El tren maya en el sureste mexicano va y no hay quien lo pare. Un decreto publicado esta tarde en el Diario Oficial de la Federación ha formalizado la expropiación de más de un millón de metros cuadrados de tierras en cuatro municipios para la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Los terrenos se ubican en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, en el Caribe mexicano, y son propiedad privada.
En menos de un mes, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decretado dos expropiaciones para llevar a cabo su magna obra. El 23 de julio de este año, el presidente ordenó la expropiación de 8 terrenos privados en los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel, en Quintana Roo, con una extensión de 165,000 metros cuadrados, a los que se suman los 1.093.118 metros que ha decidido apropiarse para la construcción del Tren Maya.
“La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procederá a la ocupación inmediata de los bienes materia de esta expropiación. La interposición de cualquier medio de defensa no suspenderá la ocupación señalada en el párrafo anterior”, señala el acuerdo publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación. Según lo anunciado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cubrirá el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Los terrenos en el sureste mexicano siguen siendo tema de disputa ante la polémica obra. Hace apenas unos días, el presidente respondió a las críticas sobre la construcción de la obra, asegurando que se crearían nuevas reservas naturales en la península de Yucatán. En medio de una escalada de tensión por el reinicio de las obras del tramo 5 pese a las órdenes judiciales de suspenderlas, el mandatario ofreció un bálsamo: la creación del área natural protegida Jaguar, a las afueras de Tulum.
La polémica no cesa en torno a la obra, al tratarse de áreas naturales protegidas. El Presidente decretó el Tren Maya como obra de seguridad nacional, con lo que el Gobierno reanudó las obras para el Tramo 5, que estuvo suspendido durante tres meses por la suspensión definitiva que ordenó el Juzgado Primero de Yucatán, en atención a amparos de buzos y ambientalistas integrados en el colectivo Sélvame del Tren.
La administración del López Obrador ha defendido el proyecto, alegando que busca llevar desarrollo económico a una región del país históricamente marginada de la inversión pública federal. El mandatario asegura que tendrá un costo de 180.000 millones de pesos (unos 9.000 millones de dólares) y creará unos 110.000 empleos. Sin embargo, quienes han levantado la voz en contra del proyecto afirman que esos miles de millones de pesos siguen invirtiéndose en el modelo de turismo masivo que ha llevado a la depredación ecológica de la península de Yucatán.
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