El Gobierno prevé insuflar 4.295 millones de euros en la industria de la automoción española hasta 2023 para llevar a cabo su reconversión y prepararla para el diseño y la fabricación de vehículos eléctricos. Esa inversión se articulará a través de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) —una fórmula especial creada para poder acogerse a los fondos Next Generation con mayor agilidad— centrado en el vehículo eléctrico y conectado en el que han trabajado los últimos meses Moncloa, el Ministerio de Industria y diferentes sectores afectados y que aprobará este martes el Consejo de Ministros.
Según los cálculos del Gobierno, esos recursos, la mayor parte procedentes de los fondos europeos Next Generation EU, que se volcarán sobre el sector activarán inversiones por un total de 19.000 millones de euros en el próximo trienio. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha sido el encargado de presentar el plan este lunes ante representantes de los sectores de la automoción y digital, además de representantes de comunidades autónomas como Extremadura y Cataluña.
Parte de los recursos incluidos en el plan por el Ejecutivo ya están en marcha, como es el caso del plan Moves para la adquisición de vehículos eléctricos y la implantación de puntos de recarga (800 millones) y el plan Moves Proyectos Singulares, 300 millones para el desarrollo de movilidad sostenible. En todo caso, las actuaciones industriales directamente vinculadas con el desarrollo y la fabricación de vehículos eléctricos y conectados contarán con una ayuda de 2.975 millones, con el fin de captar una inversión privada total de 11.900 millones.
Tras la profunda crisis de gobierno ejecutada este fin de semana, Sánchez ha defendido el primer PERTE elaborado por el Ejecutivo como una de las armas que buscan “impulsar la recuperación económica, social y territorial” tras el golpe sufrido por la crisis del coronavirus. Ha señalado que el objetivo no puede ser únicamente el de “volver al momento previo de la covid” y se ha de impulsar la transformación de la industria de la automoción, para que pueda alcanzar el 15% del PIB en 2030. Según ha explicado, por cada empleo que se genere en la automoción se crearán cuatro en la industria auxiliar y seis o siete adicionales en empresas de servicios.
En una memoria ejecutiva publicada hoy se tiene en cuenta que solo las líneas industriales vinculadas con el vehículo eléctrico generen un impacto en el PIB de entre 10.095 y 17.835 millones de euros, además de la generación de entre 68.000 y 141.000 empleos.
Consorcio público-privado
El PERTE presentado este lunes persigue reconvertir el sector español de la automoción y ponerlo en la senda del coche eléctrico y conectado de la mano de los fondos europeos de recuperación. Se trata de un plan en el que lleva meses trabajando con diferentes compañías y que implicará a diferentes gobiernos autonómicos, y cuya inversión más preciada, que ha abierto una disputa territorial, es la construcción de una fábrica de celdas de baterías en España para la que se creará un consorcio con participación pública. El primer proyecto de transformación tiene un aliciente más: fijará las bases del resto de PERTE que el Ejecutivo pondrá en marcha en los próximos meses para captar recursos comunitarios.
Una vez el PERTE se publique en el BOE, las diferentes empresas interesadas podrán registrar las agrupaciones para participar en él y, ya en septiembre, iniciar el proceso de las convocatorias para demandar recursos a la Unión Europea. Lo cierto, no obstante, es que ya se da por hecha la participación de algunas empresas que plantearán su presencia en el PERTE. Una de ellas es Seat, que ha trabajado mano a mano con Moncloa y el Ministerio de Industria para que su factoría de Martorell (Barcelona) pueda aprovecharse del proyecto para asumir una reconversión que le permita a partir de 2025 fabricar coches eléctricos. El Grupo Volkswagen ha encargado a su marca española el diseño del que será su vehículo de batería más pequeño, proyecto en el que también quedará implicada la fábrica navarra de Volkswagen. De hecho, el futuro de la fábrica de baterías depende de un contrato previo entre un socio industrial especializado en la producción de baterías y el grupo germano.
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En todo caso, el primer gran proyecto sectorial que se presentará a Bruselas para canalizar ayudas supera el ámbito de las industrias de la automoción, ya que se ha buscado otros socios. Además de empresas de la industria auxiliar de la automoción (Gestamp y Antolin), se ha pensado en el ámbito de la generación eléctrica (Iberdrola), de las telecomunicaciones (Telefónica) o especialistas mineras para la extracción de litio existente en Extremadura. El Gobierno ha insistido en los últimos meses que el proyecto debía afectar a toda la “cadena de valor” de la movilidad eléctrica y conectada (desde la fabricación de pilas de baterías o la de los sistemas donde se conectan estas hasta las tecnologías informáticas de gestión de datos o la reconversión de las industrias que acabarán siendo obsoletas), además de implicar a más de dos comunidades autónomas.
En el acto de presentación, el presidente de la patronal de fabricantes de automóviles Anfac, José Vicente de los Mozos, ha celebrado el PERTE, pero ha demandado al Gobierno que incluya las opiniones que pueda aportar el sector, que las actuaciones que se pongan en marcha sean “claras y sencillas” y que se cree una gobernanza ágil. La presidenta de Sernauto, por su parte, María Helena Antolín, ha demandado “rapidez” en la puesta en marcha del plan y ha querido dejar claro que la patronal no ha podido ver todavía el documento del PERTE. Pedro Sánchez ha anunciado la creación del puesto de coordinador de este proyecto tractor para “liderar e impulsar” los trabajos.
Una de las grandes dudas que el Gobierno ha mantenido en secreto es qué cuantía de recursos europeos reservados a la industria se reservarán a este primer PERTE, el más ambicioso de todos (el ministerio trabaja en un total de siete). Según el plan remitido a Bruselas ese sector contará con 2.289 millones de euros, a los que se sumará una cuantía similar en créditos blandos. El marco teórico máximo en el que se mueve Industria es un euro de ayuda a fondo perdido por cada cuatro de inversión.
El Gobierno contemplaba inicialmente hasta siete proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica: al de la automoción se le sumarán uno de electrónica, que gira en torno al diseño de chips (en el Barcelona Supercomputing Center); otro basado en la economía circular y el reciclaje de baterías; y otros basados en la industria de las energías renovables, la agroalimentación, la salud y la aeronáutica.
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