Hay animales que mueren entre dolores terribles. Cadáveres junto a seres vivos. Ejemplares a los que se manipula de forma “incorrecta”. Y tres trabajadores carecen de la formación adecuada para los proyectos de experimentación. Esa es el balance que hace la Comunidad de Madrid, en una propuesta de sanción a la que accedió EL PAÍS, de su investigación sobre el horror vivido entre 2018 y 2020 en el laboratorio Vivotecnia, conocido a través de un vídeo publicado en 2021 por la ONG Cruelty Free International. No se tienen en cuenta los audios (“Déjale que se rompa la columna”; “como Hitler, pasajeros al tren”). Los presuntos casos de maltrato en las investigaciones toxicológicas y farmacéuticas quedan en manos de la Justicia. Y como resultado, las 25 infracciones detectadas, contra las que aún cabe alegar, derivan en una sanción administrativa propuesta, y aún sin firmeza, de 37.827 euros.
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“El caso Vivotecnia pone de manifiesto el escaso control de la administración, que tendría que velar por el bienestar animal sobre estos laboratorios”, lamenta Alejandro Sánchez, diputado de Equo integrado en el grupo parlamentario de Más Madrid, que ha pleiteado para lograr más transparencia en la polémica por parte de la Comunidad. “Pero es que incluso cuando conocemos hechos tan graves como los de Vivotecnia nos encontramos que las sanciones que se proponen son un chiste de unos pocos miles de euros”, subraya. “Uno esperaría que hechos tan graves supusieran la suspensión de la actividad de la empresa a perpetuidad, o al menos durante muchos meses hasta que la justicia aclare completamente lo sucedido, pero la Comunidad le ha permitido reabrir a las pocas semanas tras la aplicación de unas supuestas medidas correctoras”, añade en referencia, por ejemplo, a la instalación de cámaras de vídeo, la incorporación de un veterinario para supervisar todos los procedimientos, o la activación de un canal de denuncia interno anónimo. “La conclusión es que es muy necesario reformar la legislación de protección animal y en especial la referida a los animales de experimentación: la salud de las personas no puede depender del maltrato de unos seres indefensos”.
A lo largo de más de 20 páginas, el instructor del expediente hace un minucioso estudio de lo que, a su juicio, se puede ver en el vídeo publicado en abril por la ONG y el diario The Guardian.
“Se golpea al animal (primate no humano) de forma brusca”, se lee. “Se deja morir a otra rata que presenta sintomatología adversa dejándola sufrir por las secuelas del procedimiento sin que se eutanasie para evitar sufrimiento innecesario”, detalla. “Se realiza una extracción de sangre del seno retroorbital sin anestesia general. Se observan al menos dos animales (ratas) que han sido sometidos a extracción de sangre del seno retro-orbital presentando lesiones oculares graves”, pone negro sobre blanco. “No se sigue el procedimiento de manejo del cerdo provocándole un sufrimiento y estrés innecesario”, se añade.
Un macaco en una jaula en las instalaciones del laboratorio Vivotecnia.Cruelty Free International/Carlota Saorsa
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En las posibles sanciones, subraya el documento, se deben tener en cuenta como agravante “el número de animales afectados” y “la alarma social producida”. Conclusión: 37.827 euros por dos infracciones muy graves y 23 graves de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Poco para lo que podría haber sido, ya que la Comunidad de Madrid había anunciado que la empresa se enfrentaba a una sanción entre 601 y 100.000 euros.
¿Cómo se llega hasta ese punto? ¿Qué pasa en ese laboratorio en el que ninguna inspección oficial detecta nunca ningún problema? ¿Hay controles internos? ¿Y denuncias de los trabajadores?
Mucho se ha discutido desde que saltó la polémica a los medios de comunicación sobre la labor del comité de ética de la empresa durante el tiempo en que se grabaron las imágenes. De él depende que se cumpla la ley de bienestar animal durante los experimentos, por eso todo laboratorio está obligado a formar este órgano fiscalizador que debe “estar integrado por personas con la experiencia y los conocimientos necesarios para velar por el bienestar y el cuidado de los animales”.
Si no hay un comité de ética, no hay experimento posible. EL PAÍS ha tenido acceso a la documentación que Vivotecnia entregó el 12 de abril a la Comunidad de Madrid, y deja claro los nombres de las personas que formaban parte del comité ético cuando estalló el escándalo: cuatro miembros de la dirección de la empresa, entre los que se encontraba Andrés König, fundador y CEO del laboratorio, y un técnico veterinario. Tres de esas personas están siendo investigadas actualmente por un presunto delito de maltrato.
Un conejo en las instalaciones de Vivotecnia.
La duda, por tanto, es si los encargados de fiscalizar que se cumpla la normativa de bienestar animal deben ser personas con intereses comerciales en el resultado de los experimentos, como el propio director general de la empresa. “El comité de ética debería garantizar la imparcialidad en las decisiones tomadas por el mismo”, opina Carlos Contreras, el abogado de Cruelty Free International, que insiste, además, en que el órgano debería estar integrado por personas con la experiencia y los conocimientos necesarios para velar por el bienestar y el cuidado de los animales. “El CEO de la empresa vela por los intereses económicos, es decir, por ganar lo más posible gastando lo menos posible. En eso consiste su trabajo. Y lo que casi siempre pasa es que más bienestar animal significa más gastos”, añade.
Alberto Díaz, portavoz de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (Anda), recuerda que la clave para garantizar la protección animal en investigación es aplicar el principio de las tres erres: reemplazo (utilizar otras opciones siempre que sea posible), reducción (usar el menor número de animales posible) y refinamiento (tratarlos con la menor crueldad posible). Por eso es importante que quien vele por el uso de ese principio sea independiente e imparcial, “y no tenga intereses comerciales”, insiste.
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Una apreciación, la de las tres erres, que aparece una y otra vez en el informe de la Comunidad de Madrid, pese a que las inspecciones oficiales que durante años recibió la empresa no detectaron ningún problema o infracción.
¿Cómo se pudo formar ese comité ético con el jefe de la empresa incluido? Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente asegura que la Comunidad de Madrid no es la encargada de validar ese comité, aunque sí lo es de validar el procedimiento científico que se va a realizar en un laboratorio. “En el momento en el que pone la firma, está garantizando que ahí se cumple la ley. Por lo tanto la Comunidad de Madrid es la última responsable por autorizar el proyecto”, rebate Díaz.
“Son los centros los que tienen que cumplir lo que dice la norma en cuanto a la composición”, se defiende la Administración. En todo caso, lo que sí depende del Gobierno regional es la inspección que, como mínimo, debe hacer una vez al año.
Konig, el mayor responsable de Vivotecnia, no ha querido responder a las preguntas de este periódico. En la fase de instrucción abierta por el juzgado de Colmenar Viejo, la juez todavía no le ha tomado declaración. Sí lo ha hecho a las dos personas del comité ético que también están siendo investigadas y, según fuentes de la investigación, solo respondieron a preguntas de sus letrados. Carlota Saorsa, la persona que grabó las imágenes del vídeo denuncia entre 2018 y 2020, respondió las preguntas de la juez el pasado septiembre y no solo aseguró que en Vivotecnia existía un presunto “maltrato reiterado” hacia los animales, sino que además afirmó que se manipulaban los resultados de los ensayos para aprobar estudios que después pasaban a una segunda fase de experimentación con seres humanos.
Qué pasó con los 1.686 animales del laboratorio
Las asociaciones animalistas que el pasado abril reclamaron durante varios días en las puertas de Vivotecnia que liberaran a los animales que en aquel momento se encontraban en el laboratorio llevan desde entonces buscando respuestas. Cuántos había, qué se estaba haciendo con ellos, y si seguirían vivos o no. Las informaciones que se dieron entonces fueron contradictorias, primero anunciaron que los liberarían y poco después las autoridades recularon y aseguraron que se encontraban “en buen estado” y que seguirían dentro del animalario. El laboratorio informó el 5 de mayo pormenorizadamente a la Comunidad de Madrid sobre las especies que en aquel momento seguían dentro del laboratorio y sobre el destino que tenía cada uno de ellos. EL PAÍS ha tenido acceso a esos documentos.
1.118 ratones, 451 ratas y 7 conejos. El uso previsto de esos animales era la realización de estudios regulatorios de evaluación de seguridad y/o eficacia de medicamentos de uso humano y veterinarios, así como evaluación de seguridad de compuestos químicos, biocidas y aditivos alimentarios. En mayo pasado la empresa aseguraba que se encontraban “bien de salud”, sin embargo, no se consideraban “susceptibles de ser dados en adopción o realojados”. “Sus cuidados y mantenimiento se realizan en un entorno altamente controlado para mantener su estado sanitario”, decía el informe. Y, añadía, en caso de que salieran de allí se podría generar “un riesgo para la salud pública y el medioambiente”.
Un centenar de perros. 15 perros de raza beagle de ellos para estudios de farmacocinética que se encontraban en buen estado de salud y después de 10 estudios podrían darse en adopción “siempre que su estado de salud lo permita”; otros 14 perros (más cuatro de reserva) también estaban destinados para el mismo tipo de estudios, por lo que también se estimaba que podrían darse en adopción; otros cuatro perros estaban siendo utilizados en un estudio de evaluación de seguridad y biodistribución. En ese momento se encontraban “en buen estado de salud”, aunque en ese caso el objetivo era “obtener y procesar los órganos diana para análisis anatomopatológico”, por lo que el destino final era el sacrificio; otros 40 beagles estaban en ese momento siendo parte de un estudio de dosis repetidas durante nueve meses. “De esos 40, 14 presentan signos clínicos (salivación, vómitos y/o diarrea) que necesitan evaluación veterinaria especializada”, decía el informe. El resto se encontraban en buen estado, aunque el destino final era el sacrificio “para evaluación anatomopatológica”. Y por último, otros 33 perros se estaban usando para un estudio de toxicidad de dosis repetidas durante 28 días por vía intravenosa. Ocho presentaban signos clínicos y el resto se encontraban en buen estado, aunque también estaban destinados a ser sacrificados. En total, había 110 perros en las instalaciones de Vivotecnia.
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