El Gobierno recurrirá ante la justicia el adelanto del toque de queda aprobado por la Junta de Castilla y León, que empieza a las 20.00, dos horas antes de la horquilla permitida, entre las 22.00 y las 00.00. El Ejecutivo ha solicitado a la Abogacía del Estado que interponga un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, según ha informado este domingo Presidencia a través de un comunicado, al considerar que se trata de la “restricción de un derecho fundamental no amparada” por el decreto del estado de alarma. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se mostró este sábado abierto a modificar este horario, como así le han solicitado varias autonomías, pero previo acuerdo con ellas.
El presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha respondido en un comunicado en el que lamenta “que el Gobierno de España trate de obstaculizar con su recurso la acción de la Junta de Castilla y León, que tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía”. El dirigente popular, que gobierna en la comunidad con Ciudadanos, ha insistido en que la medida es legal según sus servicios jurídicos, y que la mantendrá en tanto no decida lo contrario el Supremo.
El líder del PP, Pablo Casado, ha apoyado la postura de Castilla y León y ha criticado al Gobierno en un mensaje en Twitter: “El ausente presidente del Gobierno y el ministro candidato a tiempo parcial atacan a las autonomías gobernadas por el PP en vez de dar la cara, asumir su responsabilidad y hacer algo eficaz de una vez contra la 3ª ola de covid y el récord de contagios”. El portavoz socialista en el el Senado, Ander Gil, ha respondido instando al Ejecutivo autonómico que preside Mañueco a abandonar “las decisiones unilaterales y fuera de la legalidad”. “El Gobierno ha recurrido esta decisión porque el único camino tiene que ser el del diálogo, las decisiones consensuadas y el de la seguridad jurídica”, ha añadido Gil en un vídeo difundido por el PSOE.
En una semana en la que todas las comunidades han endurecido sus restricciones ante el embate de la tercera ola del coronavirus, la Junta es la que más lejos ha ido con este adelanto del toque de queda. El miércoles, pidió, junto con otras, como Andalucía, Murcia y Asturias, que el Ministerio de Sanidad habilitara algún mecanismo que permitiera el confinamiento domiciliario. Ante la negativa de Illa, aprobó el viernes la limitación de la movilidad desde las 20.00, así como el cierre perimetral de las provincias y la reducción de las reuniones de no convivientes de seis a cuatro personas. Mañueco también ha pedido a los ciudadanos que se autoconfinen y solo salgan para actividades esenciales. Andalucía, Galicia y País Vasco también han pedido a Sanidad la posibilidad de adelantar el toque de queda. Illa se mostró abierto a esa posibilidad, pero “con las máximas garantías jurídicas” al afectar a derechos fundamentales. “Si hay que revisar esta franja horaria vamos a hacerlo con todo el mundo. El Gobierno nunca se ha negado a escuchar”, dijo este sábado.
España se enfrenta a la tercera ola con medidas restrictivas muy diversas según la comunidad autónoma. Con una curva epidémica al alza —la incidencia a 14 días es de más de 575 casos por 100.000 habitantes—, las autonomías han optado por limitar la movilidad y la interacción social, los dos factores determinantes de la expansión del virus, pero el nivel de intensidad en cada una de ellas es diferente. De hecho, no necesariamente hay medidas más duras donde la incidencia es más alta. Por ejemplo, Galicia, con 392 casos por 100.000 habitantes, cierra la hostelería a las 18.00, y Madrid, en cambio, que tiene 698 casos por 100.000, la mantiene abierta hasta las 22.00. Tampoco aquellas comunidades que exigen el confinamiento domiciliario, como Castilla y León, tienen ya impuestas las medidas más restrictivas: así, allí los bares pueden servir en las terrazas, mientras que en Cataluña, la restauración solo puede abrir para dar desayunos (de 7.30 a 9.30) y comidas (de 13.00 a 15.30) y en Mallorca e Ibiza está complementamente clausurada (excepto para entregas a domicilio). Sanidad insiste en que con el actual decreto de estado de alarma, las autonomías tienen herramientas suficientes para frenar la tercera ola.
El acuerdo 2/2021 que se recurrirá ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo fue publicado este sábado en el Boletín de Castilla y León, fecha en la que el nuevo horario entró en vigor. El Gobierno considera que este texto vulnera el Real Decreto 926/2000 que declaraba el estado de alarma, en cuyo artículo 5 establecía como período para las “limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno” la franja de 23.00 a 6.00, posibilitando a las comunidades, como autoridades competentes delegadas, que variaran una hora por arriba o por abajo esos límites, es decir, que la hora de comienzo pudiera ser entre las 22.00 y las 00.00 y la hora de finalización entre las 5.00 y las 7.00.
“Al fijar como hora de comienzo de la limitación las 20.00 horas, el acuerdo infringe nítidamente la regulación mencionada”, asegura el comunicado, “sin que tal infracción pueda negarse acogiéndose a las facultades de ’modulación” contenidas en el artículo 10 del decreto de estado de alarma ni en la disposición transitoria única del Real Decreto 956/2000 ―aprobado para posibilitar a las comunidades la relajación de medidas durante las Navidades―. Según el Gobierno, “dicha modulación comporta la posibilidad de suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no ―como es el caso― de intensificarlas o agravarlas”. Para el Ejecutivo, “se trata de una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del estado de alarma”.
Mañueco ha argumentado que según los servicios jurídicos de la Junta, esta capacidad de “modulación, flexibilización o suspensión” que concede el real decreto a las comunidades autónomas sí posibilita el adelanto a las 20.00. Por tanto, “deberá ser el Tribunal Supremo, en su caso, quien determine si el presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad delegada, tiene la facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia”. Mientras, la medida “sigue vigente en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la ley”.
El presidente ha recordado que “la situación epidemiológica y sanitaria es de extrema gravedad” en su comunidad y en toda España, y que la incidencia acumulada en la región se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero y el número de ingresados por covid-19 se ha duplicado. Y ha reclamado al Gobierno “instrumentos jurídicos seguros, si es que discute los existentes, que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas”. “Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías”, ha remachado. Mañueco ha vuelto a insistir “encarecidamente a todas las personas de Castilla y León que reduzcan al máximo su movilidad y contactos sociales, con el fin de frenar esta grave tercera ola de la pandemia”.
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