El consejero de Educación, Josep González-Cambray, en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar.Massimiliano Minocri
El Gobierno catalán ha decidido anticiparse y ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de los pasos que está dando para responder a la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano. El Departamento de Educación de la Generalitat remitió ayer un documento al tribunal en el que sostiene que los cambios legislativos que tiene en marcha —en particular, la reforma de la Ley de Política Lingüística anunciada esta semana— garantizarán una presencia suficiente del castellano en la escuela. El Ejecutivo de Pere Aragonès —que dice apoyarse en estudios sobre los usos lingüísticos en las aulas— evita, no obstante, fijar porcentajes. La gran incógnita es si, pese a eludir la referencia al 25%, los argumentos serán suficientes para convencer a los magistrados de que se cumple su resolución.
La estrategia del Govern para convencer al TSJC de que no es necesario fijar porcentajes mínimos de castellano lleva semanas trabajándose. Ayer, coincidiendo con el fin del plazo fijado para ejecutar la sentencia de forma voluntaria, la Generalitat dio un paso adelante. Ante la perspectiva cierta de que las entidades por el bilingüismo solicitarán al tribunal la ejecución forzosa de la sentencia, el Govern de Aragonès ha preparado una batería de argumentos para sortear el 25%.
El Ejecutivo catalán comunicó que la reforma en marcha de la Ley de Política Lingüística, que data de 1998, da normalidad al uso del castellano. Y añadió que Educación ha iniciado los trámites para elaborar un decreto del régimen lingüístico del sistema educativo, para el que ha lanzado una consulta previa. Con esas actuaciones, “catalán y castellano estarán contempladas en los proyectos lingüísticos del centro para alcanzar su pleno dominio”, indicó ayer Educación.
No se prevé en esas reformas legislativas iniciadas, sin embargo, reconocer oficialmente como vehicular (lengua docente) al castellano, a pesar de que sucesivas sentencias del TSJC, el Supremo y el Constitucional han dictaminado que debe serlo.
El Govern también ha fortalecido el frente académico: ha encargado a la Universitat de Barcelona un estudio sobre usos lingüísticos en las aulas y aportará un reciente informe del síndic de greuges (Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, que subraya que el uso real del castellano en las escuelas (incluyendo el patio) supera ya ampliamente el 25%.
En diciembre de 2020, el TSJC dictó la sentencia sobre el castellano, que era especialmente relevante porque extendía a todo el sistema educativo la obligación de impartir al menos un 25% en esa lengua oficial, y que ha hecho tambalearse el sistema de inmersión lingüística vigente en Cataluña. La Generalitat había aportado al tribunal en aquel momento solo un muestreo sobre la media de horas de castellano en los centros: 18% en primaria, 19% en secundaria y 26% en bachillerato.
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El tribunal consideró inaceptables los porcentajes, en una sentencia que es muy clara en sus términos: la Generalitat debe asegurarse de que al menos un 25% de las horas lectivas se imparten en castellano. Con un añadido: además de la clase de lengua castellana, debe haber al menos otra asignatura “troncal” que se imparta en ese idioma. Se trata de un porcentaje “mínimo”, por debajo del cual solo cabe hablar de un uso “simbólico” o “residual”. Menos del 25%, indica la sentencia, supone atentar contra el ordenamiento jurídico y la Constitución. A partir de esa cifra, el tribunal da margen de maniobra a la Administración “o a los centros docentes” para distribuir las horas en función del “estado de normalización” lingüística según el lugar de residencia y, también, de la “incorporación de terceras lenguas”.
Desde que el pasado noviembre el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del TSJC, y en enero este tribunal la declaró firme, el Gobierno catalán ha pretendido dar la batalla por la inmersión lingüística, pero sin arriesgarse a incurrir en una posible desobediencia. La reforma de la Ley de Política Lingüística de 1998 —un pacto cerrado este jueves entre Junts, ERC, PSC y los comunes aunque ahora se tambalea— supone un paso más en esa dirección. Ni ese texto ni el decreto de Educación fijarán porcentajes para el castellano.
A diferencia del redactado de 1998, el nuevo texto señala que, pese a que el catalán es la lengua vehicular, “también es utilizado el castellano”. El uso lo fijarán los proyectos lingüísticos de cada centro, con una premisa: ambas lenguas han de tener “garantizada una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos de cada centro”. Esos proyectos deberán adaptarse en función de la “situación sociolingüística” de cada centro.
La sentencia de 2020 instaba a la Generalitat a “adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar en el sistema educativo de Cataluña un uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales”. Esa idea está en sintonía con el planteamiento de la Generalitat. Pero también es cierto que la sentencia insistía en marcar, en línea con la jurisprudencia, un umbral por debajo del cual la actuación de la Generalitat estaría fuera de la ley: el 25%.
Hace unos días, el síndic de greuges hizo público un informe según el cual ninguno de los idiomas es “residual”: el catalán se usa durante el 66% de la jornada escolar, y el castellano, durante el 33% restante. Pero el informe —que está basado en una encuesta a más de 52.000 alumnos de primaria y ESO— incluye también el uso de las lenguas fuera del aula (por ejemplo, en el patio).
Ejecución compleja
Una vez vencido el plazo para la ejecución voluntaria de la sentencia, las partes presentes en el procedimiento judicial pueden solicitar su ejecución forzosa. La Abogacía del Estado, que actúa en nombre del Ministerio de Educación en el proceso judicial, podría hacerlo. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha aclarado su decisión. La ley, en todo caso, prevé que cualquier “persona afectada” (sea física o jurídica) pueda dar el paso de reclamar la ejecución forzosa siempre que el tribunal considere que tiene legitimidad para ello. Las asociaciones que defienden el uso del castellano en la escuela, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ya han anunciado que pedirán la ejecución de la sentencia.
Si la Sección Quinta del TSJC —que dictó la resolución— considera que esa u otras entidades están legitimadas, iniciará el proceso de ejecución. Preguntaría entonces al Departamento de Educación para saber qué acciones ha llevado a cabo para cumplir la sentencia. Esa respuesta ya ha sido dada de forma anticipada. Las entidades pueden de todos modos instar a la ejecución y corresponderá al tribunal decidir si se da por satisfecho o no. Expertos en el ámbito contencioso-administrativo consultados por este diario señalan que resultará difícil hacer cumplir una sentencia como la del 25% de castellano, puesto que implicaría un seguimiento minucioso de la situación en las aulas. “El tribunal puede incluso poner multas coercitivas llegado el caso, pero todo es muy complejo. Aunque te digan que aplican el 25%, ¿cómo puedes asegurarte de que lo hacen?”, se pregunta una magistrada de lo contencioso.
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