El Ministerio de Educación reduce las nuevas ventajas que los interinos tendrán para conseguir una plaza en las oposiciones docentes. El Gobierno ha aprobado este martes un decreto para reducir la temporalidad que existe en el sistema educativo, un problema que afecta al conjunto de la Administración y contra el que la Unión Europea viene reclamando a España que actúe. Pero un cambio de última hora introducido en el texto legal a instancias del Consejo de Estado, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, acota su alcance al impedir que las plazas de reposición (aquellas que se convocan para cubrir fundamentalmente bajas por jubilación) y las de nueva creación puedan beneficiarse de las dos vías habilitadas por el ministerio para facilitar la estabilización de los interinos: un concurso-oposición con baremos que valoran de forma extraordinaria la antigüedad, y un concurso de méritos sin examen.
Entre este año y 2024, que es el periodo en el que en principio se aplicará el plan de estabilización del Gobierno, está previsto que las comunidades autónomas convoquen en torno a 125.000 plazas docentes en infantil, primaria y secundaria, según los cálculos sindicales. De ellas, en torno a 37.000 serán de reposición. Un cambio introducido en el último momento en el nuevo decreto, solicitado por el Consejo de Estado, impedirá que estas últimas puedan ser cubiertas mediante las fórmulas ideadas por el Ministerio de Educación para facilitar la reducción de la temporalidad. Es decir, que cerca de un 30% de las plazas previstas desde este año hasta 2024 deberán ser cubiertas mediante el procedimiento normal, previo al proceso de estabilización. Se trata, en todo caso, de una estimación, ya que el número de plazas convocadas será decidido en última instancia por las comunidades autónomas, que tienen la competencia para aplicar los procesos de estabilización en sus territorios dentro del marco fijado por la normativa básica que establece el Gobierno.
El nuevo decreto desarrolla, en el sistema de enseñanza, la ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público aprobada en diciembre, que marca como objetivo reducir la elevada tasa de precariedad en la Administración al 8%. El porcentaje de interinos en educación representa ahora en torno al 25% de la plantilla. La medida perjudica al mismo tiempo a los aspirantes sin experiencia, normalmente jóvenes, que con los nuevos procedimientos ven drásticamente reducidas sus oportunidades de conseguir una plaza. Un bloqueo generacional que ha influido en la decisión de casi todas las comunidades autónomas (salvo Cataluña y País Vasco) de convocar las oposiciones docentes de este año sin esperar a este decreto, lo que les permitirá convocar los exámenes como siempre. El cambio introducido en el último momento que saca de dichas fórmulas las vacantes por jubilación tiene como grandes ganadores a estos aspirantes sin experiencia, y obligará a las comunidades autónomas a hacer un esfuerzo extraordinario de organización, ya que tendrán que ofrecer tres sistemas de acceso en paralelo.
Para estabilizar a los interinos, el decreto establece dos vías excepcionales y temporales hasta 2024. Una más radical, que elimina la parte de oposición y adjudicará las plazas mediante un concurso excepcional de méritos, está reservada para cubrir aquellas plazas ocupadas por interinos desde antes del año 2016 y deberá realizarse en una única convocatoria en cada comunidad autónoma. La otra vía, más suave, mantiene la estructura del concurso-oposición, aunque favoreciendo a los interinos, y que se aplicará para cubrir las plazas ocupadas más recientemente de forma temporal.
En la fase de oposición de este segundo método, que representará un 60% de la puntuación total, las partes de la prueba se reducen a dos —desarrollo del tema y presentación de la unidad didáctica, prescindiendo de la parte práctica—, que no serán eliminatorias: bastará con obtener una media de cinco para aprobar. La fase del concurso supondrá un 40% de la calificación total y se estructurará de la siguiente manera: la puntuación máxima será de 10 puntos, dividida en experiencia docente (siete puntos), formación académica (dos puntos) y méritos (un punto). Por cada año de experiencia en un centro público en la misma especialidad del cuerpo a la que se opta, los aspirantes recibirán 0,7 puntos. Si la especialidad es distinta, pero el cuerpo es el mismo, 0,35 puntos. Y si son diferentes tanto la especialidad como el cuerpo, 0,125. Por cada año de experiencia en centros educativos que no sean públicos, los aspirantes solo recibirán 0,1 puntos por año trabajado, cuando en el primer borrador negociado con los sindicatos se preveía que fuera 0,15 puntos.
El decreto también establece que, dentro del baremo de “méritos” (que contará como mucho un punto), el hecho de haber superado la fase de oposición en el mismo cuerpo al que se opta en convocatorias celebradas desde 2012 se valorará con 0,75 puntos. Y la formación permanente que acrediten los aspirantes sumará hasta un punto.
La entrada sin examen, por un mero concurso de méritos, ofrece una ventaja todavía más aplastante a los interinos, a pesar de que no está restringido y en teoría puede presentarse cualquiera que reúna los requisitos generales. La puntuación máxima será de 15 puntos que se repartirán así: experiencia docente (siete puntos, primándose la acumulada en la misma especialidad siguiendo los mismos criterios que en el método anterior), formación académica (tres puntos) y otros méritos (cinco puntos, donde también se tendrá en cuenta haber superado procesos selectivos anteriores y la formación permanente).
Los sindicatos calculan que un 90% largo de las plazas que se convoquen a través de este doble sistema irán a parar a interinos, frente al aproximadamente 80% que suelen conseguir en una convocatoria normal. La estabilización es uno de los objetivos tradicionales de las centrales sindicales, que tienen interinos entre sus afiliados, aunque a buena parte de ellos no les ha convencido desde el principio la opción del concurso de méritos sin examen debido a que nunca se ha aplicado y existe el riesgo de que, ante los previsibles recursos que se presenten, acabe siendo anulada por los tribunales. Los sindicatos, mayoritariamente, habrían preferido que se hubiera diseñado para todas las plazas un concurso-oposición que diera muchas ventajas a los interinos, como el que se contempla en la primera de las vías del plan.
Aval del Consejo de Estado
El Consejo de Estado ha planteado, sin embargo, una observación esencial al plan diseñado por el ministerio que ha obligado finalmente a sacar de las vías extraordinarias las plazas de reposición y las que se consideren de nueva creación. El organismo sí ha avalado, en cambio, el sistema para las plazas convocadas específicamente con el fin de estabilizar a los interinos. Los aspirantes sin experiencia habían protestado en los últimos meses, denunciando que, al no estar representados por los sindicatos, nadie había defendido sus intereses en la negociación del plan. El malestar que la medida podía generar entre los jóvenes, muy castigados por las dos últimas crisis económicas, ya había llevado, sin embargo, a casi todas las autonomías, que en general celebran elecciones en 2023, a adelantar la convocatoria de las oposiciones de este año para esquivar el nuevo sistema de acceso. Una táctica a la que había contribuido el Ministerio de Educación al retrasar hasta abril la aprobación del decreto.
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