El tercer y último informe de DNV sobre la tragedia de la Línea 12 finalmente se ha dado a conocer de forma oficial. El Gobierno de Claudia Sheinbaum, que la semana pasada había optado por no difundir el documento, ha decidido publicarlo este miércoles después de que adelantara en exclusiva las conclusiones de los peritos que analizaron el colapso en el metro de Ciudad de México. El análisis causa-raíz señala por primera vez las fallas en el mantenimiento como una de las cuatro causas concurrentes del siniestro que dejó 26 muertos el 3 de mayo de 2021 e interpela a las últimas tres Administraciones de la capital mexicana. La empresa, contratada por la Administración de Sheinbaum, asegura que también hubo errores en el diseño, la construcción y la supervisión de la obra y que de haberse atendido todos estos problemas, se “habría evitado el colapso del tramo elevado”. Bajo la premisa de que no hay nada que ocultar y de que el reporte tenía deficiencias metodológicas que no sustentan los resultados, las autoridades han compartido el dictamen junto a observaciones que consideran que no fueron atendidas y que ahora son el principal argumento para presentar una demanda civil contra la consultora noruega.
La jefa de Gobierno no ha acudido a la presentación del informe, en la que no ha habido espacio para preguntas de la prensa. Los encargados de dar los argumentos para desechar los hallazgos de DNV fueron Jesús Esteva, el secretario de Obras, y Myriam Urzúa, la responsable de Protección Civil. El equipo de Sheinbaum ha acusado que los autores del informe no explicaron por qué no se analizaron hipótesis alternativas y por qué no se incluyó el análisis del llamado tramo espejo, una sección del puente que tenía características similares al que se cayó. “Es por estas razones que el documento de la empresa hasta el momento no ha sido considerado como aceptado formalmente”, ha señalado Urzúa. “Pese a dar respuesta a algunas de las observaciones que les hicimos, éstas siguen siendo consideradas deficientes e insuficientes”, ha agregado la funcionaria. Esteva ha aludido que la empresa señaló que se debían corregir varios errores en el manual de mantenimiento y al mismo tiempo “que las inspecciones debieron haber seguido el manual”. “Otra inconsistencia”, ha asegurado.
Los asesores técnicos del Gobierno han afirmado que hay teorías más factibles detrás del derrumbe y que estos detonantes no podían ser percibidos en revisiones “a pie de calle”, por lo que el mantenimiento no pudo haberlos mitigado. “Existe una inconsistencia grave al decir que una inspección rutinaria definida en un manual deficiente podría corregir un error de diseño grave”, ha subrayado Esteva. También han señalado previamente que no hubo una jerarquización de las llamadas barreras: las causas subyacentes que pudieron haber evitado el desplome o, al menos, hacer que no tuviera consecuencias tan graves. Sin esa jerarquización se hace más difuso el reparto de responsabilidades políticas, administrativas y legales, han comentado miembros del círculo de Sheinbaum.
Ilustraciones dentro del informe de la consultora DNV, que adelantó .
El análisis causa-raíz, la última fase después de ofrecer una opinión preliminar y de identificar las causas inmediatas del accidente, era una pieza clave de la investigación sobre lo ocurrido y es de un enorme interés público porque se pensó como la explicación definitiva del colapso desde el punto de vista técnico. La entrega estaba prevista para octubre del año pasado, pero desde hace meses DNV y el Gobierno de Sheinbaum han entrado en un pulso.
Las autoridades, como clientes, consideran que la empresa no ha cumplido con sus responsabilidades contractuales al no seguir su propia metodología, “politizar” un documento técnico y caer en conflictos de interés. “Se planteó a DNV la existencia de contradicciones importantes”, ha comentado Urzúa. La consultora ha respaldado sus resultados, ha negado cualquier nexo político y ha exigido desde hace un par de meses que se liquide un pago de unos 10,9 millones de pesos (más de 500.000 dólares) correspondiente al documento final. La mandataria ha afirmado que no va pagar.
Todas las objeciones metodológicas y técnicas ya se habían ventilado en los últimos días. Se sabía también que estaba en marcha un litigio. El contenido del informe, sin embargo, era una incógnita hasta la publicación que hizo este periódico el pasado lunes. La oposición ha reprochado que el Gobierno de Sheinbaum “ocultara” el contenido del informe y que buscara eludir su responsabilidad en los supuestos problemas de mantenimiento. “No se cuenta con registros de mantenimiento o reparación de los componentes de concreto o metálicos utilizados en la ingeniería civil que fueran proporcionados a DNV”, se lee en el documento.
La jefa de Gobierno ha dicho que existen bitácoras de mantenimiento que desacreditan las afirmaciones de la consultora. “Estamos muy tranquilos y seguros de lo que hicimos”, dijo la mandataria el mismo lunes, cuando anunció que iba a hacer público el informe. “Hay un sesgo político evidente en la actuación de DNV”, ha agregado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha salido en defensa de Sheinbaum, su compañera de partido y una de las principales aspirantes a la candidatura presidencial de 2024. “La jefa de Gobierno tiene todo nuestro apoyo. Está expuesta a muchas presiones”, ha dicho el mandatario. Lopez Obrador ha apuntado también a las “presiones” en torno al informe, pero ha comentado que “es la temporada, es lo que tendrá que venir y es natural que esto suceda”.
Los dos primeros informes, que sí habían sido aceptados por las autoridades de la capital mexicana, se centraba en fallas en la construcción y el diseño de la llamada línea dorada, llevada a cabo durante el mandato de Marcelo Ebrard (2006-2012), el actual titular de Relaciones Exteriores y otro contendiente de peso en la carrera por la presidencia. Las dudas sobre el mantenimiento también han salpicado al predecesor de Sheinbaum, el senador Miguel Ángel Mancera (2012-2018). En un mar de lecturas políticas, el caso de la Línea 12 entra en un momento crucial en lo que toca al curso legal de la investigación y a la confianza de la ciudadanía de que se cumpla la promesa de llegar al fondo de lo sucedido.
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