El Gobierno reconoce en su plan presupuestario enviado a Bruselas que el año que viene el gasto público caerá por primera vez en euros desde el año 2016. Ya ha pasado lo peor de la tormenta. El enorme escudo social que desplegó el Estado el año pasado para hacer frente a la pandemia está siendo poco a poco retirado conforme mejora la situación sanitaria. Y eso se refleja en unos gastos menores: aunque los Presupuestos presentados en el Congreso elevarán los desembolsos del Estado, las comunidades recibirán menos recursos para combatir la covid. En el conjunto de las Administraciones, el gasto se reducirá en 2022 en 12.980 millones: desde los 599.700 millones de euros hasta los 586.700 millones.
La rebaja de gasto planteada a Bruselas para el año que viene tiene pocos precedentes. En 2016, cuando la Comisión Europea amenazó con multar a España por incumplir la reducción del déficit tras las rebajas de impuestos de Rajoy, el gasto público bajó en 229 millones. En 2014 retrocedió en 2.000 millones. En cambio, en los años 2012 y 2013, a pesar de los fuertes ajustes, el presupuesto no disminuyó por el rescate de los bancos y porque aumentaba el desembolso en desempleo, intereses y pensiones. La bajada de 34.000 millones de 2013 se debe en realidad a que el año anterior, con el que se compara, se habían inyectado 38.000 millones para rescatar la banca. Si se resta el dinero metido en las entidades, en 2012 el gasto se recortó en unos 30.000 millones. En 2011, el ajuste de Zapatero rebajó las cuentas en unos 4.000 millones.
Medido en proporción al producto interior bruto (PIB), el gasto se reduce desde el 52,4% del PIB registrado en 2020 al 49,6% estimado para 2021 y el 44,7% previsto para 2022. El hundimiento de la economía en 2020 disminuyó el denominador y, por tanto, disparó la ratio de gasto público sobre PIB. Conforme se recupera la actividad, esta relación rebota con rapidez. Y también está contribuyendo decisivamente a esta caída “la desaparición progresiva de las medidas excepcionales de lucha contra la covid”, señala el documento remitido a la Comisión Europea. Medidas como los ERTE, el refuerzo de plantillas sanitarias y educativas, las vacunas o las ayudas a empresas ya no se repetirán en 2022 en igual medida.
Es decir, no hay ningún ajuste presupuestario. De hecho, el Gobierno indica que “cuando las circunstancias económicas lo permitan se aplicarán políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo”. Bruselas tiene a partir de ahora dos semanas para responder al plan y pedir aclaraciones o correcciones si así lo considera necesario.
El Gobierno mantiene sus previsiones y espera que la economía crezca un 6,5% este año y un 7% el que viene. Este rebote de la actividad está propiciando un fuerte repunte de los ingresos. El Ejecutivo avanza que este año se recaudarán 499.150 millones, un 7,2% más que en 2020 y un 2,2% por encima de los niveles prepandemia de 2019. En 2022 el pronóstico es que la caja rompa por primera vez en la historia la barrera del medio billón de euros: alcanzará los 522.264 millones. En conclusión, el año pasado se perdieron 22.800 millones de recaudación; en cambio, este año se ingresarán 33.770 millones más y el que viene 23.100 millones. Habría que remontarse al pico de la burbuja para ver aumentos de la recaudación superiores.
Crece la recaudación sin grandes subidas fiscales
La recaudación ha evolucionado sorprendentemente bien a pesar de la pandemia. Y no ha sido por subidas de impuestos. De hecho, las pocas proyectadas han sido la tasa Google, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a las primas de seguros, la subida del IRPF a las rentas altas y el alza del IVA para las bebidas azucaradas. Todas ellas apenas han conseguido ingresar unos 1.500 millones frente a los 6.800 que se habían proyectado inicialmente. Los ingresos han aguantado sobre todo por el despliegue de los ERTE, la inflación, la menor economía sumergida, el avance del pago con tarjeta, el aumento de las plantillas públicas, la protección de las pensiones y la concentración de la pérdida del empleo en las rentas más bajas y, por tanto, con menor tributación.
La recaudación en proporción al PIB bajará hasta los niveles de los gobiernos de Rajoy. En 2022 se situará en el 39,8% del PIB, muy lejos del objetivo de alcanzar la media de la UE. El Ejecutivo siempre habla de subir los ingresos en unos cinco puntos de PIB, el equivalente a cerca de 60.000 millones o unos dos tercios de lo que se recauda por IRPF. Por ahora el primer paso será conocer en febrero el informe de los expertos con sus recomendaciones para abordar una reforma fiscal.
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