El Gobierno y la Generalitat han consensuado este lunes un calendario de seis meses para acordar el traspaso de nuevas competencias. Hacía diez años que el Gobierno central y la Generalitat no abordaban una inminente transferencia de competencias. De hecho, la comisión no se reunía desde 2018, cuando el PSOE volvió al Gobierno tras la moción de censura que apartó de La Moncloa al entonces presidente, Mariano Rajoy. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, calificó la reunión de “un buen comienzo en el marco de la reactivación del diálogo”.
El calendario de seis meses se ha pactado en la reunión de dos horas celebrada en la sede del Ministerio de Política Territorial. Por parte de la Generalitat han asistido el vicepresidente, Jordi Puigneró, de Junts, la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y el consejero de Economía, Jaume Giró.
Rodríguez ha anunciado un acuerdo entre los dos Ejecutivos para defender y desarrollar conjuntamente la ampliación del aeropuerto de El Prat. Rodríguez ha asegurado que el Gobierno y la Generalitat defenderán ante la Comisión Europea la viabilidad de esta ampliación, que plantea dudas desde el punto de vista medioambiental. La ministra y portavoz del Gobierno ha recordado que la inversión a la que se compromete el Ejecutivo de Pedro Sánchez son 1.700 millones de euros, con una creación de 83.000 empleos directos. Rodríguez ha concretado que la Generalitat se ocupará de solventar los trámites autonómicos.
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Vilagrà recordó en una entrevista en La Vanguardia que el Ejecutivo catalán ha detectado 56 competencias pendientes de ser cedidas por parte del Gobierno, según compromisos previos y según el estatuto de autonomía. En una comparecencia posterior, Vilagrà ha indicado que la Generalitat se siente decepcionada porque no han obtenido ningún traspaso en esta reunión, pero ha añadido que el Gobierno había reconocido en la reunión que las 56 competencias debían negociarse en los próximos encuentros.
Rodríguez ha detallado que en el próximo medio año se producirán reuniones mensuales, en paralelo a la activación en septiembre de la llamada mesa de diálogo, que buscará una solución a las reclamaciones del independentismo catalán. El calendario buscará concretar la transferencia de competencias en materia de becas académicas, de los modelos de formación de los estudiantes de Medicina, las competencias en salvamento marítimo y en formación profesional, entre otras. Vilagrà ha asegurado que el traspaso de la competencia en becas ya se ha acordado para el curso 2022-2023 y que queda ultimar los detalles.
Rodríguez comunicó que se activarán las comisiones de coordinación para inversiones en infraestructuras, especialmente en la red ferroviaria de cercanías. La Ministra de Política Territorial ha confirmado que el Gobierno aumentaría en 200 millones de euros en 2021, según lo establecido por la disposición adicional tercera del estatuto de autonomía, la partida presupuestaria de la Generalitat. Puigneró criticó por “insuficientes” estos 200 millones, pero se mostró optimista ante la posibilidad que se traspasen las competencias en la gestión de los servicios de cercanías.
Las dos partes se han comprometido a “reducir la conflictividad institucional”. Pese a ello, la delegación catalana ha tratado un tema que el Gobierno había pedido que se dejara fuera de la agenda de la reunión, la demanda de que la Generalitat gestione conjuntamente los fondos europeos para la reconstrucción económica tras la pandemia de la covid-19. Puigneró ha lamentado que el Ejecutivo central se niegue a dialogar sobre esta cuestión. “Es incomprensible que el Gobierno de España, que tanto habla de la agenda del reencuentro, no ponga sobre la mesa una negociación bilateral de los fondos europeos”. Donde sí mostró satisfacción Puigneró fue en el acuerdo sobre El Prat, porque implica una ampliación de la red de alta velocidad con paradas en los aeropuertos de Reus y de Girona: “Cataluña será por fin un hub [nodo] intercontinental y conectado en alta velocidad con los aeropuertos de Reus y de Girona”.
Vilagrà ha ampliado más aspectos que deberán ser negociados: la financiación de las competencias cedidas, los límites a los efectivos que pueden tener los Mossos de Esquadra, la titularidad de edificios históricos o la futura ley audiovisual estatal, que debería también proteger el catalán, según la consejera de la Presidencia.
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