Un puñado de centros comerciales y almacenes han ardido en Rusia durante el mes de diciembre. Al menos uno de ellos había eludido las inspecciones reglamentarias recientemente, ya que se había acogido a la moratoria del Kremlin para aliviar a las empresas de estas “cargas administrativas” en el contexto de la acuciante crisis económica que vive Rusia por las sanciones derivadas de la guerra en Ucrania. La tragedia podría haber sido mayor: ambos incidentes ocurrieron de madrugada y solo una persona perdió la vida. Sin embargo, algunos legisladores piden restaurar los controles porque estos dependen ahora de la buena voluntad de los empresarios, y el aumento de los incendios en este y otros negocios resulta inquietante. Además del fuego, el sector de las grandes superficies se enfrenta a la bancarrota por el cierre de locales y las restricciones que han aplicado Europa y Estados Unidos por la guerra desatada contra Ucrania.
El fuego devoró el pasado 12 de diciembre el centro comercial Stroipark de Balashija, a las afueras de Moscú. Un guardia de seguridad resultó herido en un incendio que se extendió por 10.000 metros cuadrados cuyo origen fue ubicado en la zona de materiales de construcción. “Se ha abierto una causa penal por los hechos. La pesquisa tendrá que establecer las causas y circunstancias del incendio”, señaló a través de un comunicado el Comité de Investigación ruso, un organismo del Gobierno que ejerce funciones tanto de fiscalía como de policía.
Pocos días después ardió el centro comercial que alquilaba la firma de menaje del hogar y bricolaje Obi al complejo Mega de Jimki, también situada en la provincia de Moscú. Según el Comité de Investigación, el fuego en este caso fue provocado por unas soldaduras en una obra que incumplía los requisitos mínimos de seguridad. Más de 17.000 metros cuadrados de superficie fueron destruidos por las llamas y un guardia falleció en el suceso.
Aquellas instalaciones no habían sido inspeccionadas recientemente porque Obi se había acogido a la moratoria concedida por el Kremlin para aliviar a las empresas en medio de la crisis, según admitió el responsable de Emergencias en la región de Moscú, Serguéi Poletikin. El suceso reavivó el debate sobre los riesgos de dispensar a las empresas de este control. El vicepresidente del comité de política económica de la Duma Estatal (el Parlamento ruso), el diputado Artiom Kirianov, afirmó en una entrevista con la televisión NTV que la Cámara debía revisar la ley e incluir recomendaciones de los servicios de emergencias.
Otros casos
Estos no son casos aislados. Otros almacenes de muebles ardieron el 2 de diciembre en las inmediaciones de Ekaterimburgo, en la región de Sverdlovsk; y el 28 de noviembre las llamas destruyeron otros 1.350 metros cuadrados del centro comercial Triumf en la ciudad de Omsk. Y si se mira más atrás, en verano fue pasto de las llamas un centro logístico de Ozon, el Amazon ruso, en Moscú. Más de 55.000 metros cuadrados fueron destruidos y otra persona perdió la vida.
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“No debemos abandonar el sentido común (…) La moratoria no incluye las inspecciones en caso de amenaza a la vida, pero no siempre se puede justificar esto para realizar un control”, apuntó Kirianov. El diputado puso como ejemplo el incendio de los almacenes de Obi, y recordó además un suceso de noviembre que dejó 13 muertos en la región de Kostromá, que podría haberse evitado si se hubiera inspeccionado el lugar.
Aquel incendio mortal sucedió el 5 de noviembre cuando un veterano de la guerra de Ucrania disparó una bengala en el interior de la discoteca Polygon durante una pelea y 13 personas murieron porque las salidas estaban cerradas y había material inflamable en la sala. El lugar no había sido revisado en nueve años. Dos días después del suceso, las autoridades de Kostromá anunciaron que tomarían medidas para incentivar a los empresarios a que soliciten inspecciones.
Los daños sufridos por las instalaciones de Obi han sido valorados en hasta 30.000 millones de rublos, unos 450 millones de euros, según han revelado a la agencia de noticias Interfax sus fuentes en las aseguradoras. En el caso del centro de Ozón, la indemnización rondaría los 180 millones de euros.
La crítica situación de las grandes superficies y estos incendios han dado pie a rumores de que podrían haber sido provocados sin que conste evidencia alguna. Según el Consejo Ruso de Centros Comerciales, la mitad de estas instalaciones, unas 200, se han declarado en bancarrota o en su proceso previo por las deudas contraídas y el desplome de los ingresos, y a ellas se podría sumar otro centenar en un futuro próximo.
Libre de inspección
Las inspecciones de empresas están reguladas por una ley de 2021 que establece seis niveles de riesgo, pero su cumplimiento apenas duró unos meses. A principios de marzo, nada más comenzar la guerra, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, anunció que su Gobierno aprobaría una “moratoria” este año para los registros obligatorios a autónomos y a pequeñas y medianas empresas.
Presionado por las sanciones y su impacto en la economía, esta medida excepcional pareció quedarse corta para el Kremlin, y el fiscal general ruso, Ígor Krasnov anunció a la vuelta de verano que su oficina y el Ministerio de Economía estudiaban cómo extender esta dispensa a casi todas las compañías “para aliviar a los empresarios de la presión administrativa”.
Finalmente, la bula ha sido prácticamente general. Mishustin firmó en octubre un decreto que exime de las inspecciones a todas las empresas “cuyas actividades no estén clasificadas como de riesgo alto o extremadamente alto”, y extiende su validez a todo 2023. “El Gobierno continúa reformando las actividades de control para reducir aún más la carga administrativa a los empresarios”, presumía el gabinete en un comunicado que dejaba libres de revisión a los negocios “de riesgo moderado y significativo”.
No obstante, el Ejecutivo de Mishustin se lavó las manos al recalcar en su decreto que los empresarios aún “pueden solicitar una inspección profiláctica”, pues existen dos categorías de inspecciones en Rusia: estas últimas (voluntarias) y las programadas (obligatorias). La ventaja de las profilácticas es que el empresario no recibe ninguna sanción en el caso de haber cometido alguna irregularidad y, según el Ejecutivo, su porcentaje se ha disparado de representar un 5% de todas las inspecciones a sumar más del 80% en los primeros nueve meses de este año.
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