El Gobierno de Pedro Castillo buscará revertir la decisión del Tribunal Constitucional de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Así lo anunció el primer ministro Aníbal Torres después de que este viernes el mandatario escuchara a familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el régimen del autócrata. Las matanzas por las que está condenado fueron cometidas en 1991 y 1992 por el destacamento militar Colina, creado al inicio del mandato de Fujimori con su asesor y jefe de facto de las fuerzas armadas, Vladimiro Montesinos.
El jueves, tres magistrados del Constitucional de Perú aceptaron un habeas corpus a favor de la liberación del expresidente en un momento particular en dicha corte: en los debates de casos políticamente sensibles, los magistrados están empatados tres a tres, luego del fallecimiento de uno de sus miembros en octubre. El voto de Augusto Ferrero, que preside ese órgano desde enero, es el dirimente y decantó la decisión hacia la excarcelación. Ferrero es un abogado que fue el candidato del fujimorismo cuando se postuló al cargo en 2017. Además, en 2009 fue embajador en Italia durante el segundo gobierno de Alan García. En 2019, falló en el mismo sentido a favor del habeas corpus para liberar a Fujimori junto a otros dos magistrados frente a un recurso similar que presentó otra de las hijas del exmandatario, Sachi, así como para excarcelar a su hermana mayor Keiko Fujimori, quien tenía prisión preliminar mientras era investigada por lavado de activos y obstrucción a la justicia.
En la tarde del viernes, el primer ministro aseguró que la postura del Constitucional es un “monumental error” que el Ejecutivo evalúa cómo revertir. “Estamos estudiando los caminos que tenemos que seguir para corregir ese error, y no tengan la menor duda de que lo vamos a hacer. Ya organismos internacionales nos están apoyando al respecto”, informó a la prensa local al final de una actividad en la región Cusco.
El grupo Colina realizó decenas de asesinatos a civiles, algunos de ellos opositores al Gobierno de Fujimori, bajo la coartada de la lucha contra el terrorismo. En noviembre de 1991, asesinó a 15 personas -entre ellos un niño de ocho años- en un inmueble de Barrios Altos (centro de Lima) y, en julio de 1992, desapareció a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta a quienes ejecutaron extrajudicialmente. Al año siguiente, gracias a la colaboración de un reciclador que fue testigo circunstancial del crimen, algunos de los cuerpos fueron exhumados en un descampado al este de la capital.
En 2009, la Sala Penal Especial condenó a Fujimori a 25 años de prisión como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves -por ambos casos- luego de haber sido extraditado de Chile. La sentencia ocurrió luego de un largo proceso en el sistema de justicia interamericano al que acudieron las víctimas y sobrevivientes luego de toparse con un muro en el fuero peruano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsabilidad del Estado peruano en ambos casos, y como parte de las reparaciones dispuso la investigación y sanción de los delitos, entre otras medidas.
Tras la decisión del Constitucional, varias organizaciones internacionales han reaccionado. El viernes, la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, a cargo de la alta comisionada Michelle Bachelet, planteó en un tuit que el derecho de justicia de las víctimas y el estado de derecho deben ser respetados. “Ponemos énfasis en que el derecho internacional de los derechos humanos restringe las amnistías o perdones en casos de serias violaciones a los derechos humanos”, esgrimió.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación” por la medida que restituye la resolución suprema del 24 de diciembre de 2017, en la que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori. ”La restitución del indulto daría lugar a la liberación de Fujimori y a la extinción de su pena, lo cual afecta los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, afecta su acceso a la justicia y lesiona su dignidad. Así como genera obstáculos para el cumplimiento integral de las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú”, añade ese organismo.
La nochebuena de 2017, Kuczynski indultó al autócrata luego de una negociación con el entonces congresista Kenji Fujimori y parlamentarios de Fuerza Popular opuestos a la posición de la lideresa fujimorista, quien prefería una ley para excarcelar a su padre, en vez de un perdón presidencial. Kuczynski firmó el indulto a cambio de votos para no ser destituido, en medio de continuos actos de obstrucción a su Gobierno por parte de la oposición fujimorista. El miércoles, trascendió a la prensa que el habeas corpus a favor de Fujimori fue incluido sorpresivamente en la agenda del Constitucional del día siguiente, por lo que los abogados de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas provisionales para enfrentar la eventual liberación del condenado y la anulación de dicha decisión en caso se concretara.
La CIDH fijó este viernes al Estado peruano el plazo de una semana para que presente un informe de dichas medidas que adoptará ante la posible liberación de Fujimori. Mientras tanto, el Constitucional aún está redactando la sentencia con la sustentación por escrito de los votos y hay una discusión legal acerca de si Fujimori puede ser liberado antes de que dicho documento esté listo. Se espera que el tribunal lo emita el 28 de marzo.
De cara a la respuesta que debe dar el Gobierno en este escenario, este sábado, el presidente Pedro Castillo ha tomado juramento a un nuevo ministro de Justicia, Felix Chero, en reemplazo de Angel Yldefonso, quien el miércoles fue interpelado en el Congreso debido a su poca experiencia para esa función. En poco más de siete meses, el mandatario ha realizado 31 cambios en el gabinete. Yldefonso ha durado 39 días en el cargo. El nuevo ministro, Chero, es un exasesor del actual viceministro de Justicia, Juan Carrasco, un destacado ex fiscal de crimen organizado y ex ministro de Justicia en el primer gabinete de este Gobierno. Mientras tanto, continúan las expresiones de rechazo a la excarcelación de Fujimori. La tarde de este sábado, colectivos ciudadanos y de derechos humanos han convocado a protestas en contra de la decisión del Constitucional en menos siete regiones del país.