio Marcel encabezó en el primer mandato de la socialista–, el proyecto del Gobierno resulta “lamentable”. “En vez de intentar cerrar una puerta que nunca se debió abrir, se envía un proyecto que abre una puerta oficial. La víctima: las pensiones y la seguridad social”, aseguró el académico de la Universidad Católica.
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