Rogelio Muñiz Toledo
“Hoy los actores públicos y privados comprenden mejor la importancia de contar con un ingreso mínimo ciudadano que otorgue estabilidad social”: CEPAL
La crisis económica mundial derivada de la pandemia ha dado un nuevo impulso a la propuesta de establecer un ingreso básico universal, o ingreso ciudadano universal como lo denomina la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como un derecho humano -derecho al ingreso básico- cuyo ejercicio se garantice mediante políticas públicas que aseguren su efectividad a través de transferencias monetarias directas a todos los individuos, sin condicionarlo a la situación de pobreza, al estatus laboral o a alguna otra variable socioeconómica inherente a las personas.
El ingreso básico universal forma parte de las propuestas para erradicar la pobreza y para avanzar hacia el objetivo de lograr una más justa distribución del ingreso en el mundo. Su implementación se alinea con el objetivo número uno de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015, con el que se busca “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” y que tiene como meta principal erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo y reducir, al menos a la mitad, la pobreza en todas sus dimensiones, para 2030.
Se trata de un derecho humano cuyo ejercicio garantizaría a todos los individuos, a través de mecanismos de justicia distributiva implementados por los Estados, un ingreso básico superior a la línea de pobreza por ingresos* que coadyuvaría a la erradicación progresiva la pobreza, a disminuir las brechas de desigualdad y a lograr la inclusión social y que formaría parte de la nueva política de bienestar en la que la idea de que al Estado solo le corresponde corregir las fallas del mercado y garantizar la igualdad de oportunidades, porque el resto lo hace la “mano invisible” del mercado -cuya invisibilidad, según Joseph Stiglitz, se debe entre otras razones a que nunca ha estado ahí-, habría quedado superada.
En la última década, académicos, políticos, gobiernos y diversos organismos internacionales han impulsado el estudio e implementación del ingreso básico universal. Ante el estancamiento en la disminución de la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe observada desde 2014 y de cara al impacto negativo que la “inevitable transición hacia la robótica” traerá sobre el empleo, en 2016 la CEPAL destacó la importancia del ingreso mínimo ciudadano.**
A la luz de la ineficacia de los sistemas de bienestar actuales, en la presentación del informe ¿Qué cambiaría una renta universal?, en mayo de 2017, Stefano Scarpetta, director de empleo y trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), consideró que el debate sobre el ingreso básico universal es importante y útil y que los países debieran analizar las posibilidades para su implementación y probar su eficacia, como lo han hecho Finlandia y Holanda.
Los devastadores efectos de la crisis económica mundial en los ingresos de las personas y las familias de los sectores sociales más vulnerables y de las clases medias han llevado a los gobiernos -incluidos a los más conservadores, apegados a la ortodoxia en materia económica y enemigos del déficit público- a implementar costosas políticas fiscales para apoyar a quienes de otra forma correrían el riesgo de caer en la pobreza o la pobreza extrema.
El Banco Mundial estima que en 2020, a causa de la crisis económica mundial, entre 40 y 60 millones de personas caerán en la pobreza extrema y tendrán que sobrevivir con ingresos de menos de 1.90 dólares al día; que el número de personas que viven con menos de 3.20 dólares al día podría aumentar en una cantidad de entre 40 y 150 millones y el de quienes viven con menos de 5.50 dólares al día podría incrementarse en un rango de entre 70 y 180 millones de personas. Las proyecciones de la CEPAL tampoco son alentadoras, el organismo regional estima que en América Latina y el Caribe la contracción económica podría generar casi 30 millones más de pobres, 16 millones de personas más en pobreza extrema y cerca de 12 millones adicionales de personas desempleadas.
Ante este sombrío panorama, en una gran cantidad de países los gobiernos -de todos los signos ideológicos y en la mayoría de los casos con el voto de las oposiciones parlamentarias- han implementado programas fiscales para apoyar a las personas y a las familias más afectadas por la crisis económica, con recursos cuyos montos representan varios puntos de su Producto Interno Bruto (PIB) y que en no pocos casos han significado incrementar su déficit público, en contra incluso de aquellos a quienes Stiglitz ha llamado los “halcones del déficit”.
En mayoría de los casos se trata de apoyos económicos mediante transferencias monetarias no condicionadas y directas a las personas y las familias, por el tiempo que dure la etapa más crítica de la pandemia, para reducir los efectos negativos en el ingreso de la familias por las medidas de confinamiento domiciliario para frenar los contagios y por el desempleo.
Aunque en pocos casos se han utilizado denominaciones como “ingreso básico”, “ingreso ciudadano”, “renta básica”, “mínimo vital” u otro que los relacione conceptualmente con el concepto de ingreso básico universal, el diseño e implementación de la mayoría de esos apoyos reúnen casi todas las características de este. Salvo la regularidad y la permanencia, se trata de apoyos económicos que se entregan de manera directa a las personas -no solo a quienes se encuentran en pobreza o pobreza extrema-, en muchos casos adicionalmente a otros ingresos personales y a otros apoyos sociales otorgados por los gobiernos, y que no están condicionados a la situación laboral de quienes los reciben ni a obligación alguna por parte de los beneficiarios.
En algunos países de América Latina los paquetes fiscales de apoyo gubernamental han superado los 10 puntos del PIB (Perú y Brasil), o al menos los 5 puntos (Chile), y en la mayoría de los casos superan los 2 puntos del PIB. En México, los apoyos anunciados por el gobierno representan menos de 2 puntos del PIB. En Estados Unidos el monto para apoyos mediante transferencias monetarias directas a las personas y las familias es de 250 mil millones de dólares, más del 10% del programa fiscal de apoyos aprobado por el Congreso por un monto de 2.3 billones de dólares, que representa el 11% de su PIB.
Para quienes aún se resistían a aceptarlo, la magnitud de esta crisis económica ha evidenciado en forma contundente no solo los inaceptables niveles de pobreza y pobreza extrema (en 2015 el 10% de la población mundial, aproximadamente 734 millones de personas, vivía en esta última condición) sino la profundidad de las brechas de desigualdad, la cada vez más injusta distribución del ingreso y la riqueza y la precariedad del modelo de desarrollo imperante.
Esta realidad y las políticas fiscales de emergencia implementadas por los gobiernos para reducir el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables de la sociedad han reabierto el debate sobre la necesidad de establecer, progresivamente pero desde ahora, el ingreso básico universal. El ejemplo más destacado es España; debido a los efectos de la crisis el gobierno ha adelantado el inicio de la implementación del ingreso mínimo vital, una especie de renta básica, que se entregará a partir de junio, en forma permanente, a un millón de familias como parte del programa de gobierno acordado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar la coalición gubernamental y cuyo costo inicial será de 3,000 millones de euros.
La reticencia del presidente López Obrador a acordar con el Congreso un plan fiscal de apoyo económico para las familias más afectadas por la crisis económica, mediante transferencias monetarias directas no condicionadas -no créditos- a las personas que se encuentran en los sectores más vulnerables de la sociedad, y que podría llegar a un monto de recursos de hasta 3 puntos del PIB adicionales a los destinados a los programas sociales existentes y a los créditos anunciados por él, significará no solo que se profundicen los efectos de la crisis en los ingresos de las familias sino que México se aparte del debate sobre el ingreso básico y que se pierda una oportunidad para iniciar una negociación encaminada a lograr un acuerdo entre el gobierno y las oposiciones para aprobar e implementar en forma progresiva, pero en el corto plazo, el ingreso básico universal en México.
* De acuerdo con el CONEVAL, en marzo de 2020 la línea de pobreza urbana por ingresos se ubicaba en $3,224.80, la línea de pobreza rural por ingresos en $2,097.14, la línea de pobreza extrema urbana por ingresos en $1,637.07 y la línea de pobreza extrema rural por ingresos en 1,169.89.
** “Horizontes 2030. La igualdad en el centro del desarrollo sostenible”, documento presentado por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, en el trigésimo sexto periodo de sesiones del organismo, en mayo de 2016, en la Ciudad de México.
*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.