La Mesa del Parlament, con mayoría independentista, recomendó ayer a los diputados desconvocar las comisiones y las sesiones programadas para protestar por la situación del diputado de la CUP Pau Juvillà, condenado a seis meses de inhabilitación por un delito de desobediencia y cuya acta retiró la Junta Electoral Central (JEC). La paralización de la actividad de la Cámara se mantendrá hasta que la Comisión del Estatuto del Diputado emita, probablemente mañana, un dictamen sobre el caso. La Junta Electoral avisó la semana pasada a Laura Borràs, presidenta del Parlament, de las “consecuencias jurídicas” a las que se enfrentaba si no retiraba el acta a Juvillà.
El frenazo a la actividad se tradujo en la suspensión de dos comisiones ayer y otras tres de las cinco previstas para hoy. La escenificación fue grande pero no pudo ocultar las dudas que circularon en la Cámara sobre si el anticapitalista es aún diputado aunque fuentes oficiales del Parlament niegan que se le haya comunicado tanto a él como a su asesora que ya no cobrará la nómina. Esa posibilidad desbarataría ya la posible desobediencia. La parálisis de la actividad evitó, en cualquier caso, una primera situación comprometida: Juvillà es miembro de la Comisión de Agricultura y, aunque es baja por enfermedad, podía haber delegado el voto. La comisión fue suspendida.
El PSC tachó de “inaudita” y “esperpéntica” la decisión, y anunció que convocará con normalidad los órganos que preside, aunque estas no se podrán celebrar porque los diputados independentistas no acudirán y no habrá quórum. Marta Vilalta, portavoz de ERC, espetó a la oposición que la democracia no peligra por “posponer” la agenda y sí por retirar los derechos a un diputado. “Es una parada momentánea”, defendió, y sostuvo que su grupo ha optado por el equilibrio al rechazar el bloqueo indefinido de la Cámara. Junts y ERC tienen un pacto no escrito que dice que en esas situaciones no se debe poner en riesgo a ningún funcionario y que no se pusieran en riesgo las votaciones del Parlament porque podían ser impugnadas.
La situación vivida ayer en el Parlament evocó a momentos del procés, con carreras e idas y venidas de diputados. La tensión se desató cuando Borràs expuso a la Mesa su plan de suspender la actividad parlamentaria sine die para denunciar la situación de Juvillà. Ello provocó perplejidad entre los socialistas e incomodidad en los republicanos. El Parlament ya aprobó hace un mes un dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado, partidario de que solo se pueda retirar un acta cuando haya una sentencia firme (en este caso del Tribunal Supremo) y no por la directriz de un órgano administrativo, como la Junta Electoral. fue condenado por no quitar los lazos amarillos en su despacho de concejal en Lleida durante la campaña de las elecciones generales de 2019. El lunes anunció que paraliza su actividad por un problema de salud, pero que sigue defendiendo el acta y la “soberanía” del Parlament.
Durante la reunión, los letrados advirtieron a Borràs de que frenar la actividad parlamentaria podría suponer un delito y al final el parón se limitó a una recomendación a los diputados de no convocar sesiones ni acudir hasta que haya un segundo informe de la Comisión del Estatuto. El PSC votará en contra. Todo apunta a que Borràs usará el dictamen para responder a la Junta Electoral, que le dio hasta el viernes para que dé cuenta de las medidas que ha tomado. Arropada por los diputados independentistas de la Mesa, Borràs atribuyó la decisión del órgano que preside a la situación de “extrema gravedad”: “Estamos firmes contra la represión, unidos para defender la soberanía ante las injerencias del Estado”.
Borràs, que está imputada por delitos de corrupción, que está imputada por delitos de corrupción, se expone, si no acata la orden de la Junta Electoral, a un procedimiento por desobediencia. El caso de Juvillà evoca en parte al del president Quim Torra, que acabó perdiendo el escaño tras la decisión del Tribunal Supremo. En este caso, el Parlament ha emitido un informe a favor de Juvillà —cosa que no hizo con Torra— pero en el fondo parece que existe una competición soterrada entre los dos socios sobre quién se plantó mejor ante los tribunales. De hecho, Junts nunca le perdonó a Roger Torrent que le quitara el escaño a Torra. “Celebramos haber sido un bloque granítico del independentismo”, dijo Mónica Salas, portavoz de Junts.
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La CUP relevó a Juvillà como miembro de la Mesa y decidió proponer a Carles Riera como sustituto. Casi nadie duda en la Cámara de que Juvillà acabará perdiendo el escaño. La oposición se escandalizó con lo sucedido. “Nos da igual que la suspensión dure tres horas, cinco días o una semana. Es una vergüenza”, dijo Alicia Romero (PSC). Jéssica Albiach, de los comunes, acusó a Borràs de “patrimonializar” el Parlament. “No toleraremos que el independentismo vuelva a degradar las instituciones”, dijo Nacho Martín Blanco, de Ciudadanos.
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