El presidente del Parlamento venezolano y figura clave del régimen chavista, Jorge Rodríguez, acusó a los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia de financiar y prestar asistencia logística a dirigentes de la oposición venezolana. Ambos Ejecutivos tienen el objetivo de fomentar el paramilitarismo y promover escenarios de violencia en Venezuela, aseguró el funcionario. Rodríguez pidió este martes a la Fiscalía que proceda judicialmente en contra de Emilio Graterón, Hasler Iglesias, Gilber Caro y Luis Somaza, todos dirigentes nacionales del partido Voluntad Popular, por su presunta responsabilidad en la organización de grupos paramilitares desde Colombia. La petición ocurre tras vincular a la oposición venezolana con las bandas criminales que asediaron el oeste de Caracas hace unos días.
Las declaraciones de Rodríguez se producen un día después de que la policía política del chavismo enviara a prisión a Freddy Guevara, miembro del equipo negociador opositor en las conversaciones con el chavismo, también militante de Voluntad Popular. También 24 horas después de la feroz arremetida de la Policía Nacional Bolivariana en contra de Guaidó, su esposa y sus colaboradores, la más violenta y hostil de todas las que se hayan hecho antes.
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Rodríguez mostró unos gráficos que demostrarían el vínculo de estos políticos opositores con los delincuentes cabecillas de las denominadas “megabandas”, que han cobrado presencia e influencia en varias zonas del país en medio de la indiferencia oficial, y cuyo fortalecimiento ha sido denunciada reiteradamente por la oposición.
El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela afirmó que las autoridades habían interceptado conversaciones en el celular entre estos miembros de la dirección nacional de Voluntad Popular y Leopoldo López, el fundador del partido, quien vive asilado en Madrid y a quien calificó de “homicida”.
“Vamos a mostrar las pruebas desde los teléfonos de los involucrados. Ellos creen que borrando los mensajes de la plataforma WhatsApp se borran las evidencias. Pueden borrar los mensajes las veces que les dé la gana, pero hasta con un programita casero se pueden recuperar”, dijo Jorge Rodríguez. “Este grupo creyó que como aquí estaban los noruegos y la misión técnica exploratoria de la Unión Europea, tenían impunidad y mandaban a Freddy Guevara a las reuniones”, agregó.
El endurecimiento del chavismo de estos días se produce durante la presencia en el país de la delegación de la Unión Europea, que se ha reunido con actores del Gobierno y la oposición, y que analiza la factibilidad de una misión para ejercer la observación técnica de las elecciones regionales de noviembre, y mientras estaban avanzando las gestiones para iniciar una fundamentada agenda de diálogo político con la intermediación del Gobierno de Noruega.
El Gobierno chavista ofrece una demostración de poderío y hostilidad que pretende condicionar el diálogo, que ha desconcertado a mucha gente, y que ha producido una colisión entre los sectores intransigentes y los miembros de la oposición. Muy poco antes de estas declaraciones, el Gobierno de Estados Unidos había decidido modificar parcialmente algunas sanciones que impedían a Venezuela importar gas, como un gesto de buena voluntad para fortalecer un clima de acuerdo. Hasta el momento, EE UU ha reaccionado con prudencia a la reacción de Maduro.
Tanto Rodríguez como poco antes Nicolás Maduro volvieron a afirmar que el reconocimiento a las instituciones políticas de chavismo es una condición fundamental para iniciar conversaciones, y llegaron a afirmar que si tal cosa no sucedía no habría conversaciones.
Para algunos observadores, el Gobierno de Maduro tiene un interés particular en ilegalizar y neutralizar a Voluntad Popular, el partido más combativo de la oposición, fundado por Leopoldo López, y además teme que las concesiones iniciales ofrecidas conspiren contra sus posibilidades electorales. “Voluntad Popular se estaba preparando para ir a las elecciones regionales”, afirma la escritora e intelectual Colette Capriles. “A mí me sorprendió la ira de Rodríguez en sus declaraciones; todo lo que están haciendo tiene un costo político para ellos. O se enteraron de algo que no les estaba gustando, o se dieron cuenta de que habían hecho muchas concesiones”, agrega. Capriles no cree probable que las gestiones del diálogo se detengan, a pesar de la detención de Guevara.
Mientas el régimen chavista judicializaba a parte de sus adversarios, organizaba una jornada de Diálogo Político y Paz transmitida por la televisora estatal. Fue un encuentro en el Palacio de Miraflores con algunos dirigentes opositores de línea moderada y actitud complaciente, parte de los cuales decidieron participar en las cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre del año pasado. Algunos de ellos formaron parte de la comentada Operación Alacrán, con la cual fueron acusados de ser sobornados por el chavismo para romper con sus partidos originales y procurar forzar un quórum adulterado destinado a impedir el nuevo nombramiento de Guaidó como presidente del Poder Legislativo en 2019.
“Maduro hace esto porque tiene problemas en las elecciones internas de su partido y sabe que está muy débil en términos electorales”, afirma Nicmer Evans, politólogo y director del portal informativo Punto de Corte. “La oposición se está preparando para ir unida, incluso pensando en unas primarias, para presentarle al chavismo candidatos unitarios. En esos momentos es que ellos ejercen la violencia para hacer política desde el Estado.”
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