El Gobierno de Estados Unidos ha llegado a un histórico acuerdo con los sobrevivientes y familiares de las víctimas del tiroteo en una escuela secundaria de Florida en febrero de 2018. El Departamento de Justicia pagará 127.5 millones de dólares a los denunciantes después de que los agentes del Buró federal de Investigación, el FBI, no siguieran un par de pistas que alertaron sobre el “comportamiento errático” de Nikolas Cruz, el joven que mató a 14 compañeros y tres profesores en la localidad de Parkland. Este incidente cautivó a todo el país e inició un poderoso movimiento contra la violencia armada.
La noticia del acuerdo entre las partes ha sido confirmada por el Departamento de Justicia, aunque algunos detalles de las negociaciones aún quedan por cerrarse y son confidenciales. “Esta resolución es histórica y significa la culminación de un largo y continuo esfuerzo de las familias de Parkland por encontrar verdad y responsables”, ha asegurado en un comunicado la firma legal de los defendidos. Algunas fuentes judiciales han confirmado a la prensa que el monto final de reparación del daño podría variar en los próximos días una vez que se firme el contrato definitivo.
La demanda fue iniciada por 40 sobrevivientes y familiares de los fallecidos en la matanza del 14 de febrero de 2018. Estos habían acudido a los tribunales al saber que una persona cercana a Nikolas Cruz había llamado al FBI cinco semanas antes del tiroteo para denunciarlo. La llamada, recibida en una línea de información anónima, aseguraba que el joven, que tenía 17 años entonces, presumía su armamento en su cuenta de Instagram y que “entraría a la escuela y dispararía por todos lados”. “Va a explotar”, decía la denuncia, que también detallaba el pasado turbulento del estudiante y su propensión a la violencia pues le gustaba torturar animales. Cuarenta días más tarde Cruz explotó en la escuela Marjory Stoneman Douglas, donde había sido alumno.
El FBI reconoció dos días después de la matanza que había recibido la información, pero que sus agentes no habían seguido los protocolos de investigación. Ese no había sido el único dato recibido sobre Cruz, que en septiembre de 2017 había publicado un comentario en YouTube donde aseguraba que sería un “tirador profesional en escuelas”. Dos agentes entrevistaron al dueño del canal de la plataforma social, pero no recibieron información suficiente para conectar el alias con el joven perturbado.
La confirmación fue un duro golpe en el estómago para las familias, que lidiaban con el duelo repentino que dejan los tiroteos en Estados Unidos. Fred Guttemberg, el padre de una estudiante que falleció aquel día, recibió una llamada de los investigadores la noche que velaba a su hija. Al otro lado de la línea un agente admitía la falla. “¿Me está diciendo que si el FBI no se hubiera equivocado y hubiera hecho su trabajo antes mi hija seguiría con vida?”, preguntó Guttemberg. “Me temo que así es”, le respondieron, según afirma el texto de la denuncia.
Guttemberg fue uno de los 40 padres de familia que iniciaron el caso contra el Gobierno. El grupo ya ganó un caso por negligencia contra las autoridades escolares del condado de Broward, por el que recibieron 25 millones de dólares como monto de reparación de daños. Este es el segundo caso en menos de un mes donde el Gobierno de Estados Unidos llega a un acuerdo con víctimas de la violencia armada estadounidense. Hace unas semanas, el Departamento de Justicia acordó desembolsar 88 millones de dólares. Estos serán destinados a las familias de los fallecidos en un tiroteo en una iglesia afroamericana de Carolina del Sur, en 2015.
Cruz se declaró culpable de los 17 cargos de asesinato en octubre. También admitió su culpa en la acusación de intento de homicidio de otras 17 personas que fueron heridas aquella mañana. El asesino, no obstante, irá a juicio el próximo año. Allí el jurado determinará la sentencia para Cruz, que será al menos de cadena perpetua aunque también se enfrenta a la pena de muerte.
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