El Gobierno de coalición salvó este miércoles los muebles políticos en el Congreso, en la prórroga y casi de penalti, tras vivir una situación de extrema fragilidad. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros para reducir la temporalidad y el número de interinos en la Administración hasta el 8%, y que podría afectar a más de 300.000 interinos, pasó un auténtico calvario para ser convalidado en las Cortes ante los reparos de los principales socios del Ejecutivo. Unidas Podemos y ERC, junto con Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria, prestaron al final sus votos para una victoria agónica en la que sumaron 170 escaños, uno más de los que sumó el bloque del no, tras un primer empate.
Otras formaciones normalmente aliadas del Gobierno, como PNV y Más País, se decantaron por una “abstención crítica” ante el planteamiento llevado al Congreso con el decreto sobre los interinos. Al bloque habitual del no que intgran PP, Vox, Foro Asturias, UPN y Ciudadanos se agregaron en este caso PDeCAT, Junts, Coalición Canaria, BNG y EH Bildu.
ERC fue otra vez la clave que decantó la balanza y varió su rechazo inicial a la norma tras cinco horas de presiones y negociaciones in extremis con el Ministerio de Hacienda al forzar y conseguir dos ventajas adicionales para los interinos que aspiran a una plaza fija: que los exámenes de las próximas oposiciones puedan no ser eliminatorios y que los interinos que lleven 10 años en el puesto puedan acceder definitivamente al mismo sin el examen de la oposición si esas plazas no se han cubierto en las correspondientes ofertas públicas. El Ministerio de Hacienda no tiene un cálculo de cuántas personas pueden verse beneficiadas por esa excepción.
“Se trata de aplicar la excepcionalidad para aquellas personas, con contratos estructurales o interinos, que estén ocupando una plaza por un periodo de 10 años y que esta plaza nunca se haya convocado en ninguna de las ofertas públicas de empleo”, reafirmó la ministra María Jesús Montero en el debate.
Pilar Vallugera, la portavoz de ERC, se vio forzada a ofrecer alguna explicación del giro determinante del voto de su formación y consideró su posición de fuerza hasta el final como “un aviso a navegantes”. Tanto ERC, como PNV, Bildu, PDeCAT, Compromís, Más País o BNG, que suelen prestar sus escaños para muchas iniciativas del Ejecutivo desde la moción de censura a Mariano Rajoy y también desde la investidura, aprovecharon para expresar duras críticas al decreto y advertir de que están hartos de que lleguen al Congreso proyectos sin ninguna negociación previa y a la espera de que por su parte simplemente se apriete el botón del sí. La diputada republicana catalana aclaró, además, que en la transacción con Hacienda habían logrado las citadas excepciones para facilitar la continuidad de los interinos actuales y añadió que ahora intentarán “extender” otras mejoras durante el trámite parlamentario también aprobado este miércoles de esta ley por la vía de urgencia.
La portavoz de ERC explicó así en su intervención que muchos de esos interinos beneficiados por esas excepciones corresponden al ámbito municipal y autonómico y avanzó que tendrán ahí la posibilidad de suavizar esas pruebas eliminatorias. Otras formaciones nacionalistas, catalanas y vascas, se lamentaron de que el Ministerio hubiera pactado las nuevas medidas en la mesa de la función pública con los sindicatos CCOO y CSIF y no hubiese tenido en cuenta a los más implantados en sus territorios.
La mayoría de los grupos que normalmente apoyan al Ejecutivo denunciaron la falta de negociación previa de lo que descalificaron como “decretazo” y, sobre todo, que podría suponer un ERE o “Icetazo” para muchos de los actuales interinos (que en el debate se estimaron en cifras que fluctúan entre 300.000 y 800.000 personas). También reprocharon que no se valorase bien la antigüedad de ese personal en sus puestos a la hora de competir con nuevos aspirantes. Lo del Icetazo, que utilizaron algunas formaciones nacionalistas catalanas, hacía alusión a Miquel Iceta, el anterior titular del Ministerio de Administración Pública que fraguó el pacto sindical para llegar a esta solución y que ahora, tras la reciente remodelación, ha dejado ese puesto.
La ministra que le relevó y defendió el decreto en el Congreso, María Jesús Montero, consciente de los rechazos que concitaba el proyecto, ensalzó el acuerdo sindical previo para solventar un problema casi crónico de la Administración, agravado en los dos últimos años por la decisión de frenar al máximo las tasas de reposición de puestos como consecuencia del coronavirus. Y prometió atender a las posibles sugerencias y mejoras que planteen ahora los grupos en el trámite parlamentario de la ley por la vía de urgencia, que debería estar solventado según el calendario del Gobierno para octubre.
Siete horas de debate
Toda la larga sesión de siete horas de debate en el Congreso fue un mal trago para el Gobierno en un momento político aún delicado, tras la reciente crisis interna en el Gabinete. El Ejecutivo solicitó el pleno extraordinario, fuera del periodo normal de sesiones, para convalidar tres decretos claves aprobados hace menos de un mes y marcharse de vacaciones con algunos deberes resueltos. Pero no fue nada cómodo ni ratificar la bajada del IVA de la tarifa de la luz del 21% al 10% en una jornada otra vez récord con 106 euros para el megavatio hora ni tampoco aceptar sin más el decreto que permite flexibilizar el uso de las mascarillas en los exteriores en esta quinta ola de la pandemia. Esos dos asuntos, sin embargo, se resolvieron con holgura en las votaciones. El decreto de los interinos no.
La primera votación se registró poco después de las 16.00 y acumuló 170 votos a favor, 170 en contra y ocho abstenciones. La presidenta de las Cortes, la socialista Meritxell Batet, se despistó y dio por convalidado el decreto. Alertada, corrigió el error y comprobó el empate. Unos minutos antes, en otra votación, una diputada socialista, la exministra María Luisa Carcedo, avisó de que su aparato para registrar las votaciones no funcionaba. Luego, para la segunda votación, ese fallo se arregló. Sin ese voto, el PSOE podría haber hasta perdido.
En vídeo, la intervención de María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Mascarillas y tarifa de la luz
La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tuvo que admitir que la discusión sobre la rebaja del IVA del recibo de la luz del 21% al 10% llegaba al Congreso en un “momento especial, sensible y complejo” con la tarifa récord de 106 euros por el megavatio hora. Se lo recordaron todos los demás oradores. Ribera aceptó “la distonía y disfunción” de la situación actual y no pudo prometer que se vaya a despejar en meses ante el aumento disparado de los precios del gas y de los derechos de emisión. Muchos grupos, de derechas e izquierdas, cuestionaron que un Gobierno que se define progresista mantenga los precios de la luz más caros de la historia. El decreto, eso sí, salió adelante con 193 votos a favor, tres en contra y 152 abstenciones. La otra norma a convalidar, la que permite estar en espacios abiertos sin mascarilla, fue refrendada con 170 síes, 90 noes y 78 abstenciones. Ninguna de las dos se tramitará como proyecto de ley por la vía de urgencia.
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