El Gobierno ha paralizado el traslado de residuos peligrosos desde Montenegro hasta el puerto de Sevilla, del que restan aún 40.000 toneladas por transportar en barco a través del Adriático y el Mediterráneo con destino al vertedero de Nerva (Huelva). Agentes de la Guardia Civil inspeccionaron el 3 de febrero el barco Dakota, que llevaba 7.500 toneladas de granalla —un residuo industrial peligroso con volumen arenoso— desde el astillero de Bijela hasta la capital andaluza, y comprobaron que el envío máximo autorizado era de 7.000 toneladas, por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido detener el resto de la carga pendiente: 40.000 toneladas de tierra y piedras que debían moverse antes del próximo 10 de mayo.
El traslado de la granalla para limpiar la costa montenegrina, iniciado en 2019 con una primera tanda de barcos, se retomó hace dos semanas con las descargas del Muzaffer Bey y el Dakota, y este segundo buque no figura en el listado de barcos notificados al ministerio por la multinacional francesa Valgo, encargada de la limpieza de residuos contaminados, según un comunicado de Transición Ecológica. La carga peligrosa del Dakota con las supuestas irregularidades ya fue entregada por más de 300 camiones al vertedero de Nerva y está en proceso de ser enterrada en los vasos previstos, por lo que es difícil que vuelva a ser llevada fuera de la instalación de 60 hectáreas.
Este lunes, el tercer barco de esta tanda, el Shannon River, está descargando 6.000 toneladas de residuos en el puerto sevillano, pero está previsto que su carga no sea paralizada y llegue al vertedero onubense, ya que los presuntos problemas atañen, por el momento, solo al Dakota. Tanto el Puerto de Sevilla como Aduanas aseguran que la interrupción del traslado no está ligada al Shannon River, que dispone de las autorizaciones pertinentes para completar su misión. El ministerio ha pedido al vertedero que no admita aquellos residuos “que no hayan llegado todavía” y a Aduanas que “retenga en frontera nuevos envíos que puedan arribar como parte del mismo expediente”, es decir, como parte de las 40.000 toneladas pendientes de traslado.
Valgo niega la mayor: “El 24 de enero añadimos otra fianza para las segundas 7.000 toneladas hasta completar un seguro de 14.000 toneladas. Respetamos la ley y a las autoridades españolas, pero no entendemos que se comente en la prensa un problema administrativo antes de recibir nuestras alegaciones. Hacemos un trabajo limpio y claro, esto solo da oportunidad a las mafias que hacen el trabajo sucio de envíos”, alega José Dos Santos, director de Desarrollo Internacional de la multinacional francesa. El nombre de los buques y las toneladas que transportan son comunicadas a España antes de que estos salgan del astillero montenegrino en el mar Adriático, recuerda el directivo galo.
Ecologistas en Acción remitió a finales de enero dos cartas a los ministerios para la Transición Ecológica y Hacienda para que activaran el plan estatal de inspección en materia de traslados transfronterizos de residuos 2021-2026 aprobado hace un año, y que para ello dispusiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para revisar las cargas procedentes de Montenegro. La organización conservacionista considera que esta reacción del Gobierno viene motivada por su misiva.
“Vivimos en un mundo de solidaridad ecologista y esto no sirve para una operación éticamente normal y buena. Nosotros sí somos ecologistas y limpiamos el mundo para nuestros chicos y chicas. Esto solo echa aceite en el fuego”, protesta Dos Santos. El directivo de Valgo asegura que la notificación del Dakota antes de que partiera desde Bijela fue transmitida en tiempo y forma al Gobierno español.
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Por su parte, el ministerio alega que la paralización de la carga está respaldada por el Reglamento europeo de traslado de residuos 1013/2006, y subraya que la Guardia Civil actuó junto a los técnicos de la Junta andaluza, que posee las competencias sobre vertederos. Transición Ecológica califica el envío de “ilegal” según los términos del Convenio de Basilea firmado por España y Montenegro, y así se lo ha comunicado al Gobierno balcánico. Además, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha abierto un expediente sancionador por infracción grave recogida en la Ley de Residuos —en última fase de tramitación parlamentaria—, y que podría acarrearle a Valgo una multa de entre 9.000 y 300.000 euros al tratarse de residuos peligrosos como la granalla.
El ministerio ya reclamó en 2020 más información a Valgo sobre el envío para “caracterizar mejor los residuos”, y tras recibir más información de la multinacional francesa sobre las características de los desechos y el tratamiento previsto, el primer envío de 30.000 toneladas fue autorizado.
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