El Gobierno de Boris Johnson ha comenzado a cuestionar el precio que aceptó pagar a cambio de su anhelado Brexit. El negociador británico con la UE, David Frost, vincula el “purismo” ejercitado por Bruselas, en su exigencia de que se cumpla el Protocolo de Irlanda del Norte, con los recientes disturbios y la violencia que ha sufrido este territorio. Y ya ha advertido de modo velado que el Reino Unido no descarta desvincularse de los compromisos adquiridos si la Unión Europea no muestra más pragmatismo y flexibilidad.
La combinación puede ser peligrosa. Irlanda del Norte ha entrado en lo que se llama “la temporada de los desfiles”, que va de abril a agosto. Las diferentes órdenes unionistas salen a la calle para celebrar la histórica victoria de Guillermo de Orange sobre Jaime II, algo que durante décadas ha sido visto como una provocación por el lado republicano. Y han llegado además lo que el antiguo primer ministro irlandés, Bertie Ahern, figura fundamental en la conquista de la paz en esta región, llamaba las “noches blancas”. La luz del día se alarga, y muchos jóvenes desocupados caen en la tentación de incendiar las calles. Los estallidos de violencia de los últimos meses han sido protagonizados por adolescentes y niños alentados por grupos paramilitares. “El Brexit ha recuperado la cuestión de la identidad, que el Acuerdo de Viernes Santo intentó arrinconar”, señala Jonathan Powell, quien fue el negociador principal del laborista Tony Blair durante el proceso de paz que culminó con aquel acuerdo en 1998. “Queríamos que la política en Irlanda del Norte fuera sobre todo aburrida, y se centrara en asuntos como la educación o la sanidad”.
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El Protocolo de Irlanda del Norte, la solución firmada por Johnson para sellar la salida de la UE, ha vuelto a agitar las aguas, sobre todo entre los unionistas, que se sienten traicionados por Londres con la imposición de facto de una frontera en el mar de Irlanda entre su territorio y el resto del Reino Unido. Bruselas exige controles aduaneros sobre las mercancías que viajan desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte, porque el protocolo estableció que esta región seguiría formando parte del Mercado Interior de la UE para garantizar los acuerdos de paz. Londres quiere más flexibilidad para no soliviantar a empresarios y aliados políticos. La líder del principal partido unionista y actual ministra principal de Irlanda del Norte, Arlene Foster, se ha visto obligada a anunciar su dimisión, y ha sido sustituida por Edwin Poots, quien exige con vehemencia que se anule el protocolo firmado con Bruselas.
El actual negociador del Gobierno de Johnson, David Frost, no va tan lejos en sus planteamientos. Tiene previsto volver a reunirse en la primera mitad de junio con el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, para abordar de nuevo la cuestión irlandesa. Ambos presiden la Comisión Conjunta que supervisa el cumplimiento del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la UE. A diferencia de Bruselas, que ha mostrado un talante calmado ante los problemas derivados del protocolo, Frost ha optado por aumentar la tensión negociadora. “Hasta el momento las discusiones no han resultado muy productivas, así que tendremos que ver hasta qué punto estamos dispuestos a aguantar”, decía el político a la Comisión de Supervisión de la UE de la Cámara de los Comunes.
Relajar controles
Sin mencionarlo abiertamente, Frost no deja de airear la amenaza de que el Gobierno de Johnson active el artículo 16 del protocolo —el mismo que la UE amenazó con usar las pasadas Navidades durante la crisis de las vacunas— y se desvincule de sus obligaciones. “Si el Protocolo acaba dañando la fábrica social, económica o política de Irlanda del Norte, esta situación no se podrá sostener durante demasiado tiempo”, escribía el pasado fin de semana en las páginas del tabloide sensacionalista y conservador Daily Mail. Londres exige a Bruselas que relaje considerablemente el rigor aduanero impuesto en la mayoría de los productos que Gran Bretaña exporta al territorio norirlandés, pero al mismo tiempo se niega a contemplar una opción que facilitaría mucho las cosas: homologar sus estándares de seguridad alimentaria con los de la UE.
El Gobierno de Johnson puso buena parte de sus esperanzas post Brexit en alcanzar acuerdos comerciales con países como Australia o Estados Unidos. Y la rigidez normativa comunitaria le ataría las manos a la hora de cerrar esos tratados. Si Frost ha ido tan lejos como para acusar a la UE de intentar “marcarse tantos” con una excesiva dureza sobre el Protocolo de Irlanda del Norte, la respuesta le ha llegado del Gobierno de Irlanda, socio de la UE, que acusa a Londres de resucitar en sus negociaciones la peligrosa política identitaria que desterró el Acuerdo de Viernes Santo.
Fases a medida para un Brexit tranquilo
La última propuesta del Gobierno de Johnson para desatascar la situación en Irlanda del Norte, desvelada por la BBC y el diario The Guardian, consistiría en aplicar gradualmente, en cuatro fases, los controles aduaneros acordados con la UE. A partir del 1 de octubre, serían obligatorios los certificados sanitarios para la exportación de productos cárnicos. La segunda fase, a finales de enero, abarcaría los productos lácteos, las plantas de jardinería, semillas y vino. En un tercer paso se incluirían las frutas, verduras y alimentos para animales domésticos, y se concluiría con el resto de productos alimenticios envasados y de corta caducidad. No es solo un intento de dilatar los compromisos ya firmados, sino que Londres sugiere en su borrador que las fechas definitivas para las fases 3 y 4 se dejen en el aire, y solo se decidan después de comprobar cómo funcionan las dos primeras fases. A la espera de una respuesta de Bruselas, el Gobierno autónomo de Irlanda del Norte, controlado por los unionistas, sigue sin poner en pie los puestos de control aduanero contemplados en el Protocolo, pese a que las licencias de construcción y su financiación ya han sido aprobadas.
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