El Gobierno pretende aumentar la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero de 2022, y así se lo ha transmitido a los agentes sociales durante la reunión de la Comisión Tripartita que ha tenido lugar este martes. Además de ampliar en cuatro meses la posibilidad de que las empresas se acojan a esta herramienta que sostiene gran parte de las cuotas de los trabajadores suspendidos, se mantendrán “con carácter general todas las situaciones reguladas en los reales decretos anteriores”, según ha comunicado el sindicato UGT. Las negociaciones entre las partes se reanudarán el próximo jueves.
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Sin embargo, en este nuevo marco temporal serán las empresas las que deban solicitar expresamente acogerse a estos nuevos ERTE antes del próximo 10 de octubre, ya que no se renovarán automáticamente al estar vinculados a la formación. También tendrán que incorporar la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores. La Administración, por su parte, dispondrá de 10 días para valorar estas solicitudes y, transcurrido este plazo, en el caso de no se produzca respuesta alguna, estas serán consideradas como desestimadas. Este “silencio negativo” no ha gustado al resto de las partes, ya que consideran que “genera confusión”. En la negociación será decisivo el papel del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, para mediar entre Escrivá y la patronal.
En cuanto a la cuantía de las exoneraciones de las cuotas de los trabajadores afectados ―la parte que las empresas deberían pagar a la Seguridad Social y que seguirá asumiendo el Estado― deberán estar vinculadas a las acciones formativas que destine la empresa para los trabajadores afectados por los ERTE. Además, deberán programadas para ejecutarse entre el 1 de octubre y el 30 junio de 2022. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya había adelantado que el eje central en la continuación de los ERTE más allá del mes de septiembre se vertebraría alrededor de la formación. A 15 de septiembre, 253.000 personas seguían bajo el paraguas de los ERTE.
“En todas las prórrogas hemos ido cambiando las prioridades, y en este momento el volumen de las exoneraciones no es un elemento central ni una prioridad. Ahora el énfasis lo tenemos que poner en la formación y así se lo vamos a plantear a los agentes sociales. Tenemos que intentar que aquellos que aún siguen en ERTE mejoren sus conocimientos para que se reincorporen al mercado de trabajo en mejores condiciones”, indicó el ministro durante la presentación de los datos sobre afiliaciones el pasado jueves.
Trabajo prepara un plan para los afectados por el volcán de La Palma
A pesar de esta variación en el eje principal de las negociaciones, la delimitación de las exoneraciones sigue siendo una piedra en las conversaciones. El Gobierno pretende seguir “motivando” la recuperación de trabajadores mejorando las exenciones de los repescados por encima de aquellos que se mantienen congelados. Aun así, la última propuesta contempla una unificación de las exoneraciones del 100% para los ERTE por impedimento, y del 50% para empresas de menos de 50 trabajadores en los de limitación, y un 40% para aquellas con mayor plantilla. Al mismo tiempo, se contempla la prórroga de la incorporación de los fijos-discontinuos al esquema de los ERTE que se acordó en la última prórroga de mayo.
Desde UGT han reiterado “la necesidad de actualizar el contador a cero” de las prestaciones por desempleo de las personas bajo un ERTE, y han informado al Gobierno de una propuesta para regular la situación de las personas afectadas por el volcán de la isla de La Palma, una proposición compartida por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que están ultimando un mecanismo laboral específico de protección para los trabajadores del archipiélago canario frente a las consecuencias provocadas por el volcán, de la mano del Gobierno canario.
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