Luis Cárdenas Palomino durante una conferencia de prensa, en 2010.Saúl López (cuartoscuro)
El Gobierno mexicano ha acusado este jueves a un grupo de tres jueces de proteger a Luis Cárdenas Palomino, quien fue durante años la mano derecha de Genaro García Luna, juzgado actualmente en Nueva York por narcotráfico. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, ha dicho que el exmando de la Policía Federal ha recibido “la protección y el amparo de la justicia”, citando a un amparo otorgado al exfuncionario. “El Gobierno de México no puede callar ante esto”, ha agregado Gómez. El tribunal ordenó a la UIF quitar a Cárdenas Palomino, detenido por tortura en julio de 2021, de la lista de personas cuyos recursos financieros fueron bloqueados. Gómez ha asegurado que se trata de una decisión “antinacional e inconstitucional”.
A Cárdenas Palomino le habían congelado las cuentas bancarias después de su arresto con un monto mayor a cinco millones de pesos. Pero el pasado 25 de enero un tribunal administrativo le dio la razón y ordenó que esa medida se eliminara. “El poder judicial mexicano debería interesarse justamente en lo contrario”, ha señalado Gómez este jueves en la conferencia matutina junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. “Nos están dejando en la completa impunidad”, ha reclamado.
El fallo judicial, según explicó el titular de la UIF, está basado en jurisprudencia anterior, realizada por el exministro de la Corte Eduardo Medina Mora, que establece que “la lista de personas bloqueadas, como es un procedimiento meramente nacional, y no lo está solicitando ningún país extranjero, carece de suficiente certeza y carece de seguridad jurídica”. “No solamente es un criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos”, ha agregado. Como en reclamos anteriores que ha hecho este Gobierno contra miembros del Poder Judicial, Gómez ha cargado contra los jueces y ha dicho dos veces los nombres de los miembros del tribunal.
Con este tipo de decisiones, Gómez asegura que la justicia perjudica “la acción del Gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos”. El funcionario ha asegurado que lo mismo ha pasado en decenas de casos, sin dar mayores datos acerca de los mismos. “Ayuden a proteger el sistema financiero nacional, pero sobre todo para acotar el espacio para la impunidad”, ha lanzado como súplica.
Al extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se le acusa de haber ordenado y participado de la tortura en el caso Cassez-Vallarta en 2012. Pero su nombre ha estado en la agenda en los últimos días gracias al juicio que se lleva a cabo contra su antiguo jefe en Nueva York. En varias audiencias del proceso contra García Luna se le ha señalado por varios testigos como un colaborador que ayudaba al exsecretario de Seguridad a cobrar sobornos del crimen organizado. Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, antiguo miembro del Cartel de Sinaloa, lo ubicó en varias reuniones con integrantes de la organización criminal. Pese a que se ha especulado en los últimos días con su extradición a Estados Unidos, Cárdenas Palomino permanece desde su detención en el penal de alta seguridad del Altiplano.
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