El Gobierno catalán ha asumido ahora la dificultad de atajar los disturbios desatados durante las protestas a favor del rapero Pablo Hasél. “La situación es de una complejidad inaudita”, admitió ayer el consejero de Interior en funciones, Miquel Sàmper, por la violencia “desmedida y desbocada” de las últimas dos semanas. El consejero, que ayer hizo frente común con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no se ha planteado por ahora la posibilidad de solicitar el auxilio del Cuerpo Nacional de Policía. Confió en no tener que hacerlo: cree que el “momento álgido” de las protestas ya ha pasado.
Los Mossos d’Esquadra han gestionado desde hace más de una década episodios de orden público de primera magnitud: las manifestaciones de estudiantes contra el plan Bolonia, el movimiento 15-M, las huelgas contra la reforma laboral o por la crisis económica, el desalojo del centro okupa Can Vies y las más recientes protestas por la sentencia del procés, en 2019, que fueron más numerosas y provocaron más destrozos que las marchas por la libertad de Hasél. Estas últimas, sin embargo, se prolongan desde hace ya dos semanas y llegan en un momento político frágil, con un Govern en funciones y en plenas negociaciones con la CUP —que exige la disolución de los antidisturbios y se resiste a condenar la violencia— para la formación de un nuevo Ejecutivo independentista.
La policía catalana ni se siente superada por los acontecimientos ni se ve incapaz de poner fin, con sus medios, a los disturbios. Pero la confianza en las energías propias no impide que, en un momento dado, la violencia se desboque. “La garantía del orden público, cuando existen manifestaciones de 10.000 personas, no existe cuerpo alguno que la pueda garantizar”, dijo en una entrevista en Onda Cero Sàmper, que es abogado y habla sin tapujos en sus apariciones públicas.
Designado para el cargo por Junts per Catalunya, Sàmper citó como ejemplo el asalto al Capitolio de Estados Unidos, donde ni siquiera “la mejor policía y el mejor ejército del mundo” pudieron detener a los asaltantes. O las protestas de los chalecos amarillos, que a menudo han desbordado también a las fuerzas de seguridad francesas.
”La capacidad de movilización de quienes quieren ejercer la violencia es cada día más compleja”, advirtió el consejero, que atribuyó la responsabilidad de los altercados a una amalgama de grupos de “200, 300 o 400 personas”: desde el “comunismo combativo” hasta “células anarquistas” pasando por “delincuentes comunes” que aprovechan las convocatorias para saquear tiendas, como ha ocurrido estos días en los principales ejes comerciales de Barcelona, como Portal de l’Àngel o el paseo de Gràcia. Sàmper señaló incluso a las juventudes de la CUP —la formación que tiene la llave para gobernar en Cataluña— como uno de los colectivos que alientan la violencia callejera.
El malestar por los incidentes, que han afectado con especial intensidad a Barcelona, va en aumento. Vecinos y comerciantes exigen su fin. Los empresarios han reclamado públicamente al Govern que “ejerza su autoridad democrática” y se muestre capaz de “recuperar la paz y la convivencia”. Las administraciones captaron el mensaje: el Departamento de Interior y el Ayuntamiento de Barcelona se reunieron ayer de urgencia —también con los mandos policiales— para abordar la crisis.
”Mostramos la unidad institucional para rechazar con toda la firmeza los actos de violencia”, dijo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras la reunión, en una rueda de prensa conjunta con Sàmper. El consejero había lamentado horas antes, en la misma entrevista, que no haya habido desde el primer día “mensajes lo suficientemente claros” por parte de las autoridades. En las primeras protestas, el debate se centró en el derecho a la libertad de expresión —por el encarcelamiento de Hasél para cumplir una pena por enaltecimiento del terrorismo— y en la actuación de los Mossos.
Punto de inflexión
La primera noche de disturbios, una manifestante perdió un ojo al impactarle un proyectil de foam lanzado presuntamente por la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios que la CUP pretende suprimir. Aquella actuación provocó las críticas de los anticapitalistas, que llevaron el modelo de orden público a la mesa de las negociaciones. Sàmper insistió ayer en que se ha abierto una investigación y que se indemnizará a la víctima por los daños sufridos. Pero subrayó la necesidad de apartar a los Mossos del debate público. “Las balas de foam y el gas pimienta están permitidos. Si no estamos contentos con este sistema, que sea el Parlament quien lo decida”, añadió en la Cadena SER.
El pasado sábado por la noche, unos manifestantes prendieron fuego a una furgoneta de la Guardia Urbana en el casco antiguo con un agente dentro. El policía salió herido. Pero el incendio marcó un antes y un después en la aproximación política a las protestas. “La violencia nunca es el camino, y menos si pone en riesgo la vida de las personas”, zanjó Colau. Los incidentes, dijo la alcaldesa, son “lo último que necesitan” vecinos y comerciantes que “ya sufren con la crisis” del coronavirus.
Sàmper recordó dos episodios previos que también rozaron la tragedia. El primero, el martes 16 de febrero, fue un “ataque inaudito, por primera vez en la historia”, a una comisaría de los Mossos, la de Vic. El segundo, el incendio de un semáforo que pudo alcanzar un edificio de viviendas en Barcelona.
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