El Gobierno de Boris Johnson está dispuesto a transformar el Reino Unido en una fortaleza para frenar la llegada de nuevas variantes del coronavirus como la sudafricana. El ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha anunciado este martes en la Cámara de los Comunes un endurecimiento del control de fronteras que incrementará notablemente el coste personal y económico de cualquier viajero que quiera entrar al país. A partir del próximo lunes, a la exigencia de presentar una PCR con resultado negativo realizada 72 horas antes del viaje y permanecer aislado durante 10 días a la llegada para los viajeros de todos los países, se sumará la de someterse a dos test más ―el segundo y el octavo día de la cuarentena―, que cada persona deberá pagar de su bolsillo. El Gobierno británico exigirá que los usuarios hagan una reserva en línea de estas pruebas antes de emprender el viaje. Hancock no ha detallado el precio de estas exigencias, pero el promedio de una PCR en el Reino Unido oscila entre los 120 y los 160 euros. Viajar hasta allí se incrementará de ese modo hasta 500 euros. “No voy a disculparme por la dureza de las medidas impuestas, porque nos enfrentamos al mayor desafío a la seguridad nacional al que este país ha hecho frente en décadas”, ha dicho el ministro.
El Gobierno británico ha concertado ya los servicios de varios hoteles para que los viajeros procedentes de 33 países calificados de “alto riesgo” (la mayoría de Latinoamérica y África, y entre los que se incluyen Sudáfrica, Brasil o Portugal) tengan que permanecer aislados en estas instalaciones durante 10 días a su llegada al país. Por el momento, seis hoteles están ya preparados para formar parte del nuevo sistema, con capacidad para acoger a 4.600 personas. El paquete completo, que incluye la estancia, alimentación y los dos PCR obligatorios, supondrá un coste de 1.750 libras esterlinas (unos 1.992 euros), y deberá ser reservado previamente y abonado por los viajeros.
Para reforzar unas medidas que en meses anteriores no han sido supervisadas con rigor, Hancock ha anunciado además un endurecimiento de los controles y sanciones. Las líneas aéreas estarán obligadas a comprobar que los usuarios cumplen con las nuevas reglas. Si no se realiza el primer test, la multa será de unos 1.140 euros. Si se evita la segunda prueba, la multa ascenderá a casi 2.300 euros. Y la sanción puede oscilar entre los 5.700 y los 11.400 euros para aquellos obligados a permanecer en los hoteles asignados que intenten esquivar el mandato. El Gobierno introduce incluso penas de prisión de hasta 10 años para los que, siendo portadores del virus, mientan a las autoridades en la entrada al país.
Las medidas anunciadas entrarán en vigor en Inglaterra, el territorio del Reino Unido donde el Gobierno central tiene competencia sanitaria, pero el ministro se ha mostrado seguro de que, después de la coordinación llevada a cabo, los gobiernos autónomos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte implantarán un régimen similar. Igual que el Gobierno de Irlanda, que comparte con el Reino Unido un espacio común de viaje. En el caso escocés, el Gobierno autónomo está en negociaciones con Londres para imponer la cuarentena obligatoria en hotel a todos los viajeros cuyo destino final sea Escocia, y no únicamente aquellos procedentes de los 33 países de la “lista roja”.
El Reino Unido ha detectado 147 casos de la variante surafricana del virus, y las autoridades sanitarias han querido calmar a la población. “No se trata de la cepa dominante en el país, las cifras no se acercan a las del virus común, al que nos enfrentamos desde el año pasado, ni a las de la variante británica, que es hoy la prevalente”, ha dicho Edward Argar, el secretario de Estado británico de Sanidad.
Las cifras de contagios y muertes por la covid-19 comienzan a descender, después de que comenzaran a desbordarse a mediados de diciembre. El Gobierno asegura que ya se ha superado el pico de esta tercera ola, pero la detección de la nueva variante surafricana ha puesto en guardia a Downing Street. Johnson ha centrado toda su estrategia en el plan de vacunación, que comenzó prácticamente un mes antes que en el resto de Europa. Cerca de 13 millones de personas han recibido ya una primera dosis de la vacuna, y la expectativa es abarcar a toda la población considerada vulnerable (mayores de 70 años y residencias) antes del lunes. Unos 15 millones de personas.
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