La ministra británica del Interior, Priti Patel, cuenta con el apoyo de su jefe, Boris Johnson, para dar una vuelta de tuerca al derecho marítimo internacional. Según recogen la mayoría de medios del Reino Unido (y el Gobierno no ha querido desmentir), la policía de fronteras ha recibido la orden de comenzar a ensayar la estrategia de devolver en caliente a los inmigrantes irregulares que intenten cruzar las aguas del canal de la Mancha. El abogado general del Estado (principal asesor del Gobierno británico en material legal), Michael Ellis, se ha volcado ya en construir el armazón jurídico que justificaría la decisión, que sería en todo caso una bomba política. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, quien se reunió el miércoles con Patel en la reunión sectorial del G-7 en Londres, ya anticipó a su homóloga por carta que “la práctica de devoluciones marítimas a aguas territoriales francesas supondría el riesgo de ocasionar un impacto negativo en la cooperación” entre ambos países.
Tanto Patel como Johnson han utilizado en las últimas semanas un lenguaje especialmente beligerante contra el Gobierno francés para aplacar los ánimos del ala dura del Partido Conservador. Si el Brexit cabalgó sobre un discurso altamente xenófobo —y la ministra del Interior ha alimentado desde su puesto esa expectativa de “recuperar el control de las fronteras”—, las cifras de inmigrantes irregulares que han llegado a las costas británicas en lo que va de año se han convertido en un serio problema para Downing Street. Más de 14.000 personas han cruzado el Canal en 2021, frente a las aproximadamente 8.000 del año anterior.
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“Dependemos en gran medida de la actitud de Francia, pero vamos a tener que asegurarnos de usar cada táctica posible que esté a nuestro alcance para poner freno a lo que creo que es un comercio malvado y una manipulación de las esperanzas de las personas”, decía Johnson este miércoles a sus diputados en la Cámara de los Comunes.
Patel anunció, horas antes de reunirse con su homólogo francés, que iba a amenazar con cortar el grifo de la financiación —el Reino Unido comprometió el año pasado más de 60 millones de euros para reforzar el control de la frontera con Francia—, y el Gobierno deja ahora correr la idea de que las devoluciones en caliente son ya una decisión sin marcha atrás. “Francia no aceptará nunca una práctica contraria al derecho marítimo, ni un chantaje financiero”, ha respondido este jueves Darmanin desde su cuenta oficial en Twitter.
La decisión última estaría en manos del capitán de la patrulla costera, ha explicado el diario The Times, y la ventana legal para aplicar la nueva media sería muy estrecha, sujeta a condiciones precisas. La embarcación que transportara a los inmigrantes no podría estar en riesgo de volcarse o hundirse; no se actuaría nunca contra una nave sobrecargada de personas, ni cuando estuviera clara la imposibilidad de regresar sin problemas a aguas territoriales francesas.
“La posición francesa respecto a posibles intervenciones en el mar permanece inalterada”, ha advertido el ministro Darmanin en su carta. “La salvaguarda de vidas humanas está por delante de cualquier consideración de nacionalidad o política migratoria, y debe respetar estrictamente el derecho internacional que regula las operaciones marítimas de rescate”, ha añadido.
Los nuevos propósitos diseminados por el Gobierno británico se han dado de bruces con el escepticismo de algunos diputados conservadores y el abierto rechazo de los sindicatos policiales. “La música suena bien”, ha dicho Tim Loughton, miembro de la comisión parlamentaria de Interior, “pero dudo que se pueda llevar a la práctica”. “Son embarcaciones endebles (…) y corren el riesgo de volcar. Eso supone personas en el agua que pueden ahogarse, y la culpa recaería en nosotros. Suena bien eso de devolverlos, pero no tiene visos de funcionar en la práctica”, ha advertido Loughton.
El Sindicato de Servicios de Inmigración británico (ISU, en sus siglas en inglés), ha señalado además que cualquier táctica de devolución debería contar con una respuesta de colaboración de las autoridades francesas que, según ha señalado la portavoz el ISU, Lucy Moreton, en la BBC, “simplemente no va a producirse”.
A pesar del tono amable y diplomático empleado tanto por Patel como por Darmanin después de su encuentro del miércoles, la tensión entre ambos Gobiernos resulta cada vez más difícil de ocultar. París se resiste a entrar al juego propuesto por Londres, que persigue una solución bilateral y rehúye adaptarse a la estrategia migratoria de la UE. El ministro francés ha rechazado las propuestas de su homóloga británica para crear un mando conjunto de control migratorio, y ha remitido a Frontex —la agencia europea de guardia de fronteras y costas— la oferta británica de una aeronave para controlar desde el aire las embarcaciones que salen de la costa francesa.
El Gobierno francés comparte con Londres la preocupación ante la creciente habilidad de las organizaciones criminales para sortear los controles fronterizos. Junto a una mejora en las condiciones meteorológicas, que ha impulsado los intentos durante esta semana hasta el punto de que hayan llegado a 1.500 las personas que han llegado a costas británicas, las bandas de tráfico humano han cambiado su estrategia. Utilizan ahora embarcaciones más grandes, capaz de transportar hasta 65 inmigrantes en cada viaje, frente a los aproximadamente 15 que emplazaban anteriormente en sus botes. Lanzan además, desde diversos puntos de una costa que tiene cientos de kilómetros para controlar, naves señuelo para distraer la atención y recursos de la policía francesa.
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