El embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, se ha llevado una fuerte reprimenda del Gobierno que encabeza Daniel Ortega debido a sus opiniones críticas con el régimen y sus posiciones a favor de la libertad de prensa y el rescate de la democracia en el país centroamericano. En una carta llena de calificativos hecha pública el lunes y firmada por la cancillería nicaragüense, el Ejecutivo sandinista le exige al diplomático abstenerse “de seguir violentando nuestra concordia nacional” y le advierte que debe renunciar a imponer “su vulgar, rastrera, aberrante, insolente, innoble, abominable y decadente política yanqui”. Ni Sullivan ni la embajada estadounidense han reaccionado a la nota, que al parecer se ha producido luego de que el embajador publicara en Twitter un saludo a la revista Confidencial por su 25 aniversario. La redacción de la revista ha sido dos veces allanada y sus instalaciones confiscadas por el régimen.
En el tuit de la discordia, Sullivan ha escrito: “Felicidades a @confidencial_ni por sus 25 años defendiendo los valores democráticos de la libertad de prensa y del periodismo independiente”. Horas después de publicado este mensaje el Gobierno hizo público el reclamo. Aunque no es la primera vez que el diplomático expresa sus opiniones a favor de la libertad de prensa y los derechos humanos en Nicaragua: también se ha pronunciado contra la encarcelación de periodistas y la importancia de un cambio democrático en el país. “En el Día Nacional del Periodista felicitamos a los periodistas independientes de Nicaragua que arriesgan su integridad informando con claridad los hechos diarios. Sin una prensa libre no hay democracia”, escribió en marzo. “La alternancia en el poder mediante elecciones libres y justas es la esencia de una democracia genuina. Es así que un pueblo soberano sigue trazando su destino. Usualmente sucede sin sobresaltos, otras veces con más dificultad. Lo más importante es que sucede”, se lee en otro de sus tuits.
Este tipo de mensajes levantan ampollas en el régimen de Managua, que mantiene una relación tensa con Washington. El Gobierno de Donald Trump impuso fuertes sanciones al círculo más cercanos de colaboradores de Ortega, así como a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y varios de sus hijos. La Administración Biden ha continuado y ampliado las sanciones, mientras que funcionarios estadounidenses critican con fuerza el autoritarismo del régimen y las violaciones a los derechos humanos de lo que han llamado una “dictadura”.
Estados Unidos ha incrementado esa presión al anunciar en julio restricciones sobre los visados de 100 miembros de la Asamblea Nacional y otros funcionarios. El secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, informó en esa ocasión que la decisión va dirigida contra aquellos que “hacen posible al régimen de Ortega-Murillo atacar la democracia y los derechos humanos”. Bliken ha advertido de que “Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas que estén a nuestra disposición para fomentar la liberación de los presos políticos y apoyar la petición de los nicaragüenses de vivir en libertad, de que el Gobierno rinda cuentas y de que haya elecciones libres y justas”, según el comunicado.
En la nota diplomática publicada horas después del mensaje del embajador Sullivan, el Gobierno de Ortega acusa al diplomático de mantener una constante intromisión en los asuntos internos de Nicaragua y violentar de esta manera su soberanía. “La soberanía, que no se discute, ni se entrega a los ‘bárbaros fieros’, no puede seguir siendo vulnerada o violentada por los mismos invasores”, se lee en la nota. “Cese sus ataques encubiertos, sus hipócritas salutaciones, disfrazadas de una cortesía diplomática que abandonó hace tiempo, que más bien ha sido y es ejemplo de la continua, perversa, detestable injerencia invasora de los Estados Unidos en Nicaragua”, continúa el documento. El régimen sandinista inició desde junio una cacería contra críticos y opositores, encarcelando a 37 disidentes, incluyendo siete aspirantes a disputar la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre, que Washington ha calificado como ilegítimas.
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