Los dos socios del Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) han propuesto este miércoles a todos los grupos parlamentarios actualizar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para “blindar su financiación”, según señalan desde Unidas Podemos, y para “reafirmar el consenso político para la erradicación de todas las violencias machistas”. Esta propuesta, cuyo borrador no ha trascendido, busca renovar el respaldo al gran acuerdo cuya vigencia expira en 2022.
El Pacto de Estado, que incluye 213 medidas para atajar la violencia machista, fue aprobado en 2017 en el pleno del Congreso de los Diputados. Salió adelante con 278 votos a favor y 65 abstenciones de Unidas Podemos y el Grupo Mixto. Podemos, hoy en el Gobierno y a favor del pacto, se abstuvo entonces porque consideraba que el acuerdo se quedaba corto. Pero además, el Parlamento de entonces no era el de ahora, en el que la tercera fuerza política, Vox, defiende que la violencia machista no existe.
De hecho, parte de esta nueva propuesta –que llega una semana antes del 25-N, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres– persigue garantizar que este gran acuerdo, su financiación y el consenso que despierta la lucha contra la violencia machista entre la gran mayoría de las fuerzas políticas en España no se pierda en el futuro, gobierne quien gobierne. Desde que comenzó el recuento de la estadística oficial en 2003, en España han sido asesinadas 1.118 mujeres por sus parejas o exparejas.
La propuesta acordada entre PSOE y Podemos, con todo, se ha ofrecido a todos los partidos del arco parlamentario. El Gobierno ha subrayado su compromiso para trabajar “desde la unidad institucional con todas las formaciones políticas representadas en las Cortes Generales para la actualización cuanto antes del pacto”, según una comunicación remitida por La Moncloa.
La secretaria de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, que también es secretaria de Feminismos y LGTBI de Podemos, y Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE, se han reunido en las últimas semanas para cerrar una propuesta conjunta que plantean al resto de grupos y que será votada en las próximas semanas, tras la negociación con los grupos.
Financiación de las organizaciones feministas
La propuesta se ha hecho pública después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado Ángela Rodríguez se reunieran este miércoles con las portavoces de Igualdad de todos los grupos y de la comisión de seguimiento del Pacto. El texto que se debe consensuar con el resto de partidos también prevé “blindar la financiación a las organizaciones feministas que luchan contra la violencia machista” a través de los fondos del pacto.
Pese al amplio consenso recogido en el Congreso en 2017 para respaldar el Pacto de Estado, su desarrollo en estos primeros cuatro años ha sido desigual. De hecho, el pasado julio, tras un repunte de asesinatos machistas que llegó con el fin de las restricciones de la pandemia, el Gobierno aprobó un plan de medidas urgentes que incluía algunas que ya estaban recogidas en el Pacto y que aún no se habían puesto en marcha, como el cribado sanitario, que supone que la violencia machista sea detectada en los centros de atención primaria, dada la baja tasa de denuncias que hay de estos delitos, o la mejora de la formación del personal de Justicia.
Distintas organizaciones de mujeres han criticado estos años la falta de desarrollo de las propuestas del Pacto. La estimación del Ministerio de Igualdad es que ya están en marcha el 80% de las medidas.
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