El Ministerio de Educación y Formación Profesional va a invertir 670 millones de euros de la dotación de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia a crear 64.000 nuevas plazas para menores de tres años en unas escuelas que gestionarán las comunidades autónomas o abriendo aulas en colegios ya existentes. Esto supone aumentar en tres años los puestos públicos un 27%. La intención de la ministra, Isabel Celaá, que está en conversaciones ya con los gobiernos autonómicos, es que un tercio de esas plazas estén disponibles este septiembre.
Solo cuatro de cada 10 menores estaba matriculado en un centro en el curso 2018-2019. Y al siguiente, el 51,9% estaba inscrito en un centro público, el 16% en uno concertado y el 32,1% en uno privado. En total, 464.479 niños, un 0,9% menos que el año anterior, probablemente provocado por el decrecimiento demográfico. Además, la falta de educación infantil gratuita en la primera etapa (de cero a tres años) es una de las grandes reivindicaciones del sistema educativo público. En 2002 la segunda etapa (de tres a seis años) pasó a ser gratuita y se extendió hasta el 97% de escolarización.
Ante la escasez de plazas públicas, la mayoría de las familias se ven obligadas a pagar una enseñanza privada que resulta muy costosa ―al requerir esta etapa una atención muy personalizada― porque no hay sitio en la pública. Hay escuelas de titularidad municipal, autonómica o gestionadas por terceros para una Administración. Las diferencias entre comunidades son abismales. En 2018 mientras en el País Vasco el 52,4% de los niños de esa edad están matriculados en un centro, en Canarias bajaba al 16,8%, según el análisis elaborado por este periódico con datos del INE y del Ministerio de Educación. El curso pasado, los centros no abrieron desde que se decretó el estado de alarma y este lo han hecho con regularidad.
“Queremos empezar por los niños que están en situación más vulnerable, porque esas familias no tienen capacidad de llevar a su hijo si supone un gran desembolso de dinero”, remarcó Celaá este miércoles en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Universidades, Manuel Castells, para hablar del destino de los 4.757 millones de Bruselas que se invertirán en digitalización, modernización de la Formación Profesional o a impulsar la universalización de la educación infantil. “Las evacuaciones TIMSS [de conocimientos] a niños de 10 años que estuvieron escolarizados en el cero a tres demuestran que estos consiguen mucho mejor resultados en Matemáticas y Ciencias que el resto”. Unesco y Unicef consideran vital la inscripción para frenar las desigualdades entre alumnos y mejorar su rendimiento académico en el futuro.
“Está muy extendida la concepción de que si el niño va a la escuela infantil es como un servicio para las madres, porque se van a trabajar y si ella no tiene empleo no hace falta que él vaya. Se ve la escuela como conciliación familiar y no como un elemento educativo”, lamenta Álvaro Ferrer, experto en equidad educativa de Save The Children. “Quien no tiene plaza pública y no puede pagar una privada usa a la familia extensa, los abuelos, o lo que llamamos redes informales, las amigas, que a veces no saben cuidar de los niños”.
Save The Children calcula que para llegar a la universalización de la educación de cero a tres años habría que crear 39.000 plazas anuales durante una década. No son partidarios de la gratuidad total ―mejor más plazas que pocas gratis―, igual que en los países nórdicos, y apuestan porque se abone en función de la renta. A la ONG le preocupa que la no escolarización frena que muchas mujeres busquen trabajo. Universalizar la educación de 3 a 6 años supuso un incremento del 8 % en la ocupación de las madres con hijos de tres años, según un estudio de maternidad y trabajo de 2011 que analizaba las tasas de empleo. Ferrer recuerda también que la escolarización recorta los índices de pobreza y favorece la natalidad.
Plazas desde 375 euros
Cuando Beatriz Portero, que trabaja en un gabinete de comunicación, tuvo en julio pasado a su hija Paula no había calculado cuánto le iba a costar la escuela infantil (ya no se emplea el término guardería, porque se enseña no se guarda a los niños). Se llevó el “susto” luego. La más barata que encontró, 375 euros, y de ahí para arriba, cuenta este miércoles a las tres y media cuando sale con Paula del centro privado al que lleva acudiendo unos meses. Cree fundamental que se abran más escuelas públicas. El 18 de mayo esta madre sabrá si le han concedido una plaza en una pública, en la que tendría que pagar unos 110 euros. Tiene confianza porque en el barrio en el que vive en el norte de Madrid hay dos escuelas municipales y dos autonómicas en un radio de un kilómetro. “Si no habrá que quitarse de otras cosas”, argumenta.
Como madre trabajadora, Portero recibe del Estado una ayuda de 100 euros hasta que su hija tenga tres años y confía en que por su renta cumplirá los requisitos y recibirá ―si no entra en la escuela pública― el cheque escolar de la Comunidad de Madrid. El gobierno autonómico reparte bonos de entre 100 y 160 euros para matricular a los niños en un centro concertado.
Pedro Badía, responsable de Política Educativa en Comisiones Obreras, se alegra de la inversión en infantil, pero la considera “insuficiente”. Y le preocupa, sobre todo, el futuro: “La inversión que hay que hacer para consolidar esta etapa como pública es mayor que los 670 millones que van a poner sobre la mesa. El capítulo de profesorado se lleva un montante considerable, más la remodelación de centros o la creación de otros nuevos. El Gobierno tendrá que negociar con las autonomías y los agentes sociales”.
A diferencia del plan Educa O3, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no solo se van a construir los centros, sino pagar hasta 2024 el sueldo de los maestros. “La otra vez cuando llegó la crisis se recortó el presupuesto de los Ayuntamientos y no tenían cómo pagar las nóminas y muchos centros cerraron. Por eso le hemos pedido a la ministra que los Ayuntamientos, que son débiles, colaboren, pero que quien financie sean las comunidades”, señala Ferrer.
Celaá ha insistido que la creación de plazas escolares es competencia de las comunidades autónomas y esta partida de 670 millones “es una inyección que pone el ministerio porque sus recursos son importantes desde 2018″. Los Presupuestos de 2019 ―que no llegaron a ser aprobados― contemplaron 30 millones de euros en créditos para los Ayuntamientos con déficit que quisiesen impulsar esta etapa educativa, y esta iniciativa fue muy mal recibida por los consistorios.
Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.