México cuenta desde este martes con un registro de fosas clandestinas, con datos desglosados por Estado, lugar, número de fosas y cuerpos exhumados. De momento, los datos refieren únicamente a los hallazgos de los primeros cinco meses y medio del nuevo Gobierno. A los 81 sitios ubicados, cementerios ilegales hallados en cerros, páramos y terrenos pantanosos de todo el país. A las 222 fosas desenterradas en esos sitios. A los 337 cuerpos que los investigadores, ayudados de familiares de víctimas, han encontrado en el subsuelo.
El registro no incorpora de momento los cementerios, las fosas y los cadáveres -los trozos de cadáveres, en realidad- que se hallaron antes. Y son muchísimos. Diferentes estudios e investigaciones periodísticas publicadas estos años ofrecen una imagen desoladora del país, convertido en una enorme tumba. A finales del año pasado, Quinto Elemento, una organización de periodismo de investigación, presentó un mapa de fosas con datos obtenidos de fiscalías de todos los estados, de las fosas y los cuerpos hallados. De 2006 a 2016, desvelaron, se encontraron al menos 2.884 cuerpos en 1.978 fosas. Y faltan las de 2017 y 2018.
Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, que ha presentado el registro este martes en la conferencia de prensa mañanera que da todos los días el presidente, ha dicho que aunque los datos refieren solo a los meses que llevan en el Gobierno eso no implican que se estén llevando “a cabo el registro de las fosas que con anterioridad se identificaron. Este es un proceso que debe remitirnos a por lo menos 20 años para tener un registro plenamente desarrollado”.
Jacobo Dayán, profesor de la Universidad Iberoamericana, critica dos aspectos del anuncio. Primero, dice, “no es responsabilidad de Encinas dar esta información. ¿Por qué no la da la Fiscalía General de la República?”.
Dayán critica además la metodología empleada en la elaboración del registro. El subsecretario Encinas no se ha referido al asunto en su comparecencia, aunque más tarde ha trascendido que se cruzaron los datos de las fiscalías estatales con una “investigación hemerográfica”, es decir, con notas de periódicos. “Es un primer reporte, pero tiene que cambiar. Todo el mundo sabe que las fiscalías no tienen información completa. Además, no puedes asegurar que tu investigación hemerográfica cubrió todos los reportajes”.
Para Marcela Turati, reportera y una de las responsables de Quinto Elemento, es importante que las autoridades divulguen la base de datos original. Los datos brutos sobre el que han basado el informe que ha presentado Encinas hoy. Turati lo dice porque desde esta mañana “varios colegas de varios Estados han notado que les faltan fosas de sus Estados. Yo tengo un google alert diario de fosas y me parecieron pocas”.
Igual que Dayán, Turati apunta a la metodología. “Queremos conocer cómo trabajan, cómo están levantando la información. Si la información viene de las fiscalías, creemos que les faltan fosas”.
Turati, una de las autoras de la investigación de Quinto Elemento sobre las fosas, opina que se trata “de una buena noticia que se haga público el registro después de tantos años sin tenerlo. Pero también hay que ver qué están haciendo con los restos que encuentran en las fosas. Si las fiscalías saben cómo procesar esos restos. Porque cada fosa es una escena del crimen”.
Durante años, miles de familias de todo el país se han unido para reclamar atención del estado. Familias de personas desaparecidas. Aunque hace meses que no se actualiza, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas dice que hay unos 40.000 mexicanos fuera de sus casas. Nadie sabe dónde están. En estos años de violencia, muchos fueron víctimas de secuestro, levantones, perpetrados por criminales, pero también por autoridades de los distintos niveles de Gobierno. Muy pocos han aparecido. Para muchas familias, las fosas simbolizan la esperanza de recuperar los restos de sus seres queridos. Al menos los restos.
Jacobo Dayán espera que el nuevo registro de fosas funcione mejor que el de personas desaparecidas. “Es un desastre, por eso hace meses que no se actualiza. Era un caos. El académico desea que López Obrador capitalice al órgano encargado de buscar personas desaparecidas, la Comisión Nacional de Búsqueda. “A día de hoy, la comisión tiene 43 personas. Y tienen que crear bases de datos de todo, ADN, personas desaparecidas, fragmentos óseos, fosas. Todo eso tiene que estar incorporado a un sistema que no existe”.
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