Vista aérea de las instalaciones de la macrogranja de Caparroso (Navarra), difundida por Greenpeace
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, aseguró el pasado 21 de abril en el décimo Congreso de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) que elaboraría un decreto ley para “regular el tamaño de las granjas de vacuno, en el marco de un modelo de agricultura familiar y profesional”. El texto, en fase de consulta pública, limita la “capacidad máxima” de la explotación a 850 unidades de ganado mayor —esto es, de gran tamaño— para las granjas de bovinos. Además, Planas aseguró que la nueva PAC —Política Agraria Común— de la Unión Europea favorecerá el modelo de explotación “familiar y profesional”. En la misma línea, los gobiernos autonómicos de Castilla- La Mancha, Aragón, Cataluña y Navarra han aprobado iniciativas para prohibir o limitar la construcción y ampliación de macrogranjas.
Emiliano García-Page (PSOE), presidente de Castilla-La Mancha, anunció hace dos semanas una moratoria que prohibía la construcción de nuevas macrogranjas y la ampliación de las existentes hasta diciembre de 2024. Aunque unos días antes el presidente castellano-manchego anunció que esta limitación sería con carácter indefinido. “Entre todos debemos establecer un diálogo sereno sobre la normativa que debe regir este tema, compatibilizando el sector económico y ganadero de la comunidad autónoma con las necesidades de sostenibilidad ambiental”, afirmó el presidente autonómico.
El Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán (PSOE), presentó el pasado julio un proyecto de ley para la “protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de Aragón”. En este texto se señala que la ganadería intensiva “pone en peligro tanto la sostenibilidad ambiental del territorio, como la sostenibilidad económica y social”. La iniciativa legislativa añade que la agricultura familiar “está sometida a riesgos especialmente relevantes en el ámbito de la ganadería intensiva”. El proyecto de ley del Gobierno de Lambán, aunque no prohíbe la construcción de nuevas explotaciones intensivas, sí limita el tamaño de “todas las explotaciones ganaderas intensivas” y condiciona la construcción de nuevas macrogranjas a la capacidad de “recepción de estiércoles” que tenga el suelo sobre el que se pretendan edificar.
Se trata de una medida semejante a la aprobada por María Chivite en Navarra el pasado abril, que ha prohibido la construcción o ampliación de explotaciones con más de 1.250 unidades de vacuno. La proposición de ley se aprobó con los votos a favor de los partidos de izquierdas y la abstención de Navarra Suma, formada por Ciudadanos y el Partido Popular.
En Cataluña, la autonomía con mayor número de macrogranjas según los datos facilitados por cada región, el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural propuso un nuevo modelo de regulación de la ordenación ganadera en octubre de 2021 que tomará forma de decreto para asegurar el equilibrio entre la sostenibilidad económica y ambiental. Con él, se limitará el número de animales que pueden llegar a tener las explotaciones y no se podrán ampliar las cabezas de ganado en aquellas granjas que no cumplan las distancias reglamentarias entre ellos. El decreto fija un máximo de 600 vacas para las nuevas explotaciones, además de una formación obligatoria para los trabajadores de las granjas, que consiste en 20 horas de cursos sobre fisiología, comportamiento, conceptos de sanidad animal y legislación vigente en materia de bienestar animal.
A esta medida se suma que el Gobierno catalán impidió en 2019 la construcción de nuevas instalaciones por un periodo de dos años ante la contaminación de sus acuíferos. En julio, la Generalitat aprobó un decreto ley que prorrogaba cuatro años más —hasta 2025— la moratoria en la concesión de permisos para construir o ampliar este tipo de explotaciones en 68 municipios catalanes. El objetivo, según señaló el Govern, era revertir la presencia excesiva de nitratos en las aguas de estas localidades a causa de los purines vertidos por la ganadería intensiva. Siete de cada diez acuíferos están contaminados en Cataluña según los criterios europeos.
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La medida anunciada por el ministro Planas el pasado abril fue celebrada por UPA, que lleva años solicitando el cierre de estas explotaciones y se mostró “esperanzada” ante la decisión del ministro. Las ONG medioambientales como WWF, Greenpeace o Ecologistas en Acción, también reclaman y aplauden la aprobación de moratorias para la nueva edificación o ampliación de macrogranjas por el vertido de nitratos que suponen. Este Gobierno ha aprobado dos decretos ley sobre la ganadería intensiva: el primero en febrero de 2020 reguló las granjas porcinas y el segundo en julio de 2021, para las explotaciones avícolas.
En ambas se imponen medidas para la gestión del estiércol y la reducción de la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos —presentes en los excrementos de los animales—. En el caso de las granjas porcinas señalaba también que no pueden estar a menos de 200 metros de una población. A pesar de estas leyes, el pasado diciembre la Comisión Europea denunció a España —tras advertirla en 2020— ante la justicia comunitaria, al considerar “insatisfactorios e insuficientes” los esfuerzos realizados para reducir el nivel de nitrato en sus acuíferos.
Autonomías sin medidas contra las macrogranjas
Las iniciativas aprobadas por Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón y Navarra chocan con las adoptadas por otras comunidades autónomas como Castilla y León. En 2020, el Ejecutivo regional aprobó un decreto ley que aligeró los trámites para crear instalaciones de este tipo. Tan solo se necesita una licencia ambiental para funcionar. Las macrogranjas que lleven funcionando al menos 10 años, pueden obtener directamente este permiso, aunque anteriormente no lo tuvieran.
Sin embargo, hay otras regiones como Asturias o Cantabria en las que no se ha aprobado medida alguna al margen de las adoptadas por el Ministerio de Agricultura. En el País Vasco tampoco existe una regulación específica, ya que predomina la agricultura familiar, con granjas pequeñas con pocas cabezas de ganado. En Andalucía, la legislación se limita a desarrollar la directiva europea. Los municipios están sujetos, entre otras, a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), de ámbito autonómico para otorgar de manera previa una concesión o una autorización ambiental para su instalación en función de su tamaño. Este periódico no ha encontrado normativa alguna al respecto en Comunidad de Madrid.
La Comunidad Valenciana es otra de las autonomías que no dispone de una regulación particular sobre las macrogranjas. Únicamente ha establecido un procedimiento para que el personal de las explotaciones ganaderas, transporte de animales, sacrificio y núcleos zoológicos obtengan la formación adecuada en materia de bienestar animal.
En la comarca de A Limia (Ourense), las granjas avícolas y porcinas generan toneladas de excrementos que se acumulan sin tratar y causan episodios de grave contaminación por cianobacterias todos los años en el río Limia y sus embalses. A pesar de ello, el Gobierno gallego tampoco ha aprobado normativa alguna.
Con información de Juan Navarro, Mar López, María Fabra, Eva Saiz, Mikel Ormazabal y Silvia R. Pontevedra.
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