El Instituto Nacional Electoral (INE) dio carpetazo a las investigaciones contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la trama corrupta de Odebrecht. El árbitro electoral se declaró “imposibilitado” de sancionar al PRI por las denuncias de financiamiento irregular en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, señalada de recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña, en uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años. La decisión se produjo en la última sesión ordinaria de Lorenzo Córdova, que deja la presidencia del órgano el próximo lunes. El INE acusó bloqueos de la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que no tuvo acceso a las investigaciones de las autoridades para imponer un castigo. “El problema es que no ha colaborado con el Instituto y ha interpuesto recursos jurídicos ante la Suprema Corte para evitar que el INE se allegue a la información”, justificó Córdova en un comunicado.
“La verdad es que hemos enfrentado una actitud de muy poca colaboración, de opacidad de parte de la FGR y yo espero que se pueda conocer el fondo del asunto sin obstáculos políticos de la Fiscalía”, dijo Ciro Murayama, otro de los cuatro consejeros que dejan su puesto a partir de la próxima semana. Las autoridades de Brasil documentaron que Odebrecht entregó 10 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya, entonces coordinador internacional de la campaña priista, a cambio de favores políticos cuando Peña Nieto llegase al poder. El propio Lozoya, que aceptó colaborar con la FGR tras ser detenido en febrero de 2020, afirmó que cuatro millones de dólares acabaron en la campaña del ahora expresidente. Otro de los señalados, según la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática y Morena, fue el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
Los consejeros del INE dijeron que la ley les impide utilizar elementos de investigaciones en el extranjero y que solo pueden imponer las sanciones a partir de las pesquisas de las autoridades mexicanas. La FGR se negó a facilitar la información bajo el argumento de que el caso estaba en curso, acusó la autoridad electoral. Otro de los señalados de bloqueo fue la Unidad de Inteligencia Financiera, el brazo del Gobierno mexicano contra el blanqueo, que ha seguido el rastro del dinero en la trama corrupta. El caso Odebrecht ha derivado en imputaciones y detenciones de políticos de alto perfil, incluso expresidentes, en otros países de Latinoamérica. “Lamentablemente, estamos en una situación en la que la falta de cooperación de las autoridades ministeriales nos impide analizar con mayor profundidad el asunto”, señaló la consejera Adriana Zavala.
El fiasco de la trama de Odebrecht también se replicó en la resolución sobre la llamada Operación Safiro, en la que se acusaba de desviar 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda a las campañas del PRI en 2016. El partido tricolor también quedó impune de este escándalo por el mismo argumento: la falta de elementos facilitados por las autoridades de procuración de justicia. Córdova exhortó a los partidos políticos a que impugnaran la resolución del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene la facultad de revertir las decisiones de los consejeros electorales, para que el Instituto pudiera retomar el caso y llegar al fondo del asunto. El riesgo, reconocido por los propios consejeros, es que los delitos prescriban. El caso de Odebrecht se remonta a más de una década, dos años antes de la última reforma constitucional que dio al antiguo Instituto Federal Electoral sus nuevas siglas.
Después de casi cuatro años de estira y afloja, las autoridades han dinamitado el supuesto acuerdo de colaboración que tenían con Lozoya, director de Petróleos Mexicanos durante el Gobierno de Peña Nieto. El que estaba llamado a ser el testigo estrella de la FGR se encuentra desde enero en el banquillo de los acusados por los delitos de cohecho, asociación delictiva y lavado de dinero. La Fiscalía pide 46 años de cárcel para el político priista.
Gilda Austin, la madre de Lozoya, se enfrenta a 21 años en prisión por asociación delictiva y uso de recursos ilícitos. Las autoridades estrecharon el cerco sobre varios familiares del acusado para presionarlo a que cooperase con la Fiscalía, según audios que se filtraron a los medios de comunicación entre el padre de Lozoya y el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Un juez decidió esta semana quitar la prisión domiciliaria contra Austin, de 75 años, por su avanzada edad. El tribunal impuso, en cambio, otras medidas cautelares: deberá portar un brazalete electrónico y no podrá salir del país ni de Ciudad de México.
Ante la falta de acuerdos sobre la designación de los cuatro nuevos consejeros, la Cámara de Diputados decidió nombrar a los sustitutos a través de un sorteo por primera vez en la historia. La nueva presidenta es Guadalupe Taddei, que encabezó el Instituto Electoral y el Insitituto de Transparencia en Sonora. También llegarán al consejo a partir de la próxima semana Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza.
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