Hace dos meses, mientras la política portuguesa estaba pendiente de la sucesión de dimisiones en el Gobierno de António Costa, profesores como Manuela Silveira comenzaron a hacer huelgas intermitentes en los colegios del país. Entonces no causaron mucho ruido, hasta que a mediados de enero miles de docentes participaron en una multitudinaria manifestación en Lisboa, que tienen previsto repetir este sábado. Sanitarios y ferroviarios también han mostrado su malestar y han recurrido a las protestas.
En el cajón de peticiones de los docentes había una lista con reivindicaciones antiguas, como el fin de la precariedad de los profesores contratados o la descongelación de la carrera, con sus consiguientes mejoras salariales para los fijos. Pero también algunas quejas nuevas sobre la reordenación del profesorado. Y sobre todo ello planeaba algo difícil de solucionar con un solo decreto: la dignificación de la escuela. “Lo que más me motiva de estas protestas es la denuncia del descalabro de la enseñanza, que ha sido vaciada de sus verdaderas funciones y se ha convertido en una escuela asistencialista, donde el Estado trata de resolver problemas que no son de la escuela”, explica Silveira, una profesora de Filosofía con 36 años de servicio y 1.800 euros de salario neto al mes.
Como ella, muchos profesores fijos no alcanzarán la cima de la carrera profesional cuando se jubilen a los 66 años por el restrictivo modelo de promoción, que contempla un número limitado de ascensos cada año y que deja fuera a docentes que también cumplen los requisitos de antigüedad y calidad educativa para subir en el escalafón. Esta es una de las demandas de los docentes fijos, pero Manuela Silveira se siente “una privilegiada” cuando se compara con alguno de sus compañeros contratados. “Su situación es gravísima. Ganan mal, trabajan mucho y van con la casa a cuestas, lo que cobran solo les da para pagar gasolina y alojamiento”, critica esta profesora del instituto Rafael Bordalo Pinheiro de Caldas da Rainha, a unos 90 kilómetros de Lisboa. La situación de los docentes contratados lusos ha alarmado incluso en la Comisión Europea, que tiene en marcha un procedimiento sancionador contra Portugal por considerar que les discrimina respecto a los que tienen plaza fija en aspectos como los salarios o la antigüedad.
Portugal es un país de bajos salarios y altos precios inmobiliarios. El pluriempleo es una salida para muchos portugueses, pero la inflación de los últimos meses ha acabado por movilizar a diversos colectivos del sector público ante la drástica pérdida de poder adquisitivo. Este miércoles comenzaron las protestas en Comboios de Portugal, la empresa pública ferroviaria, que durarán hasta el martes 21 de febrero. Durante la huelga total del jueves, que se realizó sin servicios mínimos, se suspendieron casi todas las operaciones del país (más de un millar). Los trabajadores reclaman una subida salarial ajustada al aumento de la inflación para no perder poder de compra.
Después de dos meses de concentraciones, paros y marchas, no parece que el pulso de los profesores vaya a concluir pronto, a pesar de la división entre las organizaciones sindicales. La aparición en escena del Sindicato de Todos los Profesionales de la Educación (Stop), con su naturaleza asamblearia y sus nuevas formas de presión, ha conectado con miles de trabajadores que acumulan años de descontentos y dificultades. El éxito de Stop ha arrastrado también a las organizaciones tradicionales a elevar sus presiones al Gobierno. En estos días se desarrollan cinco convocatorias diferentes de paros que alteran la vida escolar y dificultan en algunos centros la vida de las familias que deben ocuparse de los hijos en horario laboral. En algunas jornadas han llegado a cerrarse un centenar de centros, lo que desató las quejas de los padres de alumnos y llevó a la imposición de servicios mínimos.
Las cinco rondas de negociaciones con la Administración han servido de poco hasta el momento, porque la llave del conflicto depende tanto del Ministerio de Educación como del de Finanzas. Todo lo que piden cuesta dinero al Estado, justo lo que Costa trata de tener bajo control. Su política de contención presupuestaria para reducir la deuda y el déficit públicos, considerada una dañina austeridad desde la izquierda, maniata las concesiones que puede realizar Educación en la mesa de diálogo. Las recientes declaraciones del ministro de Finanzas, Fernando Medina, muestran que las prioridades del Gobierno siguen anteponiendo el control del gasto público sobre lo demás. “Cuando hablamos de los profesores y de las reivindicaciones, hay que tener en cuenta la situación general del país: no solo los profesores, sino también los enfermeros y los médicos”, dijo en una entrevista a la cadena de televisión TVI, donde volvió a defender el “equilibrio” de las cuentas públicas.
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El bloqueo de la carrera profesional de los profesores es una herencia de los duros años del rescate del país entre 2011 y 2014. Fue una de aquellas medidas impuestas por la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) y ejecutadas en medio de una gran contestación por el Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho. Aunque el Gobierno socialista alivió algo todo esto, siguen pendiente de reconocimiento seis años y seis meses después. El coste de integrarlos en las nóminas sería de 331 millones de euros al año, según datos del Ministerio de Finanzas publicados por el semanario Expresso.
Huelga de médicos
La sanidad lleva protagonizando protestas desde hace meses por el deterioro tanto del servicio como de las condiciones laborales. Ha habido dimisiones de equipos, concentraciones y paros. El personal sanitario lleva años quejándose de su sobrecarga laboral y de su escasa remuneración. Este mes se desarrollan protestas en enfermería, mientras que uno de los sindicatos de médicos ha convocado una huelga los días 6 y 7 de marzo. Los enfermeros portugueses están a la cola en remuneración de los países de la OCDE, mientras que los médicos asumen una gran sobrecarga laboral por la falta de personal. Para los sindicatos, tanto la precariedad laboral como los bajos sueldos contribuyen al déficit de mano de obra sanitaria en el país y a la emigración de los profesionales formados en Portugal hacia países con mejores contratos.
La falta de personal comienza también a ocurrir en las aulas, que necesitará contratar a más de 34.000 profesores en la próxima década para cubrir las bajas por jubilaciones, según un estudio de la Universidad Nova de Lisboa presentado a finales de 2021. “En dos o tres años no tendremos profesores para sustituir las jubilaciones porque nadie quiere estudiar para dedicarse a una profesión que ha sido desvalorizada y maltratada”, concluye Manuela Silveira, que desde diciembre suma ya nueve jornadas de huelga.
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